La operación cuprífera transfirió ese monto entre 2005 y 2025. Solo durante 2026, Arequipa ha recibido S/1.488 millones vinculados a la actividad minera, reforzando la discusión sobre la capacidad regional para transformar esos ingresos en infraestructura y servicios públicos.
La operación de Cerro Verde, en Arequipa, acumuló aproximadamente US$9.045 millones en pagos al Estado peruano entre 2005 y 2025, una cifra que vuelve a situar en primer plano el peso fiscal de la gran minería y, al mismo tiempo, la capacidad de los gobiernos regionales y locales para convertir los recursos generados por el sector en infraestructura, servicios y desarrollo territorial.
Las cifras fueron expuestas por Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Cerro Verde, durante el encuentro “El futuro de la minería y el cobre en el Perú: potencial de la macrorregión sur”, realizado en el marco de un Jueves Minero Descentralizado en Perú.
El dato adquiere especial relevancia en Arequipa. Durante 2026, la región ha recibido S/1.488 millones en transferencias asociadas a la actividad minera, reflejando el volumen de recursos fiscales que puede movilizar una región donde opera una de las principales faenas de cobre del país.
La discusión planteada desde la industria apunta ahora a una segunda dimensión: no solo cuánto recauda el Estado producto de la minería, sino cuánto de esos recursos termina convertido efectivamente en obras capaces de cerrar brechas territoriales.
US$9.045 millones en dos décadas
El monto acumulado por Cerro Verde entre 2005 y 2025 permite dimensionar la relación entre producción minera, recaudación fiscal y financiamiento regional.
La operación constituye uno de los principales activos cupríferos de Perú y tiene un peso relevante dentro de la economía de Arequipa. Su actividad genera impuestos y otros aportes que posteriormente alimentan distintos mecanismos de distribución de recursos hacia los niveles subnacionales.
La magnitud de esas transferencias ha convertido al canon y las regalías en componentes relevantes para financiar inversión pública en las zonas productoras. En determinadas municipalidades mineras, estos ingresos representan una fracción significativa de los recursos disponibles para desarrollar proyectos.
Ese modelo, sin embargo, depende de una variable que está fuera de la operación minera: la capacidad institucional para diseñar, aprobar y ejecutar inversiones públicas de manera eficiente.
La disponibilidad presupuestaria por sí sola no garantiza la construcción de carreteras, sistemas de agua potable, establecimientos educacionales, centros de salud o infraestructura productiva. Para conseguirlo se requieren proyectos técnicamente preparados, continuidad administrativa y capacidad de ejecución.
Arequipa recibe S/1.488 millones durante 2026
La cifra correspondiente a Arequipa durante este año refuerza la escala económica del sector extractivo en la región.
Los S/1.488 millones recibidos en transferencias mineras durante 2026 representan recursos que pueden contribuir a financiar infraestructura y servicios, especialmente en territorios donde existen brechas de conectividad, saneamiento, salud y equipamiento público.
El debate adquiere una dimensión mayor porque las transferencias mineras no constituyen un fenómeno puntual.
La expansión de Cerro Verde modificó sustancialmente la capacidad productiva de la operación y también incrementó el flujo de recursos asociado a la actividad minera hacia Arequipa. En años anteriores, el crecimiento de la producción y los ciclos favorables del precio de los metales ya habían generado aumentos relevantes en los montos distribuidos.
El desafío está en sincronizar ese flujo de ingresos —que puede variar dependiendo de producción, precios, utilidades y condiciones del mercado— con una cartera de inversión pública preparada para utilizar los recursos.
Para la industria, esa relación resulta estratégica. Cuando una región minera recibe transferencias elevadas pero mantiene déficits visibles de infraestructura, aumenta la distancia entre el aporte económico generado por la actividad extractiva y la percepción de beneficios concretos entre las comunidades.
Infraestructura y continuidad de las inversiones
Agua y saneamiento, educación, salud, carreteras e infraestructura destinada a actividades productivas aparecen entre las áreas donde existe espacio para canalizar estos recursos.
Uno de los problemas identificados es la discontinuidad de los proyectos cuando cambian las administraciones municipales o regionales. Las modificaciones de prioridades pueden retrasar inversiones, obligar a reformular iniciativas o dejar proyectos sin continuidad pese a disponer de financiamiento.
En ese contexto, cobra relevancia la planificación territorial de largo plazo, especialmente en regiones con una elevada presencia minera.
Una cartera plurianual de proyectos puede permitir que los ingresos provenientes del sector se conviertan con mayor rapidez en activos públicos, reduciendo la dependencia de decisiones asociadas a cada ciclo político local.
Cerro Verde también ha utilizado mecanismos complementarios para desarrollar infraestructura. En su reporte de sostenibilidad correspondiente a 2024, la operación registró siete convenios por más de US$50 millones mediante Obras por Impuestos desde 2023 hasta la elaboración de ese documento.
Este mecanismo permite que empresas privadas adelanten la ejecución de proyectos públicos y posteriormente recuperen la inversión con cargo a obligaciones tributarias, ofreciendo una alternativa para acelerar determinadas obras.
Exploración entra nuevamente en la discusión
La generación futura de recursos fiscales mineros también depende de que Perú consiga sostener y renovar su producción.
En ese punto, la exploración aparece como una pieza crítica.
“Sin exploración no hay producción”, sostuvo Torreblanca durante el encuentro, sintetizando uno de los principales desafíos que enfrenta la minería peruana.
El país dispone de una amplia base geológica y una cartera de prospectos y proyectos, pero transformar ese potencial en nuevas minas requiere campañas de exploración, capital de riesgo, permisos y posteriormente inversiones de desarrollo que pueden extenderse durante varios años.
La discusión regulatoria se concentra así en cómo agilizar la exploración y los procesos administrativos manteniendo las exigencias ambientales y de seguridad.
Para Perú, esta etapa resulta especialmente relevante porque los ingresos fiscales observados actualmente provienen de operaciones que fueron descubiertas, evaluadas, construidas y ampliadas mediante decisiones de inversión adoptadas años o incluso décadas atrás.
Sin una reposición suficiente de proyectos, la capacidad de mantener producción, exportaciones y transferencias fiscales puede debilitarse a largo plazo.
El desafío del sur minero peruano
Arequipa forma parte de una macrorregión que concentra algunas de las principales operaciones cupríferas de Perú. Esa presencia minera convierte al sur del país en un territorio estratégico tanto para la producción de cobre como para futuras inversiones.
El vínculo entre minería y desarrollo regional, sin embargo, dependerá cada vez más de dos procesos que avanzan por carriles distintos.
Por una parte, la industria necesita explorar, extender la vida útil de las operaciones existentes y desarrollar nuevos depósitos para mantener la producción. Por otra, el Estado y los gobiernos subnacionales necesitan elevar su capacidad para transformar la recaudación derivada de esa producción en proyectos visibles para la población.
Los US$9.045 millones aportados por Cerro Verde durante dos décadas muestran la escala de recursos que puede movilizar una gran operación minera. El desafío para Perú es que esa capacidad económica tenga una expresión territorial proporcional, mientras mantiene condiciones que permitan que nuevas inversiones mineras continúen alimentando producción, empleo, exportaciones y recaudación durante las próximas décadas.
