La Comisión Interministerial entregó al presidente José Raúl Mulino su informe final sobre la mina y planteó que el cierre sea financiado por el propio sitio, con verificación de cada etapa. La recomendación mantiene fuera de operación a un activo que antes de su paralización representaba cerca del 1% de la producción mundial de cobre.
El futuro de Cobre Panamá entró este miércoles 30 de septiembre en una nueva fase. La Comisión Interministerial encargada de analizar la situación del complejo recomendó al presidente José Raúl Mulino avanzar hacia un cierre ordenado de la mina, bajo un esquema financiado por el propio activo, verificable y sujeto a controles durante su ejecución.
La recomendación constituye uno de los pasos institucionales más relevantes desde que las operaciones mineras fueron suspendidas a fines de 2023. El complejo, operado por First Quantum Minerals a través de Minera Panamá, permanece sin extracción luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la ley que aprobaba el contrato entre la empresa y el Estado.
El planteamiento entregado a Mulino no equivale todavía a la decisión definitiva sobre cómo se ejecutará el cierre. Corresponde ahora al mandatario evaluar las recomendaciones y determinar los siguientes pasos administrativos, técnicos y legales.
Un cierre financiado por el propio activo
El elemento central de la propuesta es que el proceso no sea financiado directamente por el Estado panameño.
La comisión plantea un modelo en el que el propio sitio minero genere los recursos necesarios para cubrir las obligaciones asociadas al cierre, incorporando mecanismos de medición, plazos, publicación de resultados y verificación independiente.
El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, resumió el criterio adoptado por la comisión como un “cierre ordenado de la mina de cobre, financiado por el propio sitio”, con mecanismos de comprobación durante el proceso.
El grupo interministerial está integrado por las carteras de Comercio e Industrias, Economía y Finanzas y Ambiente. Su análisis consideró los antecedentes técnicos y ambientales del complejo, junto con sus efectos económicos, laborales y sociales.
La recomendación también mantiene como punto de partida el fallo de noviembre de 2023 que dejó sin efecto el marco contractual de la operación. La comisión trabajó bajo el criterio de que esa resolución judicial debe ser cumplida íntegramente.
Auditoría puso el foco en obligaciones ambientales
La decisión se produce después de la auditoría integral desarrollada sobre Cobre Panamá, un proceso que examinó aspectos ambientales, legales, fiscales, laborales y operacionales.
El trabajo incluyó la revisión de los 370 compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, además de inspecciones de terreno y evaluación de documentación técnica.
La auditoría detectó fortalezas operacionales, pero también identificó materias que requieren medidas correctivas, particularmente en biodiversidad, restauración ecológica, gestión administrativa y coordinación del monitoreo ambiental.
Entre los aspectos examinados aparecen la gestión del agua, depósitos de roca estéril, relaves, reforestación, recuperación de hábitats, calidad ambiental y obligaciones de compensación ecológica.
Este componente resulta crítico para cualquier cierre de gran escala. Cobre Panamá no es únicamente una mina paralizada: mantiene infraestructura de procesamiento, depósitos de relaves, botaderos, instalaciones energéticas y otras obras que requieren gestión activa aun cuando no exista extracción de mineral.
Por ello, desde 2024 especialistas del Ministerio de Ambiente mantienen supervisión permanente del sitio y realizan controles sobre agua, suelo, aire y ecosistemas asociados al proyecto.
Cobre Panamá sigue procesando mineral previamente extraído
La recomendación de cierre llega mientras el complejo desarrolla actividades autorizadas que no corresponden a una reapertura de la mina.
En abril de 2026, Panamá autorizó el retiro, procesamiento y exportación del mineral que había sido extraído antes de la suspensión de las operaciones. El objetivo declarado del programa es reducir riesgos operacionales y ambientales vinculados al almacenamiento prolongado del material.
La autorización no contempla nueva extracción, perforación ni tronadura.
Durante el segundo trimestre de 2026 entró en servicio el primero de los tres circuitos de molienda contemplados en el programa. Hasta entonces se habían procesado aproximadamente 2,1 millones de toneladas de mineral, con una ley media de cabeza de 0,23% de cobre y recuperaciones de 67%.
El inventario total fue estimado en aproximadamente 38 millones de toneladas de mineral almacenado, con distintas leyes y alrededor de 70.000 toneladas de cobre recuperable.
La existencia de este material adquiere especial relevancia frente al modelo planteado por la comisión: permite generar ingresos desde activos existentes sin reactivar la extracción, recursos que podrían incorporarse al financiamiento de las obligaciones de manejo y cierre.
El impacto económico detrás de la paralización
Cobre Panamá llegó a ocupar una posición difícil de sustituir tanto para la economía panameña como para First Quantum.
Antes de quedar fuera de producción, la operación representaba aproximadamente 1% de la producción mundial de cobre y alrededor del 40% de los ingresos de First Quantum, dimensiones que explican el seguimiento internacional que ha recibido el proceso.
La paralización produjo además efectos sobre empleo, proveedores, actividad regional e ingresos fiscales. Estimaciones gubernamentales divulgadas durante septiembre situaron en más de 30.000 los puestos de trabajo afectados directa e indirectamente y en cerca de US$1.400 millones la reducción acumulada de impuestos y regalías asociada al cierre.
El programa de procesamiento del material almacenado permitió recuperar parte de la actividad dentro del complejo. El empleo en el sitio aumentó desde aproximadamente 2.350 personas a comienzos de abril hasta unas 3.000 al cierre de junio, principalmente en tareas de puesta en marcha, mantenimiento y actividades operacionales vinculadas al programa autorizado.
Eso no modifica, sin embargo, la condición jurídica central del proyecto: la extracción minera continúa suspendida.
Una señal relevante para el mercado mundial del cobre
La definición sobre Cobre Panamá tiene consecuencias que trascienden al país centroamericano.
La salida del complejo desde fines de 2023 eliminó del mercado una fuente significativa de concentrado de cobre precisamente cuando la industria mundial enfrenta la necesidad de incorporar nueva oferta para responder al crecimiento esperado de la electrificación, redes eléctricas, almacenamiento energético y centros de datos.
Para First Quantum, el activo también continúa siendo estratégico. Su paralización obligó a la minera canadiense a reorganizar su estructura financiera y su cartera operacional, mientras mantenía abierto el diálogo con Panamá.
La compañía y el Estado suspendieron procedimientos arbitrales para facilitar esas conversaciones, pero la recomendación presentada ahora sitúa nuevamente el cierre como eje del proceso institucional.
La propuesta deberá traducirse todavía en decisiones concretas sobre cronograma, financiamiento, responsabilidades ambientales, gestión de infraestructura y supervisión del sitio.
El desafío será convertir la recomendación en un plan ejecutable
El cierre de un complejo de la escala de Cobre Panamá supone una operación técnica de largo alcance. La estabilidad de las instalaciones de relaves, el tratamiento de aguas, el control de drenaje ácido, la recuperación de áreas intervenidas y la restauración de ecosistemas seguirán requiriendo recursos, personal especializado y fiscalización.
La auditoría ambiental ya identificó áreas donde deberán elevarse los niveles de cumplimiento, incluyendo compromisos relacionados con restauración ecológica, reforestación y conectividad de hábitats.
La recomendación entregada al presidente Mulino desplaza ahora la discusión hacia la forma en que Panamá estructurará ese proceso y, especialmente, hacia el mecanismo mediante el cual el activo podrá financiar sus propias obligaciones sin que ello sea interpretado como una reanudación de la explotación minera.
Para la industria internacional, el caso continuará siendo observado por su combinación de escala productiva, conflicto contractual, exigencias ambientales y relevancia para el abastecimiento de cobre. La próxima definición del Ejecutivo panameño determinará cómo se transforma una de las mayores operaciones cupríferas construidas en América durante las últimas décadas en un proceso de cierre técnicamente controlado y financieramente sostenible.
