La autoridad ambiental inició procedimientos sancionatorios contra dos proyectos fotovoltaicos por deficiencias en la protección de fauna, rescate de flora y manejo de residuos. Las infracciones graves pueden derivar en multas de hasta 5.000 UTA por cargo, clausura o revocación de permisos ambientales.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló seis cargos contra los titulares de los parques solares Tamarico y Granate, ubicados en las regiones de Atacama y Coquimbo, respectivamente, tras detectar incumplimientos de obligaciones establecidas en sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). La decisión, conocida este 11 de noviembre de 2026, abre dos procedimientos sancionatorios que podrían derivar en multas, exigencias de corrección y otras medidas previstas en la legislación ambiental chilena.
Los procedimientos involucran a Tamarico Solar Dos SpA, responsable del Parque Solar Fotovoltaico Tamarico, emplazado en Vallenar, y a Granate SpA, titular del Parque Fotovoltaico Granate, localizado en Ovalle.
En total, la autoridad clasificó preliminarmente cinco infracciones graves y una leve, relacionadas principalmente con deficiencias en las medidas de protección de especies silvestres, conservación de vegetación nativa, funcionamiento de instalaciones eléctricas y trazabilidad de residuos.
La intervención del organismo fiscalizador pone atención sobre un aspecto relevante para la expansión energética del norte de Chile: el cumplimiento de las obligaciones ambientales durante la ejecución y operación de proyectos renovables, incluso cuando su generación eléctrica no produce emisiones directas asociadas a la combustión de combustibles fósiles.
Tamarico enfrenta cuatro cargos por protección de fauna, flora y residuos
El Parque Solar Fotovoltaico Tamarico, desarrollado en la comuna de Vallenar, Región de Atacama, concentra cuatro de los seis cargos formulados.
Tres fueron clasificados como graves y uno como leve.
El primer cargo grave comprende incumplimientos asociados a la protección de fauna terrestre y a las instalaciones eléctricas del proyecto.
Entre las deficiencias detectadas se encuentran la ausencia de señalética destinada a prevenir atropellos de guanacos y zorros, así como la falta de ejecución de campañas de catastro y castración de perros ferales.
También se identificó la construcción de pircas destinadas a reptiles fuera del área de influencia considerada en la autorización ambiental.
A ello se suma la omisión de dispositivos anticolisión y antielectrocución en la línea de transmisión eléctrica.
Estas medidas buscan reducir los riesgos que la infraestructura energética y sus actividades asociadas pueden generar sobre especies silvestres presentes en el territorio.
En proyectos emplazados en zonas áridas, las medidas preventivas adquieren particular relevancia debido a la presencia de ecosistemas con especies adaptadas a condiciones ambientales específicas.
Supervivencia de especies vegetales quedó bajo las exigencias ambientales
Uno de los antecedentes más relevantes del procedimiento contra Tamarico corresponde al incumplimiento de las tasas de supervivencia comprometidas para especies vegetales intervenidas.
La autorización ambiental exigía alcanzar una sobrevivencia de 90% en determinadas cactáceas y especies arbustivas, condición que no fue satisfecha en los registros examinados por la fiscalización.
Los resultados identificados fueron los siguientes:
|
Especie |
Supervivencia constatada |
Exigencia ambiental |
|---|---|---|
|
Austrocylindropuntia miquelii |
66% |
90% |
|
Cumulopuntia sphaerica |
36% |
90% |
|
Cordia decandra |
0% |
90% |
Los porcentajes reflejan diferencias considerables entre los resultados obtenidos y los compromisos establecidos para el proyecto.
En particular, el registro de supervivencia nula para Cordia decandra constituye un antecedente relevante dentro del análisis sobre la efectividad de las medidas de manejo vegetal.
La investigación también identificó el envío de germoplasma a viveros que no estaban autorizados para recibir dicho material bajo las condiciones establecidas en la RCA.
El segundo cargo grave considera estas deficiencias en la implementación de las medidas comprometidas para la conservación de flora.
Un tercer cargo grave se relaciona con el tránsito de vehículos y maquinaria pesada por áreas destinadas a la relocalización de especies vegetales.
La fiscalización constató daños que incluyeron destrucción y aplastamiento de cactáceas protegidas.
Las áreas de relocalización cumplen una función específica dentro de los planes ambientales: permitir que ejemplares intervenidos puedan establecerse en sectores destinados a su conservación.
Por ello, su protección frente al tránsito de maquinaria constituye una condición necesaria para que las medidas de rescate y relocalización tengan posibilidades de éxito.
Manejo de residuos incorpora una infracción leve
El cuarto cargo formulado contra Tamarico corresponde a incumplimientos asociados a la gestión documental y trazabilidad de residuos.
Entre las observaciones se encuentran discrepancias en los antecedentes de recepción de residuos industriales y domiciliarios, incluyendo envíos a instalaciones no autorizadas.
También se identificaron deficiencias en la trazabilidad de residuos peligrosos mediante el Sistema de Declaración y Seguimiento de Residuos Peligrosos (SIDREP).
Esta plataforma permite registrar y seguir los movimientos de residuos sujetos a obligaciones específicas, desde su generación hasta su recepción por instalaciones autorizadas.
La falta de registros consistentes dificulta verificar que los materiales hayan sido transportados y gestionados bajo las condiciones exigidas.
Aunque este cargo fue clasificado como leve, su resolución forma parte del procedimiento sancionatorio y podría implicar medidas correctivas o sanciones, dependiendo del resultado de la investigación.
Granate enfrenta dos cargos graves por riesgos para aves y rescate de flora
En la Región de Coquimbo, la SMA inició un procedimiento contra Granate SpA, titular del Parque Fotovoltaico Granate, de 9 MW de capacidad en corriente alterna, ubicado en la comuna de Ovalle.
La autoridad formuló dos cargos graves relacionados con la infraestructura de transmisión eléctrica y el cumplimiento de las medidas de rescate de flora.
El primero se vincula con deficiencias en la protección de aves frente al riesgo de electrocución.
La fiscalización identificó que los conductores y cables de una línea de transmisión de 23 kV no contaban con la aislación requerida.
Además, las estructuras energizadas no mantenían la separación mínima de dos metros establecida entre sus componentes.
Estas condiciones aumentan el riesgo de contacto eléctrico para aves que utilizan las estructuras como puntos de descanso o desplazamiento.
La protección de avifauna constituye una exigencia especialmente importante en instalaciones que incorporan líneas aéreas, postes y equipos eléctricos distribuidos en zonas donde existe tránsito de especies silvestres.
El segundo cargo grave considera deficiencias en las medidas de rescate y relocalización de flora.
En particular, se detectaron incumplimientos relacionados con el manejo de geófitas de la especie Leucocoryne ixioides y cactáceas.
El proyecto no acreditó la disponibilidad de un stock de 250 bulbos destinados a reposición, además de presentar problemas de demarcación, georreferenciación e identificación de ejemplares relocalizados.
Estas exigencias permiten verificar la ubicación de las especies trasladadas y evaluar posteriormente su supervivencia.
Cuando los registros no son suficientes, se dificulta establecer si los compromisos de conservación fueron ejecutados correctamente.
Multas, clausura y revocación de RCA: las consecuencias posibles
La formulación de cargos constituye el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio y no equivale todavía a una resolución definitiva de responsabilidad.
La legislación ambiental chilena establece distintas consecuencias dependiendo de la gravedad de las infracciones y de los antecedentes que se determinen durante el proceso.
Las infracciones calificadas como graves pueden ser sancionadas con multas de hasta 5.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA) por infracción, clausura o revocación de la Resolución de Calificación Ambiental.
Para las infracciones leves, las sanciones consideran amonestación por escrito o multas de hasta 1.000 UTA.
Ambas empresas disponen de plazos ampliados de oficio para ejercer las alternativas establecidas en el procedimiento:
- 15 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento (PdC).
- 22 días hábiles para formular descargos ante la SMA.
Un Programa de Cumplimiento debe proponer acciones y metas destinadas a abordar los incumplimientos identificados y sus efectos, sujetas a evaluación de la autoridad.
Su aprobación y ejecución satisfactoria pueden permitir la terminación del procedimiento sin la aplicación de una sanción por los cargos comprendidos en el programa.
En cambio, si el proceso continúa por la vía sancionatoria, la autoridad deberá evaluar los antecedentes técnicos y jurídicos antes de adoptar una decisión.
Por ahora, no existe una multa definitiva ni una orden de clausura derivada de estos procedimientos.
Fiscalización ambiental adquiere relevancia para la expansión renovable del norte
Los procedimientos contra Tamarico y Granate se producen en un contexto de crecimiento de la infraestructura renovable en las regiones del norte de Chile.
La disponibilidad de radiación solar ha favorecido el desarrollo de parques fotovoltaicos en territorios donde también se concentra una parte considerable de la actividad minera nacional.
Esta cercanía territorial es relevante para la industria extractiva, que enfrenta la necesidad de asegurar abastecimiento eléctrico competitivo y avanzar en sus compromisos de reducción de emisiones.
Sin embargo, la expansión de proyectos energéticos también exige gestionar adecuadamente sus impactos sobre suelo, vegetación, fauna e infraestructura asociada.
La construcción de centrales solares, caminos interiores, líneas de evacuación y otras instalaciones puede intervenir ecosistemas sensibles, incluso cuando la generación eléctrica se basa en fuentes renovables.
Por esa razón, el cumplimiento de las RCA constituye una obligación que permanece vigente durante las etapas del proyecto en que resultan aplicables sus medidas ambientales.
Las deficiencias detectadas en Tamarico y Granate también muestran la importancia de mantener sistemas de seguimiento que permitan comprobar los resultados de las medidas comprometidas, especialmente cuando involucran supervivencia de especies y protección de hábitats.
Qué observará la industria energética y minera
Los próximos pasos estarán determinados por las decisiones de Tamarico Solar Dos SpA y Granate SpA frente a los cargos formulados.
Ambas empresas podrán presentar antecedentes para controvertir las imputaciones o proponer programas destinados a subsanar los incumplimientos y abordar sus efectos.
La evolución de estos procedimientos será relevante para evaluar la efectividad de las medidas ambientales exigidas a proyectos renovables en zonas de alta actividad industrial.
Para el sector minero, que depende crecientemente del abastecimiento eléctrico proveniente de fuentes de bajas emisiones, la continuidad regulatoria de la infraestructura energética constituye un factor a considerar dentro de sus estrategias de suministro.
Esto no significa que los procedimientos contra Tamarico y Granate impliquen actualmente una interrupción del abastecimiento eléctrico a operaciones mineras, situación que no ha sido establecida en los antecedentes examinados.
El principal efecto inmediato es regulatorio: dos proyectos solares deberán responder ante la autoridad por seis presuntos incumplimientos de sus autorizaciones ambientales, cinco de ellos considerados graves.
El desarrollo de energía renovable continuará siendo un componente relevante de la transición energética chilena, pero su expansión estará condicionada al cumplimiento efectivo de las exigencias ambientales que acompañan la aprobación y funcionamiento de cada instalación.
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¿Qué procedimientos sancionatorios inició la autoridad ambiental?
La autoridad ambiental inició procedimientos sancionatorios contra dos proyectos fotovoltaicos por deficiencias en la protección de fauna, rescate de flora y manejo de residuos. Estos procedimientos involucran a los parques solares Tamarico y Granate, ubicados en las regiones de Atacama y Coquimbo, respectivamente.
¿Cuáles son las posibles sanciones para las infracciones detectadas?
Las infracciones graves pueden derivar en multas de hasta 5.000 UTA por cargo, clausura o revocación de permisos ambientales. La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló seis cargos contra los titulares de los parques solares Tamarico y Granate.
¿Cuántos cargos enfrenta el Parque Solar Fotovoltaico Tamarico y cuáles son sus principales deficiencias?
El Parque Solar Fotovoltaico Tamarico enfrenta cuatro cargos, tres clasificados como graves y uno como leve. Las deficiencias incluyen la falta de señalética para prevenir atropellos de fauna, omisión de dispositivos anticolisión en líneas eléctricas, incumplimiento de tasas de supervivencia de especies vegetales y problemas en la gestión de residuos.
¿Qué problemas se identificaron en el Parque Fotovoltaico Granate?
El Parque Fotovoltaico Granate enfrenta dos cargos graves relacionados con la infraestructura de transmisión eléctrica y el rescate de flora. Se detectaron deficiencias en la protección de aves frente al riesgo de electrocución y problemas en el manejo de geófitas y cactáceas, incluyendo la falta de stock de bulbos para reposición y problemas de demarcación y georreferenciación.
¿Qué medidas se podrían tomar como resultado de los procedimientos sancionatorios?
Los procedimientos sancionatorios podrían derivar en multas, exigencias de corrección y otras medidas previstas en la legislación ambiental chilena. La formulación de cargos es el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio y no equivale todavía a una resolución definitiva de responsabilidad.
