Los riesgos mineros en América Latina han generado un impacto económico acumulado de US$54.000 millones desde 2018, de acuerdo con un nuevo cálculo de Americas Market Intelligence (AMI). La estimación incorpora cierres de minas, paralizaciones de proyectos, minería ilegal, actividad criminal, conflictos comunitarios y retrocesos regulatorios que han afectado inversiones y operaciones en la región.
La cifra no corresponde a pérdidas registradas en un solo año ni a una estimación de la inversión necesaria para nuevos proyectos. Según el balance difundido por Americas Market Intelligence, US$38.000 millones corresponden a pérdidas documentadas, mientras otros US$16.000 millones representan capital congelado o iniciativas detenidas desde 2018.
US$38.000 millones perdidos y US$16.000 millones inmovilizados
AMI agrupa estos factores bajo el concepto de riesgos “sobre la superficie”, es decir, amenazas que no dependen directamente de la calidad geológica de un depósito o de la tecnología utilizada para explotarlo.
Entre ellos se encuentran la oposición comunitaria, la interferencia política, la inestabilidad legal y regulatoria, los problemas de seguridad, la minería ilegal y las dificultades para mantener la continuidad operacional.
El problema adquiere especial relevancia en una región que concentra algunos de los mayores recursos mundiales de cobre, litio, oro y plata, pero donde el desarrollo de una mina puede quedar condicionado durante años por factores externos al yacimiento. En abril, Iván Arriagada advirtió que los procesos para desarrollar proyectos mineros pueden extenderse hasta una década en América Latina, especialmente cuando existen superposiciones de autorizaciones y trámites sectoriales.
AMI utilizó como casos de estudio Las Bambas, en Perú; Cobre Panamá; y Buriticá y Quebradona, en Colombia. Los cuatro activos muestran riesgos de naturaleza distinta y permiten dimensionar cómo conflictos sociales, decisiones regulatorias o problemas de seguridad pueden traducirse en producción perdida, inversiones postergadas o capital inmovilizado.
Las Bambas y Cobre Panamá muestran el costo de las interrupciones
Las Bambas, una de las principales minas de cobre de Perú, ha enfrentado durante su historia reciente bloqueos de rutas, controversias territoriales y períodos de interrupción operacional. En 2022, la propia operación registró una paralización de 57 días tras la ocupación de terrenos vinculados al complejo minero.
La faena ha recuperado posteriormente sus niveles productivos y sigue siendo uno de los principales activos cupríferos peruanos, pero su trayectoria refleja cómo una operación técnicamente desarrollada puede quedar expuesta a factores sociales y logísticos capaces de interrumpir temporalmente la producción y el transporte de concentrados.
Cobre Panamá representa un caso de mayor escala. La mina permanece sin extracción desde 2023, luego de la crisis jurídica y política que terminó con el cierre de una operación que había llegado a transformarse en uno de los mayores productores de cobre de América Latina.
First Quantum ha cuantificado parte del impacto económico asociado a esa paralización. REDIMIN informó en mayo que la compañía estimó en US$3.500 millones las pérdidas acumuladas para Panamá tras dos años sin operación.
Durante 2026 el Gobierno panameño permitió procesar mineral previamente extraído y completó una auditoría integral de la faena, pero esas medidas no equivalen a una autorización para retomar la explotación normal. El futuro estructural del complejo continúa sujeto a decisiones legales, ambientales y políticas.
Minería ilegal y permisos también golpean proyectos en Colombia
En Colombia, AMI destacó el caso de Buriticá, mina subterránea de oro operada por Zijin-Continental Gold. La operación ha debido enfrentar durante años la presencia de minería ilegal en zonas próximas e incluso dentro de sectores relacionados con su infraestructura subterránea, junto con episodios de violencia y problemas de seguridad.
El caso muestra una dimensión distinta del riesgo minero: una empresa puede contar con títulos, permisos e infraestructura operativa y, aun así, enfrentar amenazas sobre trabajadores, instalaciones y continuidad productiva derivadas de economías ilegales presentes en el territorio.
Quebradona, proyecto de cobre y oro de AngloGold Ashanti en Antioquia, refleja en cambio el peso de la incertidumbre regulatoria. La autoridad ambiental colombiana archivó en 2021 su solicitud de licencia ambiental y, posteriormente, el escenario se volvió más complejo.
En junio de 2025, Colombia estableció una zona temporal de reserva de recursos naturales que comprende el área donde se emplaza el proyecto. De acuerdo con la información actualizada de AngloGold Ashanti sobre Quebradona, la medida restringe durante tres años —prorrogables por otros dos— la entrega de nuevos permisos o licencias ambientales en el área. La compañía registró además un deterioro por US$98 millones asociado a costos de exploración y evaluación del proyecto.
Por qué el cálculo de AMI también importa para Chile
Aunque los cuatro ejemplos utilizados por AMI corresponden a Perú, Panamá y Colombia, el diagnóstico resulta relevante para Chile por el volumen de capital que deberá materializarse durante la próxima década.
La cartera de proyectos mineros de Chile para 2025-2034 alcanza US$104.549 millones, según Cochilco. El cobre concentra el 89,8% de ese monto y una proporción importante de las iniciativas todavía debe avanzar en ingeniería, permisos e infraestructura antes de convertirse en producción efectiva.
El desafío no se limita a la evaluación ambiental. El crecimiento de la minería también requiere disponibilidad de energía, transmisión eléctrica, agua, logística y autorizaciones sectoriales. REDIMIN ya ha reportado que las restricciones de transmisión y los extensos procesos de permisos aparecen entre los factores que pueden condicionar nuevas inversiones mineras en Chile.
Para una industria intensiva en capital y con proyectos cuya construcción puede demandar miles de millones de dólares, los retrasos tienen consecuencias financieras incluso antes del inicio de una operación. El capital comprometido queda inmovilizado, suben los costos de desarrollo y una decisión de inversión puede postergarse mientras cambian las condiciones de mercado.
El riesgo previo a la construcción gana peso en las decisiones de inversión
AMI plantea que la gestión de estos riesgos debe comenzar antes de comprometer grandes montos de capital. Entre las herramientas destacadas por la consultora figuran el mapeo de actores relevantes, el análisis de escenarios y una evaluación de la exposición a riesgos a nivel de los directorios.
La conclusión que deja el cálculo de US$54.000 millones es que la geología ya no basta para determinar la viabilidad económica de un proyecto minero en América Latina. Permisos, comunidades, seguridad, estabilidad regulatoria y capacidad institucional pueden definir cuánto capital termina convirtiéndose efectivamente en una mina operativa y cuánto permanece detenido o termina convertido en pérdida.
