Organizaciones ambientales mantienen bajo observación el desarrollo que integra Josemaría y Filo del Sol, controlado en partes iguales por BHP y Lundin Mining. La controversia se concentra en el glaciar de escombros GE110 y en el abastecimiento hídrico de un proyecto que busca convertirse en uno de los mayores desarrollos cupríferos de Argentina.
El proyecto minero Vicuña, emplazado en la alta cordillera de la provincia argentina de San Juan y próximo a la frontera con Chile, enfrenta cuestionamientos por sus eventuales efectos sobre glaciares, ambientes periglaciares y recursos hídricos. La iniciativa reúne los depósitos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol y pertenece en partes iguales a BHP y Lundin Mining. En julio, el Gobierno argentino aprobó su incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con un plan declarado de inversión por US$9.737 millones.
La discusión ambiental se concentra especialmente en el glaciar de escombros GE110, ubicado dentro de la propiedad minera de Josemaría y registrado en los inventarios de glaciares. Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas solicitaron ante la Justicia que se impida modificar su situación jurídica mientras se tramita una causa que cuestiona la reforma de la Ley de Glaciares aprobada en 2026.
El GE110, en el centro de la controversia
La discusión no gira únicamente en torno a la presencia del glaciar, sino sobre su función hídrica y la eventual interacción de las obras mineras con esa geoforma.
Vicuña sostiene que estudios desarrollados desde 2012 permiten clasificar al GE110 como un glaciar rocoso inactivo o relicto. En su Reporte de Sostenibilidad 2025, la compañía afirma que la contribución hídrica potencial de la geoforma sería igual o inferior a 0,01 milímetros por año y que no tendría relevancia hídrica a escala de cuenca. También señala que durante 2025 continuaron las investigaciones destinadas a profundizar esa evaluación.
La empresa agrega que la Segunda Actualización del Informe de Impacto Ambiental de Explotación de Josemaría, aprobada en marzo de 2026 según su propio reporte, evaluó las crioformas presentes en el área y concluyó que no se prevén impactos directos sobre ellas durante las etapas de construcción y operación.
Las organizaciones ambientales cuestionan esa interpretación. Greenpeace, FARN y la Asociación de Abogados/as Ambientalistas han advertido que el proyecto contempla obras dentro de un área donde se encuentra el GE110 y sostienen que actividades exploratorias y caminos asociados al desarrollo minero ya habrían intervenido sectores alcanzados por la protección glaciar. Su presentación judicial busca impedir que la provincia de San Juan o el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) retiren al GE110 del Inventario Nacional mientras la causa continúa abierta.
La reforma de la Ley de Glaciares cambia el marco de evaluación
La controversia adquirió mayor relevancia después de la reforma de la legislación argentina sobre glaciares. La Ley 27.804, publicada en abril de 2026, modificó el régimen anterior y estableció que los glaciares y geoformas periglaciares incluidos en el Inventario Nacional permanecen protegidos de manera precautoria hasta que la autoridad competente determine, sobre la base de estudios técnico-científicos, que no cumplen funciones hídricas como reserva estratégica o aporte a la recarga de cuencas.
Esa disposición convierte la caracterización del GE110 en un elemento decisivo. La conclusión técnica presentada por Vicuña respecto de su baja contribución hídrica no equivale por sí sola a una exclusión del inventario: la determinación corresponde a las autoridades competentes dentro del procedimiento establecido por la legislación.
La disputa judicial abierta por las organizaciones ambientales apunta precisamente a mantener la protección mientras se resuelve la constitucionalidad de la reforma y antes de una eventual modificación de la clasificación del glaciar.
El proyecto extrajo 346.807 metros cúbicos de agua en 2025
El uso de agua constituye otro de los puntos observados. El Reporte de Sostenibilidad de Vicuña informa que durante 2025 el proyecto extrajo 346.807 metros cúbicos, considerando sus actividades en San Juan y La Rioja. En territorio sanjuanino fueron 223.161 metros cúbicos, de los cuales 194.735 metros cúbicos fueron contabilizados como consumo. En La Rioja, la extracción alcanzó 123.646 metros cúbicos.
Actualmente, el abastecimiento en San Juan proviene de fuentes superficiales y subterráneas. Las captaciones se localizan en el arroyo Pirca de los Bueyes y el río Blanco, además de pozos ubicados en La Majadita, Río Macho Muerto y Pirca de los Bueyes. La empresa señala que estos volúmenes se utilizan en campamentos, perforaciones de exploración, control de polvo en caminos y otras actividades asociadas al proyecto.
Para una futura operación de mayor escala, Vicuña proyecta una estrategia de abastecimiento con varias fuentes. El diseño considera dos campos de pozos cercanos al proyecto, un tercer campo en La Majadita y, como alternativa para etapas posteriores, el posible suministro de agua desalinizada desde Chile a partir de aproximadamente el séptimo año de operación. La compañía advierte que esta última opción todavía requiere estudios adicionales y permisos regulatorios.
RIGI, energía y un acuerdo de US$250 millones con San Juan
El proyecto recibió además un impulso regulatorio relevante con su incorporación al RIGI. La Resolución 1154/2026 del Ministerio de Economía argentino aprobó el plan de inversión presentado por Vicuña Argentina por US$9.737 millones, destinado al desarrollo de Josemaría y Filo del Sol, infraestructura eléctrica, sistemas de agua, caminos, campamentos y otras instalaciones. El programa contempla inversiones hasta 2031 y fija diciembre de 2028 como plazo para cumplir el monto mínimo exigido por el régimen.
El consumo eléctrico también será considerable. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad tramita una solicitud de acceso al sistema de transporte para abastecer una demanda inicial de 260 MW asociada a Josemaría y Filo del Sol, junto con obras de transmisión que incluyen nuevas estaciones transformadoras y una línea de 500 kV de aproximadamente 167 kilómetros.
A ello se suma el acuerdo firmado el 5 de agosto entre Vicuña y el Gobierno de San Juan, posteriormente ratificado por la Legislatura provincial por 27 votos contra 9. El convenio estabiliza las regalías provinciales en 3%, establece un pago anticipado de US$250 millones a un fideicomiso destinado a infraestructura y contempla, desde el sexto año de operación, una contribución equivalente al 1,5% de las ventas brutas.
Un proyecto todavía en desarrollo
Pese a la magnitud de las inversiones comprometidas, Vicuña no es todavía una operación minera integrada en producción. Josemaría se encuentra en fase de preconstrucción, reevaluación y permisos, mientras Filo del Sol permanece en exploración activa. La compañía anunció para la temporada 2026-2027 una nueva campaña de aproximadamente 55.500 metros de perforación, principalmente en Filo del Sol.
El avance del proyecto deberá transitar, por tanto, en paralelo a nuevas autorizaciones técnicas y ambientales. En ese proceso, la situación del GE110, la definición de las fuentes de agua y el seguimiento de los sistemas glaciares y periglaciares serán asuntos centrales para determinar qué infraestructura puede desarrollarse y bajo qué condiciones en uno de los proyectos de cobre de mayor escala actualmente previstos en Argentina.
