El Primer Tribunal Ambiental confirmó la inadmisibilidad del reclamo presentado por la Ilustre Municipalidad de Caldera en relación a la aprobación ambiental del proyecto portuario CopiaPort-E, una iniciativa de US$450 millones ubicada en la Región de Atacama. La decisión fue adoptada en un fallo dividido y se enmarca en el contexto de la Resolución de Calificación Ambiental N° 202503001139, la cual fue emitida por la Comisión de Evaluación Ambiental de la región.
Impacto de copiaport-e y Legalidad del Proceso
El Tribunal determinó que la reclamación administrativa de Caldera fue correctamente desestimada debido a la *falta de observaciones ciudadanas* durante el proceso de evaluación ambiental. De acuerdo con la sentencia, se llevaron a cabo tres instancias de participación ciudadana, pero la municipalidad no presentó observaciones en ninguna de ellas. Esto fue considerado un factor clave que impidió a la comuna reclamar administrativamente.
El fallo estableció una distinción clara entre las respuestas de la municipalidad, emitidas como órgano de la Administración del Estado con competencia ambiental (OAECA), y las observaciones ciudadanas. Mientras que los pronunciamientos de la OAECA tienen naturaleza y efectos diferentes, las observaciones ciudadanas son un requisito indispensable para poder presentar un reclamo administrativo, como se estipula en el artículo 29 de la Ley N°19.300 de Bases Generales sobre Medio Ambiente.
Repercusiones para el Proyecto CopiaPort-E
CopiaPort-E se plantea como un desarrollo portuario estratégico en Bahía Salado, con capacidad para manejar hasta 10 millones de toneladas de graneles limpios anualmente, y un terminal multipropósito que incluiría 300.000 TEUs al año en contenedores. La inversión total se estima en US$450 millones, lo que lo convierte en un proyecto significativo para la economía de la región.
La decisión del Tribunal ofrece claridad sobre los procesos de participación ciudadana, reafirmando su importancia en el sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile. El ministro presidente, Alamiro Alfaro Zepeda, argumentó que las observaciones ciudadanas son un componente esencial para asegurar la legalidad y la legitimación de los reclamos en el sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA).
Voto Disidente y Opiniones Contrarias
Cabe destacar que el fallo no fue unánime; el ministro Marcelo Hernández Rojas emitió un voto disidente, argumentando que las municipalidades pueden formular observaciones ciudadanas a través de sus pronunciamientos durante el proceso de evaluación. Su postura sugiere que la exigencia de presentar observaciones de manera separada no es natural, abriendo un debate sobre las competencias de las municipalidades y su rol en la evaluación ambiental.
Con esta definición, el Tribunal establece un precedente que podría influir en futuras reclamaciones y en la interacción entre proyectos de inversión y las comunidades locales en el contexto de la regulación ambiental. A medida que CopiaPort-E continúa su avance, queda por verse cómo esta decisión será interpretada por otros actores en el ámbito de la minería y la infraestructura en Chile.
