La organización gremial planteó que una eventual reanudación debe ajustarse al marco constitucional, incorporar las correcciones derivadas de la auditoría ambiental y recuperar empleos. La mina permanece sin extracción desde 2023, aunque este año recibió autorización para procesar mineral acumulado previamente.
La Cámara Minera de Panamá (Camipa) pidió este 28 de septiembre al Gobierno del presidente José Raúl Mulino avanzar hacia una reanudación ordenada de las operaciones de Cobre Panamá, el complejo minero ubicado en Donoso, provincia de Colón, cuya producción permanece suspendida desde fines de 2023. La solicitud se produce mientras el Ejecutivo analiza el futuro de uno de los mayores proyectos de cobre de América Latina y prepara una recomendación basada en antecedentes legales, económicos y en una auditoría integral concluida durante 2026.
Camipa sostuvo que mantener indefinida la situación genera costos para trabajadores, comunidades, proveedores y para el manejo ambiental de las instalaciones. El gremio propuso que cualquier eventual reapertura se realice dentro del marco constitucional y legal vigente, con obligaciones verificables para el operador y mecanismos de supervisión independientes por parte del Estado.
“Camipa recomienda avanzar hacia la reanudación ordenada de las operaciones de Cobre Panamá, mediante una solución plenamente compatible con el marco constitucional y legal vigente”, señaló la organización en el comunicado difundido este domingo. También pidió que los hallazgos de la auditoría realizada al proyecto se traduzcan en medidas correctivas, plazos e indicadores públicos de cumplimiento.
El Gobierno todavía no ha decidido una reapertura
La solicitud del sector minero no implica que la mina haya recibido autorización para reiniciar la extracción. El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, afirmó el 8 de septiembre que el Gobierno todavía no había adoptado una decisión definitiva y que el análisis debía respetar tanto el fallo de la Corte Suprema de Justicia como la legislación vigente y la moratoria minera.
El Ejecutivo mantiene un equipo interinstitucional encabezado por los ministerios de Comercio e Industrias, Ambiente y Economía y Finanzas. Esa instancia debe evaluar los antecedentes y formular una recomendación al presidente Mulino respecto del futuro de Cobre Panamá.
La situación jurídica del proyecto cambió en noviembre de 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró por unanimidad inconstitucional la Ley 406, norma que aprobaba el contrato de concesión entre el Estado panameño y Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals. Tras esa sentencia, la producción quedó paralizada y las instalaciones pasaron a un régimen de preservación y gestión segura.
El fallo se refirió específicamente a la Ley 406 y al contrato aprobado mediante esa norma. En agosto de 2026, el magistrado Olmedo Arrocha señaló públicamente que la sentencia no estableció que toda actividad minera en Panamá fuera, por sí misma, inconstitucional, una distinción que forma parte del debate jurídico sobre las opciones disponibles para el Ejecutivo.
Auditoría detectó cumplimiento mayoritario, pero también áreas que requieren correcciones
Uno de los antecedentes centrales para la decisión gubernamental es la auditoría integral encargada por el Ministerio de Ambiente a SGS Panama Control Services. El informe final fue entregado el 19 de junio y comprendió 15 tomos, además de anexos técnicos destinados a evaluar aspectos ambientales, legales, fiscales y operacionales del proyecto.
La revisión incluyó los 370 compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, además de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental. El Ministerio de Ambiente informó que la auditoría constató cumplimiento en la mayor parte de los compromisos revisados y fortalezas en determinados procesos operativos, pero también identificó observaciones relacionadas con materias administrativas, biodiversidad, restauración ecológica y coordinación del monitoreo ambiental.
Durante las etapas previas del proceso también se detectó material mineralizado expuesto a condiciones climáticas con riesgo potencial de generar drenaje ácido de roca. Esa situación llevó a recomendar el retiro y procesamiento de parte del material como medida de gestión ambiental.
Camipa plantea ahora que esos resultados deben convertirse en un programa público de acciones correctivas que permita verificar el cumplimiento del operador si finalmente el Gobierno opta por establecer una fórmula para retomar la producción.
Procesar mineral almacenado no equivale a reabrir la mina
Aunque la extracción sigue detenida, las instalaciones han registrado actividad durante 2026. El 7 de abril, el Gobierno panameño autorizó la retirada, procesamiento y exportación de mineral que había sido extraído y almacenado antes de la suspensión de las operaciones.
First Quantum ha insistido en que ese programa no constituye una reapertura de Cobre Panamá, porque no contempla nuevas perforaciones, tronaduras ni extracción de mineral. La compañía estimó que el acopio disponible alcanza aproximadamente 38 millones de toneladas de mineral con distintas leyes, que contendrían cerca de 70.000 toneladas de cobre recuperable.
La autorización permitió además incrementar temporalmente la dotación para las labores asociadas al procesamiento. First Quantum informó durante el primer trimestre que proyectaba contratar alrededor de 1.000 trabajadores adicionales para llevar la fuerza laboral vinculada a estas actividades a unas 3.000 personas.
El impacto económico también pesa en la discusión
El debate sobre Cobre Panamá tiene una dimensión económica relevante. Antes de la paralización, First Quantum atribuía al complejo una contribución equivalente a alrededor del 5% del PIB panameño en 2023 y hasta un 1,5% de la producción mundial de cobre de ese año. Estas cifras corresponden a estimaciones de la propia empresa.
Más recientemente, el Consejo Nacional de la Empresa Privada de Panamá entregó a la comisión gubernamental un estudio que estima que el cierre afectó 30.277 empleos hasta fines de 2025 y provocó una pérdida acumulada de US$4.851 millones de PIB real entre 2024 y 2025. Se trata de estimaciones elaboradas por el gremio empresarial y no de una medición oficial de pérdidas fiscales o económicas atribuibles exclusivamente a la mina.
Camipa solicitó que cualquier eventual reapertura incluya un plan verificable para recuperar empleos y oportunidades para proveedores locales. En paralelo, organizaciones ambientales mantienen su oposición a la reactivación y han insistido en los impactos ambientales y en la necesidad de respetar íntegramente las consecuencias del fallo judicial de 2023.
La decisión final continúa en manos del Ejecutivo. Por ahora, el procesamiento del mineral acumulado avanza bajo una autorización específica, mientras la extracción sigue suspendida. El siguiente paso será la recomendación del equipo interministerial al presidente Mulino, quien deberá definir si el Gobierno impulsa una nueva fórmula jurídica y regulatoria para Cobre Panamá o mantiene la operación limitada a las actividades de preservación y procesamiento previamente autorizadas.
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