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Una comisión interministerial analiza la auditoría integral de la faena cerrada en 2023. El Ejecutivo anticipó que cualquier fórmula deberá respetar el fallo judicial, mantener el control estatal y evitar costos para los contribuyentes.
El gobierno del presidente José Raúl Mulino abrió una nueva etapa en la definición del futuro de Cobre Panamá, la mina operada por First Quantum Minerals que permanece cerrada desde fines de 2023. Aunque todavía no existe una decisión sobre una eventual reactivación o un cierre definitivo, la administración panameña busca construir una salida basada en antecedentes técnicos, ambientales, económicos y jurídicos.
La evaluación está en manos de una comisión interministerial integrada por los titulares de Economía y Finanzas, Comercio e Industrias y Ambiente. Su tarea consiste en revisar los resultados de la auditoría integral realizada por SGS Panamá Control Services y presentar recomendaciones al mandatario.
El Ejecutivo ha marcado tres límites para el proceso: no se restablecerá el modelo contractual declarado inconstitucional, cualquier alternativa deberá permanecer bajo control del Estado y los costos derivados de la solución no podrán trasladarse al presupuesto público.
“No podemos tomar una decisión apresurada, son decisiones difíciles”, sostuvo el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, al abordar el trabajo de la comisión. La revisión busca determinar el estado real de la infraestructura, los compromisos pendientes, los riesgos ambientales y las consecuencias económicas que dejó la paralización.
Auditoría registra 87,73% de cumplimiento
El principal insumo técnico es una auditoría compuesta por 15 tomos, que examinó 370 compromisos asociados al Estudio de Impacto Ambiental, los programas de manejo ambiental y las obligaciones legales, fiscales, laborales y operacionales del proyecto.
La evaluación entregó una calificación general de 87,73% de cumplimiento, situando a la operación dentro de una categoría de desempeño mayoritariamente gestionado. El componente técnico y operacional alcanzó 90,20%, mientras que la revisión legal, fiscal y laboral obtuvo 88,23%.
El desempeño ambiental fue calificado con 87,64%. Aunque el resultado muestra cumplimiento en la mayor parte de las obligaciones examinadas, la auditoría detectó debilidades en biodiversidad, restauración ecológica, reforestación, monitoreo ambiental y gestión administrativa.
El componente relacionado con riesgos y pasivos futuros registró la evaluación más baja, con 81,70%. Entre las materias que requieren seguimiento aparecen el manejo del drenaje ácido de roca, la erosión, la calidad del agua y las condiciones de algunas instalaciones asociadas a la gestión de residuos y relaves.
Estos antecedentes no determinan por sí mismos la reapertura de la mina. La auditoría funciona como una radiografía del proyecto, pero no reemplaza las decisiones jurídicas y políticas necesarias para establecer bajo qué condiciones podría operar nuevamente o cómo se financiaría un cierre definitivo.
El antiguo contrato queda fuera de la discusión
Cobre Panamá dejó de operar después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley 406, normativa que aprobaba el contrato entre el Estado y Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals.
El fallo cerró la base jurídica que sostenía la explotación, procesamiento, transporte y comercialización del mineral. Por esta razón, el gobierno de Mulino ha descartado reconstruir el mismo esquema contractual.
El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, ha señalado que el modelo anterior no puede ser retomado y que cualquier fórmula deberá garantizar el control del Estado sobre el activo y los recursos minerales.
La definición obliga a Panamá a resolver simultáneamente varias materias: la propiedad y administración de la infraestructura, las obligaciones ambientales, el financiamiento del mantenimiento, la relación con First Quantum, el futuro de los trabajadores y la construcción de una base legal que no vuelva a ser cuestionada constitucionalmente.
Además, una eventual solución requerirá legitimidad social. El contrato aprobado en octubre de 2023 provocó extensas protestas, bloqueos de carreteras y una crisis política que terminó con la paralización de una de las mayores operaciones mineras de Centroamérica.
Procesamiento de mineral almacenado no equivale a una reapertura
Mientras se define el futuro estructural del proyecto, Panamá autorizó en abril de 2026 el procesamiento y retiro del mineral que ya había sido extraído antes del cierre.
En el recinto permanecen almacenadas aproximadamente 38 millones de toneladas de material mineralizado, con un contenido estimado de alrededor de 70.000 toneladas de cobre recuperable. La proyección de First Quantum considera producir entre 30.000 y 40.000 toneladas durante 2026 y completar el procesamiento restante en 2027.
La medida no contempla nuevas labores de extracción, perforación o tronadura. Su objetivo es reducir riesgos asociados al almacenamiento prolongado del material, suministrar roca para trabajos vinculados a la instalación de relaves y generar recursos para cubrir parte de los gastos de preservación y mantenimiento.
La resolución establece que Minera Panamá deberá financiar completamente las actividades, sin generar desembolsos para el Estado. La compañía estimó que el procesamiento podría crear cerca de 700 empleos directos adicionales a los aproximadamente 1.600 puestos asociados al mantenimiento de la faena.
Esta operación transitoria entrega cierto movimiento económico al complejo, pero no resuelve la continuidad de la mina ni restablece la concesión anulada por la justicia.
Empleo y proveedores presionan por una definición
El cierre tuvo efectos que superaron a la empresa operadora. Las estimaciones presentadas por el Ministerio de Comercio e Industrias sitúan en 40.800 los empleos directos e indirectos perdidos, mientras que más de 170.000 personas habrían resultado afectadas al considerar a los grupos familiares dependientes de esas fuentes laborales.
En la provincia de Coclé, próxima al área de influencia del proyecto, la tasa de desempleo habría aumentado desde 4% hasta 13%.
La operación mantenía relaciones comerciales con más de 2.000 empresas panameñas, cerca del 70% de ellas pequeñas y medianas compañías. El gobierno calcula que 76% de los proveedores redujo personal después del cierre y que 42% podría dejar de operar si no se recupera parte de la actividad económica vinculada a la mina.
Estas cifras explican por qué el Ejecutivo está incorporando el impacto productivo y laboral en su análisis. La decisión no se limita a determinar el destino de una infraestructura minera, sino que afecta una cadena de transporte, mantenimiento, alimentación, logística, energía, servicios técnicos y abastecimiento industrial.
Una operación relevante para el mercado del cobre
Cobre Panamá representó una inversión superior a US$10.000 millones, incluyendo la construcción de la mina, la planta concentradora, el puerto, líneas de transmisión eléctrica, caminos y una central de generación.
En 2022 produjo cerca de 350.000 toneladas de cobre y llegó a representar alrededor de 1% de la oferta mundial del metal. Antes de la paralización, su aporte económico se estimaba en torno a 5% del producto interno bruto panameño.
La salida de ese volumen coincidió con un mercado internacional que enfrenta dificultades para incorporar nueva producción, debido a la caída de leyes minerales, mayores costos de construcción, exigencias ambientales y extensos procesos de permisos.
Para la industria, la discusión panameña será observada como un caso relevante sobre la capacidad de los países para compatibilizar grandes inversiones extractivas, control estatal, protección ambiental, certeza jurídica y aceptación social.
La próxima señal será la recomendación formal de la comisión interministerial. Hasta entonces, la administración Mulino mantendrá abiertas las alternativas, pero con una condición definida: cualquier solución deberá ser jurídicamente distinta al contrato de 2023, técnicamente respaldada y financieramente sostenible sin comprometer recursos de los contribuyentes.
