El retorno económico de carreras en Chile quedó bajo la lupa tras la publicación del informe final de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sobre educación superior: el organismo concluyó que 35% de los programas de pregrado hoy ofrecidos tendría retorno económico negativo, es decir, que la remuneración esperada no compensaría los costos del estudio.
La FNE además advirtió que la matrícula en este segmento ha ido subiendo y llegó a cerca de 40% de los estudiantes en 2023, reactivando el debate sobre información disponible para postular, calidad percibida y regulaciones del sistema.
Qué midió la FNE y por qué pone presión al sistema
El estudio analizó el funcionamiento competitivo de la educación superior de pregrado en el período 2007–2023 e incluyó a 126 instituciones (universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica). El diagnóstico apunta a tres frentes:
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Decisiones de los estudiantes sin información completa o comparable sobre variables relevantes.
Fallas en la divulgación y en cómo esa información llega efectivamente a los postulantes.
Barreras regulatorias que, según la FNE, dificultan el proceso competitivo y la movilidad.
El foco del problema: técnico-profesional con mayor exposición
La FNE reportó que los retornos negativos no se distribuyen por igual entre subsistemas. El mayor nivel de exposición aparece en el segmento técnico-profesional:
En educación técnico-profesional, el fenómeno alcanzaría a 50% de los estudiantes.
En el sector universitario, la cifra se ubicaría en 22%.
Este punto es clave para la discusión pública, porque el técnico-profesional concentra decisiones de alto impacto económico para familias que suelen financiar parte relevante del proceso con recursos propios, beneficios o crédito.
Señales de desalineación con el mercado laboral
Más allá del retorno monetario, el informe identifica síntomas de desacople entre estudios y ocupaciones:
2 de cada 5 personas declara que su trabajo se relaciona “parcialmente” o “poco o nada” con sus estudios.
1 de cada 2 afirma estar sobrecalificada.
El documento también sostiene que las instituciones que cobran más en relación con sus costos no necesariamente entregan mejores servicios educacionales, según las métricas revisadas por el estudio.
Las cinco líneas de recomendaciones que propone la FNE
El informe final agrupa sus propuestas en cinco paquetes, orientados a mejorar la calidad y uso de información, e introducir incentivos y ajustes normativos:
Perfeccionar herramientas informativas existentes: plataforma digital centralizada e interactiva y un hito informativo obligatorio en la admisión.
Producir nueva información sobre atributos de los programas: reforzar transparencia vía acreditación y mejorar la comparabilidad del “valor económico agregado”.
Asegurar que la información llegue y sea ponderada: fortalecimiento de orientación vocacional, capacitación para uso de herramientas y un sistema más personalizado apoyado en datos y tecnología.
Incentivos regulatorios para reforzar la información: seguimiento de egresados con mecanismos que empujen mejoras en variables clave.
Mitigar barreras regulatorias: ajustes para comparabilidad de oferta, modernización de normativa de duración de programas y medidas para facilitar movilidad estudiantil, entre otras.
Como referencia de impacto, la FNE estimó que si estas medidas redujeran en 10% la deserción y en 10% la elección de carreras con retorno negativo, los beneficios para familias y Estado —a valor presente— ascenderían a US$ 852 millones por año, equivalente a 13% de los ingresos anuales del sistema.
Qué revisar antes de matricularse: costo, duración real e ingresos esperados
En un escenario donde la FNE cuestiona la falta de comparabilidad, la verificación previa pasa a ser parte del “costo oculto” de postular. Para acotar riesgos, el propio sistema público ya dispone de herramientas que permiten contrastar datos:
Ingresos y empleabilidad por carrera e institución en el portal MiFuturo del Mineduc.
Aranceles, matrícula y costo total: contrastar diferencias entre instituciones y sedes, además de duración real versus duración formal.
Financiamiento y calendario: revisar condiciones y plazos de postulación, especialmente cuando se depende de beneficios estatales como los que se gestionan vía FUAS.
