Más de 100 organizaciones y 48 académicos demandaron el cierre definitivo del proyecto Loma Larga, bloqueado judicialmente desde 2022.
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Exigen el cierre definitivo de Loma Larga en Ecuador
El proyecto minero Loma Larga, ubicado en la provincia de Azuay en el sur de Ecuador, enfrenta una demanda pública por su cierre definitivo. Según un comunicado reciente, aproximadamente 100 organizaciones civiles, 48 académicos, líderes indígenas y activistas solicitaron a la empresa DPM Metals abandonar el proyecto, apelando al respeto a fallos judiciales y referendos locales que han frenado su avance. Este yacimiento, detenido por orden judicial desde 2022, perdió su licencia ambiental en octubre de 2025.
La suspensión del proyecto fue ratificada por una corte provincial en 2023 y confirmada finalmente por la Corte Constitucional en enero de 2024. Las comunidades indígenas y campesinas argumentan riesgos a la calidad del agua y la falta de consulta previa, libre e informada, una obligación fundamental reconocida por el marco legal ecuatoriano. Esta controversia ha posicionado a Loma Larga como un caso emblemático dentro del debate sobre los derechos de la naturaleza en Ecuador.
Impactos sociales y técnicos intensifican la oposición
La resistencia al proyecto también está respaldada por referendos municipales en Girón (2019) y Cuenca (2021), ambos declarados vinculantes y que prohíben el desarrollo minero en las zonas de páramo y humedales altoandinos, conocidas como Kimsakocha. Además, estudios recientes alertan sobre la presencia elevada de arsénico y el riesgo para las fuentes hídricas regionales debido a la conectividad hidráulica entre operaciones subterráneas y acuíferos, lo que incrementaría los daños en caso de fallos en infraestructura minera.
Organizadores sociales destacan, además, el fortalecimiento de la oposición durante las últimas décadas y denuncian presiones judiciales contra líderes comunitarios. En 2025 las movilizaciones masivas en Cuenca evidenciaron el alto nivel de rechazo social hacia el proyecto, lo que ha añadido un elemento de tensión adicional al conflicto en torno a Loma Larga.
DPM Metals defiende viabilidad del proyecto
Por su parte, DPM Metals ha rechazado las solicitudes de cierre, argumentando que sus operaciones se rigen bajo altos estándares ambientales y de transparencia. La empresa destacó que revisará el pronunciamiento público y explora actualmente “todas las vías legales” para proteger sus derechos sobre el activo.
Pese a la incertidumbre, recientemente DPM actualizó el estudio de factibilidad del proyecto Loma Larga. Este planea una mina subterránea operativa durante 11 años, con una producción anual promedio calculada en 155.000 onzas de oro, además de concentrados de plata y cobre. La inversión inicial se estima en US$ 593 millones, mientras que el valor presente neto (VPN) post-impuestos alcanza los US$ 488 millones, con una tasa interna de retorno (TIR) del 18,1% bajo un precio de oro de US$ 1.900 por onza.
Futuro incierto para Loma Larga
Con la revocación de su licencia ambiental y el proyecto detenido judicialmente, el futuro de Loma Larga sigue siendo incierto. Organizaciones demandan el retiro definitivo de DPM Metals como única solución para resolver el conflicto, mientras la empresa busca demostrar viabilidad ambiental y renovar permisos en un entorno de fuerte rechazo social.
