Por Cristian Recabarren Ortiz | Ingeniero en Minas – REDIMIN
Chile es una de las principales potencias mineras del mundo. Sus operaciones movilizan miles de millones de toneladas de material, emplean tecnologías de creciente complejidad y concentran inversiones que se proyectan sobre los US$100.000 millones para la próxima década.
Sin embargo, existe una dimensión del desarrollo minero que merece una evaluación igualmente rigurosa: la capacidad del Estado para supervisar técnicamente las condiciones bajo las cuales opera esta industria.
El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) tiene responsabilidades fundamentales en seguridad minera, aprobación de proyectos, depósitos de relaves, cierre de faenas y generación de conocimiento geológico. A ellas se suman funciones de monitoreo de amenazas volcánicas y geológicas que también requieren personal especializado, tecnología e infraestructura.
La magnitud de estas responsabilidades contrasta con los recursos destinados específicamente a fiscalización.
¿Puede un organismo con recursos humanos y financieros limitados mantener una supervisión efectiva sobre una industria que opera desde pequeños yacimientos artesanales hasta complejos mineros de escala mundial?
Los antecedentes disponibles muestran brechas que deberían preocupar tanto al Estado como a las compañías mineras.
Contraloría identificó más de 7.000 faenas sin fiscalización durante períodos prolongados
El antecedente más revelador proviene del Consolidado de Información Circularizada N.º 18 de 2025 de la Contraloría General de la República, que examinó la actividad fiscalizadora de Sernageomin durante el período 2022-2024.
El informe determinó que el servicio registró 43.595 fiscalizaciones durante esos tres años. Sin embargo, la cobertura promedio nacional alcanzó solamente el 20% de las faenas incluidas en el universo analizado.
Más preocupante todavía fue la evolución anual:
- 2022: cobertura de 25%.
- 2023: cobertura de 21%.
- 2024: cobertura de 14%.
El organismo contralor identificó 7.150 faenas mineras que permanecieron sin fiscalización durante más de dos años, considerando los antecedentes del período examinado.
Estas cifras no deben interpretarse como un catastro actualizado de faenas sin inspección en octubre de 2026. Corresponden a una evaluación histórica cuyo universo incluye instalaciones en diferentes estados de actividad, no exclusivamente minas que estaban produciendo.
Sin embargo, constituyen una evidencia concreta de dificultades estructurales en la cobertura territorial.
Contraloría también advirtió que la distribución de inspectores no guardaba una relación suficientemente eficiente con la concentración regional de las faenas.
Los mayores números de operaciones sin fiscalización prolongada se identificaron en Atacama, con 2.863, y Coquimbo, con 1.863. En conjunto representaban aproximadamente el 66% del total nacional observado.
La concentración territorial es especialmente relevante porque estas regiones presentan una importante actividad de pequeña y mediana minería, con operaciones dispersas geográficamente y condiciones técnicas heterogéneas.
El problema no es simplemente cuántas inspecciones realiza Sernageomin. Es cuántas faenas consigue supervisar, con qué frecuencia, qué riesgos detecta y si las observaciones finalmente son corregidas.
¿Cuánto dinero tiene realmente Sernageomin para seguridad minera?
La Ley de Presupuestos 2026 permite dimensionar los recursos disponibles.
El Programa de Seguridad Minera de Sernageomin cuenta con una asignación inicial de $6.769,5 millones, distribuida principalmente en tres componentes:
- $6.319,3 millones para gastos en personal.
- $202,8 millones para bienes y servicios de consumo.
- $247,4 millones para adquisición de vehículos.
Esto significa que aproximadamente el 93,3% del presupuesto del programa está concentrado en gastos de personal.
La cifra de $6.769,5 millones corresponde específicamente al Programa de Seguridad Minera, no al presupuesto institucional completo de Sernageomin, que incluye otros programas de administración, geología y vigilancia volcánica.
Esta distinción es importante porque no todas las actividades ni todos los funcionarios del servicio están destinados a fiscalizar faenas.
La elevada participación del gasto en personal tampoco demuestra, por sí sola, una asignación ineficiente. La fiscalización minera requiere profesionales altamente especializados y constituye una actividad intensiva en conocimiento técnico.
Pero la distribución presupuestaria abre una pregunta operacional: ¿cuánto financiamiento efectivo está disponible para que esos profesionales puedan desplazarse a terreno, realizar inspecciones especializadas, disponer de instrumentos y verificar el cumplimiento de sus observaciones?
En la práctica, una fiscalización puede requerir vehículos adecuados, alojamiento, viáticos, equipos de medición, comunicación, documentación técnica y varias jornadas de trabajo.
A ello se suman las condiciones geográficas particulares de Chile, donde las faenas pueden encontrarse a grandes distancias de las capitales regionales, en sectores cordilleranos o en zonas de difícil acceso.
Por lo tanto, aumentar la dotación sin asegurar capacidad logística y tecnológica no necesariamente se traducirá en una mejora proporcional de la cobertura.
El problema de los fiscalizadores: dotación, especialización y distribución territorial
El informe de Contraloría identificó 105 fiscalizadores asociados a la actividad examinada entre 2022 y 2024.
También detectó diferencias considerables en la distribución de funciones. Algunos profesionales registraron más de 2.000 fiscalizaciones durante los tres años, mientras otros no alcanzaron el centenar.
Esta comparación requiere considerar que las funciones, complejidades y condiciones de trabajo pueden variar entre profesionales. No obstante, Contraloría concluyó que existían ineficiencias en la asignación territorial.
Para 2026, el Programa de Seguridad Minera tiene una dotación máxima autorizada de 148 cargos.
La información presupuestaria disponible al 30 de junio de 2025 registraba 127 funcionarios efectivos en ese programa. Esta cifra comprende personal profesional y administrativo, por lo que no equivale al número de inspectores disponibles para visitas a terreno.
El proyecto presupuestario 2026 contempló, además, recursos para contratar diez nuevos fiscalizadores. Sin embargo, una contratación prevista presupuestariamente no debe confundirse con una incorporación efectivamente materializada.
Desde la ingeniería de operaciones, el desafío no consiste únicamente en disponer de un mayor número de profesionales.
Una fiscalización de estabilidad geotécnica en minería subterránea no requiere necesariamente las mismas competencias que la revisión de un depósito de relaves, una operación artesanal o un sistema de transporte minero.
La supervisión moderna necesita equipos capaces de evaluar riesgos específicos, respaldados por especialistas y herramientas adecuadas.
Además, la distribución de recursos debería responder a variables como número de faenas, complejidad de sus instalaciones, historial de incumplimientos, criticidad de sus riesgos y distancia territorial.
No debería asignarse la misma capacidad de fiscalización a dos regiones que presentan cargas de trabajo y perfiles de riesgo completamente diferentes.
La gran minería presenta una cobertura muy distinta a la pequeña minería
Este es uno de los aspectos más importantes del diagnóstico.
Los indicadores oficiales de desempeño asociados a la Ley de Presupuestos 2026 muestran diferencias significativas entre los segmentos mineros.
Para 2024, Sernageomin informó una cobertura de fiscalización integrada de 94,93% de las faenas operativas de mediana y gran minería, mientras que la cobertura de pequeña minería y minería artesanal alcanzó 21,91%.
Las metas estimadas para 2026 son:
- 97,22% de cobertura en mediana y gran minería operativa.
- 23,45% de cobertura en pequeña minería y minería artesanal operativa.
Estos indicadores utilizan definiciones y universos distintos de los empleados en el análisis de Contraloría. Por eso, no corresponde comparar directamente el 14% de cobertura nacional registrado para 2024 con la cobertura específica de las grandes operaciones.
La diferencia revela un problema de fondo.
Mientras la gran y mediana minería cuenta con una cobertura programada cercana a la totalidad de sus faenas operativas, la pequeña minería continúa mostrando una supervisión considerablemente más reducida.
Esto no significa necesariamente que la fiscalización esté mal priorizada. La gran minería concentra instalaciones complejas y riesgos de consecuencias potencialmente graves, por lo que requiere una supervisión rigurosa.
Pero tampoco puede asumirse que la menor escala de una operación implica automáticamente menor riesgo para sus trabajadores.
En determinadas faenas artesanales o de pequeña minería, las limitaciones de capital, ingeniería, equipamiento y soporte técnico pueden aumentar la exposición a condiciones peligrosas.
El desafío, entonces, es desarrollar un sistema capaz de mantener una supervisión exigente sobre las grandes operaciones sin dejar desatendida una parte relevante de la minería de menor escala.
La fiscalización debe medirse por riesgos corregidos, no solamente por visitas realizadas
Existe una diferencia importante entre cumplir un programa de fiscalización y conseguir una reducción efectiva de los riesgos operacionales.
Una inspección puede identificar deficiencias de sostenimiento, condiciones inadecuadas de ventilación, fallas de mantenimiento, problemas en vías de transporte o incumplimientos de procedimientos críticos.
Pero el verdadero resultado depende de lo que ocurre después.
¿La empresa corrigió el hallazgo? ¿La medida implementada eliminó o controló efectivamente el riesgo? ¿Se verificó su cumplimiento? ¿El problema volvió a presentarse?
Estas preguntas deberían ocupar un lugar central en la evaluación del desempeño institucional.
Una estrategia basada exclusivamente en aumentar el número de inspecciones podría generar mejores estadísticas administrativas sin garantizar una mejora equivalente en seguridad.
Sernageomin necesita medir no solamente su cobertura, sino también:
- Proporción de hallazgos críticos corregidos dentro del plazo establecido.
- Tiempo transcurrido entre la identificación de un riesgo y su control efectivo.
- Reincidencia de incumplimientos por empresa y faena.
- Cobertura de inspecciones en instalaciones de alto riesgo.
- Tiempo de respuesta ante denuncias y emergencias.
- Fiscalizaciones efectivas por profesional y región, ajustadas según complejidad.
- Seguimiento de medidas derivadas de accidentes graves y fatales.
Estos indicadores permitirían distinguir entre una institución que realiza controles y otra que consigue resultados preventivos verificables.
La tecnología podría ampliar la capacidad fiscalizadora
Chile cuenta con una industria minera que incorpora sistemas autónomos, monitoreo geotécnico, sensores, comunicaciones industriales y análisis de datos en tiempo real.
Parte de estas capacidades podría contribuir también a modernizar la supervisión pública.
No se trata de reemplazar la inspección presencial, particularmente cuando deben verificarse condiciones físicas, procedimientos operacionales o riesgos que requieren observación directa.
Se trata de utilizar tecnología para mejorar la planificación, aumentar la información disponible y orientar los recursos humanos hacia las situaciones más críticas.
Una plataforma integrada de fiscalización podría incorporar antecedentes de instalaciones, accidentes, denuncias, observaciones pendientes, cambios operacionales y niveles de riesgo por faena.
Con esta información, Sernageomin podría fortalecer la programación de inspecciones mediante criterios objetivos y transparentes.
También sería posible utilizar herramientas de análisis geoespacial para optimizar recorridos territoriales, sistemas digitales para seguimiento de hallazgos y mecanismos de intercambio de información técnica que permitan identificar tempranamente situaciones de mayor criticidad.
En instalaciones relevantes, como depósitos de relaves, determinados datos de monitoreo podrían complementar la fiscalización tradicional, siempre que existan condiciones de confiabilidad, validación y seguridad de la información.
Estas alternativas requieren inversión, competencias técnicas y una arquitectura institucional adecuada. La digitalización no debería convertirse en una simple acumulación de plataformas administrativas.
El objetivo debe ser que cada fiscalizador disponga de mejor información antes de visitar una faena y pueda verificar más eficazmente lo que ocurre después de su inspección.
Los accidentes recientes vuelven urgente revisar el sistema
La discusión adquiere especial relevancia frente a los accidentes fatales registrados durante octubre de 2026.
La sucesión de emergencias llevó al Ministerio de Minería a convocar una Mesa por la Seguridad Minera para el 16 de octubre, con participación de representantes de trabajadores, empresas, autoridades y Sernageomin.
La convocatoria refleja la necesidad de revisar las medidas preventivas y fortalecer la aplicación de las normas existentes.
Sin embargo, sería técnicamente incorrecto atribuir estos accidentes a una insuficiencia presupuestaria o fiscalizadora sin conocer los resultados de las investigaciones correspondientes.
La ocurrencia de un accidente puede involucrar múltiples factores, desde condiciones geotécnicas hasta decisiones operacionales, fallas de control, gestión de contratistas y deficiencias de los sistemas preventivos.
Las compañías mineras mantienen la responsabilidad directa de gestionar los riesgos de sus operaciones. La fiscalización estatal constituye una función de supervisión y control, no un reemplazo de las obligaciones empresariales.
Precisamente por ello, cualquier evaluación seria debe examinar ambas dimensiones: la calidad de los sistemas de gestión de las compañías y la capacidad del organismo público para verificar que los controles exigidos sean realmente efectivos.
¿Necesita Chile aumentar el presupuesto de Sernageomin?
Los antecedentes muestran una brecha histórica de cobertura, especialmente en la pequeña minería, y problemas documentados de distribución territorial.
Sin embargo, no permiten calcular directamente cuánto dinero adicional necesita Sernageomin para resolverlos.
Una asignación presupuestaria mayor podría fortalecer su capacidad fiscalizadora, pero su efectividad dependerá de cómo se distribuyan los recursos y de qué resultados se exijan.
Desde una perspectiva de gestión, considero que antes de definir un incremento presupuestario debería desarrollarse un estudio nacional de capacidad fiscalizadora.
Ese diagnóstico tendría que establecer el universo actualizado de faenas por categoría, la cantidad y complejidad de sus instalaciones, los riesgos que requieren supervisión presencial y la frecuencia de inspección técnicamente justificada.
También debería cuantificar las horas profesionales disponibles, los tiempos de traslado, las capacidades regionales y el trabajo administrativo necesario para tramitar y verificar los hallazgos.
Sobre esa base sería posible determinar una dotación objetivo, identificar brechas logísticas y establecer un presupuesto plurianual asociado a metas verificables.
La solución probablemente requerirá una combinación de mayor capacidad profesional en determinadas regiones, reorganización territorial, fortalecimiento logístico, especialización y sistemas digitales.
No necesariamente será eficiente replicar una misma estructura administrativa en todo el territorio.
Tampoco parece razonable pretender inspeccionar físicamente todas las instalaciones con idéntica frecuencia, sin considerar sus niveles de riesgo.
Lo que sí debería garantizarse es que ninguna operación de alta criticidad quede sistemáticamente fuera del alcance fiscalizador y que exista un mecanismo verificable para atender las instalaciones de menor escala.
Chile necesita una fiscalización proporcional a la importancia de su minería
La minería chilena continuará desarrollando proyectos de mayor profundidad, instalaciones de procesamiento complejas, depósitos de relaves y sistemas industriales cada vez más automatizados.
Esta transformación incrementará las exigencias técnicas sobre las compañías, pero también sobre el Estado.
Un país que aspira a desarrollar proyectos mineros por más de US$100.000 millones durante la próxima década necesita asegurar que sus capacidades institucionales evolucionen conjuntamente con su industria.
Los datos de Contraloría permiten afirmar que el sistema de fiscalización presentó brechas importantes durante el período examinado. Las metas presupuestarias para 2026, por su parte, muestran que persiste una diferencia considerable entre la cobertura prevista para grandes operaciones y la pequeña minería.
Por lo tanto, no existen antecedentes suficientes para sostener que Sernageomin dispone actualmente de capacidad para supervisar de manera exhaustiva y homogénea toda la actividad minera nacional.
Eso no significa que la solución sea exigir inspecciones idénticas a todas las faenas ni desconocer los avances institucionales. Significa que Chile debe definir qué nivel de cobertura necesita, dónde están sus mayores riesgos y qué recursos se requieren para abordarlos.
La recomendación es establecer un programa plurianual de fortalecimiento de la fiscalización minera, basado en una auditoría de capacidades regionales, un sistema nacional de priorización de riesgos y resultados públicos sobre corrección efectiva de incumplimientos.
Antes de discutir únicamente cuántos fiscalizadores adicionales necesita Sernageomin, debemos determinar cuántos son necesarios, dónde deben estar, qué competencias requieren y qué riesgos deben controlar.
Chile no puede aspirar a tener una minería de clase mundial sin exigir también una capacidad de fiscalización pública de clase mundial. La seguridad de los trabajadores y la continuidad de nuestra principal industria requieren que ambas evolucionen al mismo nivel.
