Caracas espera atraer más de US$100.000 millones en inversiones y elevar la producción a 1,5 millones de barriles diarios. A cambio, Washington obtendría acceso preferente al crudo de 17 campos venezolanos y una participación efectiva del 55% en la sociedad que desarrollará el negocio.
Venezuela apuesta a reactivar su deteriorada industria petrolera mediante un acuerdo con Estados Unidos que comprende 17 campos y cerca de 65.000 millones de barriles de crudo recuperable, equivalentes a aproximadamente una quinta parte de las reservas del país.
El presidente estadounidense, Donald Trump, presentó la operación como el mayor acuerdo petrolero de la historia. Sin embargo, sus condiciones completas todavía no se conocen: los gobiernos no han publicado el contrato, no han identificado oficialmente a todos los operadores ni han explicado cómo se financiarán las inversiones.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo que el convenio permitirá recuperar la producción, incorporar tecnología y aumentar los ingresos fiscales. Washington, por su parte, conseguiría una fuente cercana de petróleo para sus refinerías, su Reserva Estratégica y otras necesidades estatales.
Venezuela busca inversión, tecnología y mayores ingresos
La principal ganancia para Venezuela sería convertir una parte de sus enormes reservas —muchas de ellas todavía bajo tierra— en producción, exportaciones e ingresos fiscales.
Caracas proyecta que el desarrollo de los campos atraerá alrededor de US$100.000 millones en inversiones y generará US$209.300 millones en regalías e impuestos durante la vigencia del acuerdo. El cálculo considera un precio referencial de US$65 por barril y un ingreso aproximado de US$19 para el Estado venezolano por cada barril producido y vendido. Estas cifras corresponden a estimaciones oficiales y dependerán del precio del petróleo, la producción efectiva y la ejecución de los proyectos.
El convenio tendría una duración inicial de 25 años y apunta a desarrollar 17 campos estratégicos, con una meta de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios. Venezuela produce actualmente alrededor de 1,25 millones de barriles por día, muy por debajo de su capacidad histórica.
Rodríguez aseguró que Venezuela conservará la propiedad y soberanía sobre sus recursos. Según su versión, Estados Unidos aportará capital, tecnología y experiencia operativa para recuperar una industria afectada por años de baja inversión, problemas de gestión, sanciones y deterioro de infraestructura.
La apertura también fue acompañada por una flexibilización de las sanciones estadounidenses. El 27 de agosto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos actualizó varias licencias que autorizan operaciones relacionadas con petróleo venezolano, diluyentes, servicios, gas y transacciones con Petróleos de Venezuela.
Estados Unidos obtendría el 55% de la producción efectiva
La principal concesión venezolana sería entregar a Estados Unidos una posición preferente sobre la producción de los campos incluidos en el acuerdo.
Según antecedentes conocidos hasta ahora, Washington tendría una participación efectiva del 55% en la nueva sociedad. Ese porcentaje combinaría una participación accionaria con el derecho a comprar petróleo a precio de costo, aunque todavía no se ha informado cómo se dividirá exactamente cada componente.
El petróleo obtenido podría ser utilizado para recomponer la Reserva Estratégica de Estados Unidos, que se encontraba cerca de su nivel más bajo en 44 años, con unos 290 millones de barriles al 21 de agosto. Trump afirmó que el proceso de reposición comenzaría pronto, pero no explicó cuándo estaría disponible el crudo venezolano.
Washington también ganaría acceso a una fuente de crudo pesado geográficamente cercana. Este tipo de petróleo puede ser procesado por varias refinerías estadounidenses diseñadas específicamente para recibir mezclas pesadas.
El acuerdo mantiene dudas sobre sus plazos y legalidad
Uno de los puntos sin resolver es la duración real del negocio. Rodríguez señaló que el acuerdo bilateral estará vigente durante 25 años, pero funcionarios estadounidenses citados por medios internacionales describieron derechos sobre determinados campos que podrían extenderse por hasta 100 años.
Tampoco se ha informado mediante qué proceso se eligieron los campos y las empresas participantes. El acuerdo no pasó por una licitación competitiva y la identidad del principal operador privado aún no ha sido confirmada oficialmente.
Expertos en energía y abogados venezolanos advirtieron que la falta de transparencia puede aumentar el riesgo para las compañías interesadas. Entre las principales dudas están la legalidad de la estructura, la selección de los operadores, el monto de los impuestos y la posibilidad de que futuros gobiernos cuestionen o modifiquen el convenio.
Venezuela reformó en enero su legislación petrolera para ampliar la participación privada. El nuevo marco permite que empresas privadas asuman la gestión técnica, operativa y financiera de determinados proyectos por su cuenta y riesgo, aunque el Estado debe mantener más del 50% de la propiedad en las empresas mixtas.
La recuperación de la producción tomará años
El acuerdo no garantiza un aumento inmediato de la producción. Gran parte de las reservas se encuentra en la Faja Petrolífera del Orinoco y corresponde a crudo extrapesado, cuya extracción, transporte y refinación requieren instalaciones especializadas.
También será necesario reparar oleoductos, plantas, sistemas eléctricos y operaciones en áreas tradicionales como el lago de Maracaibo. Un análisis técnico citado por Reuters concluyó que explotar completamente las reservas de los 17 campos podría tomar más de 25 años.
Por esta razón, el convenio difícilmente reducirá el precio de los combustibles en Estados Unidos en el corto plazo. Los proyectos petroleros de esta escala requieren años de inversiones antes de alcanzar aumentos significativos de producción.
El balance para Venezuela dependerá, por tanto, de cuánto capital llegue realmente, qué empresas participen, cómo se repartan los ingresos y si el país logra utilizar la renta petrolera para reconstruir su economía. A cambio de esa posibilidad, Caracas concede a Estados Unidos acceso preferente y una influencia considerable sobre una parte relevante de su principal recurso natural.
