El fondo financiará patrullaje, vigilancia, infraestructura, sistemas de ciberseguridad, drones, embarcaciones y equipamiento especializado en áreas estratégicas de la vía interoceánica.
El Gobierno de Panamá puso en marcha un fondo especial por B/.12,992 millones, equivalentes a unos US$12,9 millones, destinado a reforzar durante tres años la seguridad y vigilancia de áreas vinculadas al funcionamiento del Canal de Panamá. Los recursos serán aportados por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y administrados por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), bajo supervisión del Ministerio de Seguridad Pública.
El mecanismo fue formalizado mediante la Resolución N.º 230, fechada el 31 de agosto de 2026 y publicada el 14 de septiembre en la Gaceta Oficial. Su creación busca financiar las operaciones del Comando Conjunto para la Seguridad en las Áreas Específicas del Canal de Panamá, una estructura interinstitucional establecida para coordinar la protección de infraestructura considerada estratégica.
El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, precisó ante la Asamblea Nacional que el acuerdo con la ACP alcanza aproximadamente B/.12,992 millones para un periodo de tres años y cubrirá servicios de patrullaje, protección y vigilancia en zonas relacionadas con la operación y mantenimiento de la vía.
Drones, patrulleras, radares y sistemas de vigilancia
La resolución establece un amplio abanico de gastos que podrán financiarse mediante el fondo. Entre ellos figuran operaciones tácticas y estratégicas de vigilancia, logística, mantenimiento, tecnología, infraestructura de seguridad y equipamiento especializado.
En materia de movilidad y respuesta operativa, los recursos podrán destinarse a adquirir, renovar o modernizar vehículos terrestres 4x4, patrulleras marítimas, lanchas de intervención, ambulancias, vehículos de carga y otros equipos necesarios para el despliegue de las unidades de seguridad.
También se contempla la incorporación de drones y vehículos no tripulados terrestres, aéreos, marítimos y subacuáticos, además de cámaras de videovigilancia de alta definición, sensores térmicos e infrarrojos, radares, sistemas de lectura de matrículas y equipos destinados a centros de control.
A ello se suman radios criptográficos, repetidores, antenas, sistemas de telecomunicaciones de emergencia, escáneres de rayos X para equipaje y carga, detectores de metales, controles biométricos y software para análisis de video, geolocalización, bases de datos, control de acceso y ciberseguridad.
El fondo también podrá utilizarse para construir o reforzar cercos perimetrales, garitas de control, puestos de observación, barreras físicas, salas de crisis, armerías y otras instalaciones del comando conjunto, además del mantenimiento de muelles, helipuertos y sistemas eléctricos de respaldo.
Recursos provenientes de la Autoridad del Canal
El financiamiento procederá de aportes, desembolsos y compensaciones económicas realizadas por la ACP en el marco del acuerdo de servicios de vigilancia, seguridad y protección de áreas específicas del Canal.
La Dirección Nacional de Finanzas del Senan quedará a cargo de administrar, ejecutar y controlar los recursos, mientras que el Ministerio de Seguridad Pública ejercerá la supervisión directa.
La normativa establece además que los desembolsos estarán sujetos a mecanismos de control. Antes de ejecutar recursos deberá existir un informe previo de sustento aprobado por la ACP y validado por el Ministerio de Seguridad Pública. Las operaciones también estarán sometidas a normas de contabilidad gubernamental y a la fiscalización de la Contraloría General de la República.
Ábrego señaló ante los diputados que B/.5,2 millones ya se encontraban depositados en una cuenta de custodia, aunque esos recursos todavía no podían utilizarse mientras no estuviera refrendado el manual correspondiente para su administración.
Un comando conjunto para áreas estratégicas
El fondo está directamente relacionado con el Comando Conjunto para la Seguridad en las Áreas Específicas del Canal de Panamá, creado en julio de 2026 como mecanismo de coordinación entre los organismos responsables de la seguridad pública.
La estructura reúne a la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras y el Sistema Único de Manejo de Emergencias, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad Pública.
Su misión comprende siete áreas específicas relacionadas con el Canal y busca responder de manera coordinada a riesgos vinculados con la ciberseguridad, la protección ambiental, el crimen transnacional y las amenazas contra infraestructura crítica.
La protección del Canal tiene una dimensión que supera el ámbito nacional. La vía conecta los océanos Atlántico y Pacífico y constituye una infraestructura clave para el transporte marítimo internacional, por lo que una interrupción significativa puede afectar cadenas logísticas, rutas comerciales y tiempos de transporte de mercancías a escala global.
Confidencialidad y control de los recursos
Uno de los aspectos que generó debate en la Asamblea Nacional es el tratamiento de la información relacionada con el fondo.
La Resolución N.º 230 establece que la documentación, planes operativos y determinados registros asociados a la ejecución financiera y a las operaciones tendrán carácter reservado y confidencial por razones de seguridad nacional y protección de infraestructura crítica.
Al mismo tiempo, la normativa exige trazabilidad de los recursos, registros contables, informes periódicos, rendición de cuentas y fiscalización por parte de la Contraloría.
Ante las consultas parlamentarias, Ábrego sostuvo que el fondo no es secreto y recordó que su creación fue formalizada públicamente en la Gaceta Oficial. El ministro explicó que las disposiciones de reserva se relacionan con información sensible vinculada con la protección de la infraestructura canalera.
Mayor cooperación en seguridad del Canal
El reforzamiento ocurre además en un periodo de mayor atención internacional sobre la seguridad de la ruta. Panamá y Estados Unidos ampliaron en abril de 2025 su cooperación en áreas como entrenamiento conjunto, planificación, seguridad marítima, intercambio de información y ciberseguridad vinculada al Canal.
El Gobierno panameño mantiene que la administración y operación de la vía permanecen bajo soberanía de Panamá. El Tratado de Neutralidad, suscrito en 1977 junto con los Tratados Torrijos-Carter, establece que el Canal debe permanecer permanentemente neutral y disponible para el tránsito pacífico de embarcaciones de todas las naciones en condiciones de igualdad.
Con la entrada en operación del nuevo fondo, Panamá busca elevar las capacidades de vigilancia, prevención y respuesta en torno a una de las infraestructuras logísticas más relevantes del comercio mundial, al tiempo que deberá compatibilizar las exigencias de seguridad con los mecanismos de control y fiscalización establecidos para el uso de los recursos.
