La compañía desistió de los recursos de casación y queja vinculados al proyecto minero-portuario en La Higuera. El movimiento deja sin pronunciamiento a la Corte Suprema y desplaza nuevamente la discusión hacia el ámbito administrativo ambiental.
Andes Iron retiró los recursos que mantenía ante la Corte Suprema por el proyecto minero-portuario Dominga, iniciativa de hierro y cobre proyectada en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo. La decisión pone término a esta etapa de la disputa judicial y mantiene vigente el escenario derivado del rechazo adoptado por el Comité de Ministros en enero de 2025 y de las posteriores resoluciones judiciales asociadas al caso.
El desistimiento fue presentado el lunes 28 de septiembre, antes de que el máximo tribunal emitiera sentencia sobre las acciones impulsadas por la compañía. La causa se encontraba en estado de acuerdo, por lo que el retiro impide que exista un pronunciamiento de fondo de la Corte Suprema respecto de esos recursos.
La decisión, sin embargo, no significa necesariamente el término de toda controversia en torno a Dominga. Andes Iron optó por retirar sus acciones mientras existen solicitudes de invalidación dirigidas contra la resolución administrativa que rechazó ambientalmente el proyecto, trasladando nuevamente el foco hacia el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y los procedimientos que puedan desarrollarse en esa instancia.
El cambio de estrategia de Andes Iron
La compañía había recurrido al máximo tribunal después del fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de febrero de 2026, resolución que alteró el escenario judicial que Andes Iron buscaba hacer valer para materializar el proyecto.
Entre las acciones presentadas se encontraban recursos de casación y de queja destinados a controvertir las consecuencias de esa resolución y la forma en que debía ejecutarse una sentencia previa del Primer Tribunal Ambiental.
Andes Iron decidió ahora desistirse de esas acciones bajo el argumento de permitir que continúe la tramitación de solicitudes de invalidación presentadas contra la resolución del Comité de Ministros de enero de 2025.
La empresa sostiene que mantener simultáneamente abiertos los recursos ante la Corte Suprema estaba interfiriendo con el avance de esos procedimientos administrativos.
Con el retiro, la Corte Suprema no resolverá el fondo de las acciones que estaban sometidas a su conocimiento, mientras la discusión sobre la viabilidad ambiental del proyecto vuelve a concentrarse en el frente administrativo.
Dominga y una tramitación que supera una década
Dominga es uno de los proyectos mineros greenfield que mayor controversia ambiental y judicial ha generado en Chile durante la última década.
La iniciativa considera el desarrollo de un complejo integrado de extracción y procesamiento de minerales de hierro y cobre en La Higuera, además de infraestructura portuaria asociada en el sector de Totoralillo Norte.
El diseño contempla dos rajos abiertos, instalaciones de procesamiento de mineral y un terminal para el embarque de concentrados.
La inversión asociada al proyecto ha sido estimada en torno a US$3.000 millones en antecedentes recientes del proceso, aunque durante su extensa tramitación se han difundido estimaciones anteriores de inversión inferiores.
En términos productivos, el proyecto ha sido diseñado para desarrollar principalmente concentrado de hierro, acompañado por producción de cobre como segundo producto. Esa combinación lo convierte en una iniciativa relevante para la diversificación de la matriz minera de la Región de Coquimbo, actualmente marcada por operaciones de cobre, hierro y minería de menor escala.
Su ubicación también explica buena parte de la complejidad ambiental que ha acompañado su evaluación. La zona costera de La Higuera posee ecosistemas marinos de alta sensibilidad, factor que ha estado en el centro de las observaciones y controversias relacionadas con el proyecto y su terminal portuario.
La vía administrativa vuelve al centro
El elemento que adquiere ahora mayor relevancia es la existencia de solicitudes de invalidación relacionadas con la resolución que rechazó el proyecto.
El SEA ha admitido a trámite al menos una solicitud vinculada a esa decisión, lo que mantiene abierta una discusión administrativa independiente de los recursos retirados ante la Corte Suprema.
Una admisión a trámite no equivale a una aprobación del proyecto ni anticipa el resultado del procedimiento. Significa que la autoridad deberá procesar la solicitud conforme a las reglas administrativas aplicables y determinar posteriormente si existen antecedentes suficientes para modificar o mantener la actuación cuestionada.
Ese punto es especialmente relevante para interpretar el desistimiento.
Dominga mantiene cerrado el capítulo correspondiente a los recursos retirados ante la Corte Suprema, pero conserva un frente administrativo que todavía puede generar nuevas decisiones y eventualmente nuevos procedimientos judiciales.
Por esta razón, el escenario del proyecto continúa dependiendo de la institucionalidad ambiental y de las resoluciones que se adopten respecto de las solicitudes pendientes.
Inversión minera y certeza regulatoria
Más allá del proyecto específico, Dominga se ha convertido en un caso observado por la industria debido a la duración y complejidad de su tramitación.
La iniciativa ingresó al sistema ambiental hace más de una década y desde entonces ha atravesado decisiones administrativas, reclamaciones, fallos de tribunales ambientales, recursos ante cortes superiores y nuevas actuaciones del Comité de Ministros.
Para la minería, el caso pone nuevamente sobre la mesa la relación entre evaluación ambiental, permisos sectoriales y certeza jurídica para proyectos intensivos en capital.
Un desarrollo minero-portuario de varios miles de millones de dólares requiere decisiones de inversión de largo plazo, contratos de ingeniería, construcción e infraestructura, además de compromisos con proveedores, trabajadores y financistas. Cuando la definición ambiental permanece abierta durante años, esos componentes quedan sujetos a un nivel adicional de incertidumbre.
La situación también tiene implicancias regionales. Coquimbo posee una tradición minera relevante y enfrenta el desafío de sostener inversión y empleo mientras varias operaciones maduras avanzan en sus ciclos productivos. La materialización o descarte de proyectos greenfield puede modificar significativamente las perspectivas de actividad para proveedores, contratistas y trabajadores especializados.
El próximo capítulo de Dominga
El retiro de las acciones ante la Corte Suprema modifica el tablero, pero no resuelve por sí solo el futuro definitivo de la iniciativa.
El punto inmediato de atención estará en la tramitación administrativa de las solicitudes de invalidación y en las decisiones que adopten las autoridades ambientales respecto de ellas.
Para Andes Iron, el desafío será determinar si esa vía permite modificar el escenario actualmente vigente y recuperar una ruta administrativa que haga posible continuar con el desarrollo del proyecto. Para quienes han cuestionado Dominga, el foco seguirá concentrado en los impactos ambientales acumulativos asociados a la mina, las instalaciones industriales y el componente portuario.
La evolución del expediente será seguida de cerca por el sector minero, porque Dominga trasciende la discusión sobre una sola inversión. Después de más de una década de procedimientos, el proyecto se ha transformado también en un caso de referencia sobre permisología, estabilidad de las decisiones administrativas y judicialización de grandes inversiones mineras en Chile.
El desistimiento ante la Corte Suprema cierra una de esas etapas. El futuro de la iniciativa vuelve ahora a depender, principalmente, de lo que ocurra dentro de la institucionalidad ambiental.
