El debate tributario coincide con una cartera minera superior a US$64.000 millones y con el desafío de acelerar proyectos que llevan años esperando decisiones de inversión. Cambios en regalías e impuestos vuelven a poner en tensión la recaudación fiscal y la capacidad del país para competir por capital minero.
Perú abrió un nuevo frente de discusión sobre la tributación de su industria minera, luego de que propuestas para modificar el régimen de regalías y elevar la carga aplicada al sector reactivaran las alertas sobre su eventual efecto en las inversiones. El debate ocurre en momentos en que el país busca acelerar una cartera de proyectos por más de US$64.000 millones y aumentar su producción de cobre durante los próximos años.
La discusión considera modificaciones a la estructura de las regalías mineras, incluyendo su base de cálculo y tasas, además de cambios al Impuesto Especial a la Minería. El punto crítico para la industria no está únicamente en cuánto podría aumentar la recaudación, sino en cómo una modificación del esquema afecta la rentabilidad esperada de proyectos que requieren grandes desembolsos iniciales y períodos prolongados antes de comenzar a generar ingresos.
La minería peruana enfrenta, además, una situación particular: mientras el país mantiene una de las mayores bases de recursos minerales del mundo y una amplia cartera de iniciativas, una parte significativa de esos proyectos continúa sin calendario definido de ejecución.
Una cartera de US$64.075 millones
La Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2026 de Perú considera 66 iniciativas por US$64.075 millones, distribuidas en 19 departamentos. El volumen confirma el peso que conserva el país dentro del mapa internacional de inversiones mineras.
Sin embargo, la magnitud de la cartera no equivale a capital comprometido.
Unos US$44.910 millones, equivalentes al 70,1% del total, corresponden a 44 proyectos que todavía no cuentan con una fecha definida para iniciar su ejecución. El desafío peruano, por lo tanto, está menos relacionado con la falta de recursos geológicos que con la capacidad para convertir proyectos en construcción y posteriormente en producción.
El cobre ocupa una posición central en esta ecuación. Cerca del 70% de la cartera minera peruana está vinculada al metal rojo, lo que convierte las condiciones regulatorias, tributarias y de permisos del país en un elemento relevante para la futura oferta mundial.
Perú busca elevar su producción anual de cobre en alrededor de un millón de toneladas durante los próximos cinco a seis años mediante la entrada de nuevos proyectos. La producción del país se mantiene actualmente en un rango aproximado de 2,5 millones a 2,7 millones de toneladas anuales.
Impuestos, regalías y competencia por capital
La discusión tributaria adquiere relevancia porque las compañías mineras comparan proyectos entre distintas jurisdicciones antes de asignar capital.
Un depósito geológicamente atractivo puede perder prioridad frente a otro si enfrenta mayores costos fiscales, largos procesos de autorización, incertidumbre normativa o dificultades para obtener permisos de construcción y operación.
Pero el debate tiene otra cara. Perú también enfrenta el desafío de conseguir que el crecimiento y las altas cotizaciones de los minerales se traduzcan de manera efectiva en ingresos fiscales.
Un análisis tributario publicado por la OCDE en 2026 detectó que la relación entre los ingresos tributarios provenientes de la minería y el valor agregado generado por el sector ha disminuido de manera considerable respecto de comienzos de la década pasada.
A comienzos de los años 2010, los ingresos tributarios mineros representaban aproximadamente 22% a 23% del valor agregado sectorial. En 2023 y 2024 esa relación se situó alrededor del 10%, pese a un escenario de elevados precios de los minerales.
El dato introduce un elemento adicional al debate. La discusión no se limita a decidir entre subir o mantener impuestos, sino también a determinar por qué la recaudación efectiva perdió peso respecto de la actividad económica minera y qué mecanismos pueden mejorarla sin deteriorar las condiciones para nuevas inversiones.
Entre los factores que requieren atención aparecen el cumplimiento tributario, operaciones con intermediarios, precios de transferencia, informalidad y minería ilegal.
Permisos aprobados todavía deben transformarse en inversión
El Gobierno peruano también está intentando atacar otro componente de la competitividad: los tiempos regulatorios.
Entre enero y agosto de 2026 se autorizaron más de US$3.067 millones en inversiones mineras, mediante 150 permisos y autorizaciones para iniciativas ubicadas en diferentes regiones y etapas de desarrollo.
Del total de autorizaciones, 87 correspondieron a concesiones de beneficio, 39 a explotación y 24 a exploración. Entre los proyectos involucrados aparecen Zafranal, Antapaccay, Constancia, Carachugo y Yumpag Carama.
Paralelamente, el Ejecutivo trabaja en la reducción de exigencias administrativas. El Ministerio de Energía y Minas identificó 27 requerimientos dentro de cerca de un centenar de procedimientos que podrían eliminarse como parte de la estrategia para acelerar inversiones sin modificar los estándares ambientales aplicables a los proyectos.
La combinación entre simplificación regulatoria y estabilidad tributaria será observada especialmente por inversionistas internacionales que evalúan proyectos de cobre en el país.
El costo de los proyectos que esperan
Uno de los mayores problemas de Perú continúa siendo el tiempo necesario para llevar un depósito mineral desde sus primeras etapas hasta la operación.
En minería, los retrasos tienen consecuencias financieras directas. Cada año adicional puede modificar costos de construcción, requerimientos de infraestructura, condiciones de financiamiento y proyecciones de precios. También aumenta el riesgo de que el capital sea reasignado hacia proyectos en otras jurisdicciones.
El problema adquiere mayor dimensión cuando se considera que siete de cada diez dólares incluidos en la cartera minera peruana corresponden actualmente a iniciativas sin una fecha definida para iniciar ejecución.
Al cierre de 2025 se habían ejecutado US$1.936 millones asociados a la cartera 2026. Para el período comprendido entre 2026 y 2029 se proyectaba una ejecución adicional de US$10.724 millones, mientras que la mayor parte del portafolio quedaba proyectada para años posteriores.
El cobre eleva la presión sobre las decisiones
La discusión ocurre además en un momento especialmente sensible para la oferta mundial de cobre.
Electrificación, expansión de redes eléctricas, almacenamiento energético, centros de datos y nuevas infraestructuras digitales están elevando las expectativas de consumo del metal, mientras desarrollar una nueva mina puede requerir más de una década.
Perú dispone de recursos, operaciones de escala mundial y una cartera capaz de incorporar producción adicional. Pero transformar ese potencial en toneladas dependerá de factores que exceden la geología.
Permisos, infraestructura, aceptación territorial, seguridad jurídica, acceso a capital y régimen tributario forman parte de una misma ecuación de inversión.
El desafío para las autoridades será encontrar un equilibrio que permita capturar una participación fiscal adecuada de la renta minera sin reducir la capacidad del país para atraer los miles de millones de dólares necesarios para desarrollar nuevos yacimientos.
Para la industria, el resultado de esa discusión será particularmente relevante. Con más de US$64.000 millones en proyectos identificados y una fuerte concentración en cobre, las decisiones tributarias que adopte Perú no solo tendrán consecuencias fiscales: también pueden influir en el ritmo con que una de las principales jurisdicciones cupríferas del mundo convierte sus recursos minerales en nueva producción.
