La reforma petrolera en Venezuela avanzó este jueves en el Parlamento con la aprobación en primera discusión de una modificación parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una iniciativa del Ejecutivo que apunta a atraer y resguardar inversión privada y extranjera en el corazón del negocio petrolero, en un escenario marcado por el interés de Washington en el crudo venezolano y el retorno de grandes operadoras.
Qué aprobó el Parlamento y qué viene ahora
La Asamblea Nacional dio luz verde al proyecto en su primera etapa legislativa, paso que abre un proceso de consultas y revisión técnica en la Comisión de Energía y Petróleo antes de un segundo debate artículo por artículo en el pleno. El avance fue informado por la propia Asamblea Nacional de Venezuela en su reporte oficial.
En términos prácticos, el texto no entra aún en vigencia: el trámite pendiente es clave porque ahí se cierran redacciones, alcances y eventuales ajustes que definirán el marco operativo para inversión, contratos y controversias.
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Los cambios centrales: apertura en actividades primarias y nuevo esquema de controversias
El proyecto contempla 18 artículos y modifica un punto estructural: las actividades primarias (exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento) podrán realizarse no solo de forma exclusiva o mayoritaria por el Estado, sino también por empresas privadas domiciliadas en Venezuela, bajo contratos con empresas de exclusiva propiedad de la República o sus filiales, según el borrador divulgado por legisladores.
Entre los elementos más relevantes del diseño propuesto, destacan:
Participación de privados domiciliados: se habilita su rol en actividades primarias dentro de contratos con entidades estatales o sus filiales, manteniendo el eje contractual bajo control público.
Mecanismos alternativos de resolución de disputas: se incorpora una vía para que controversias no resueltas “amigablemente” puedan dirimirse en tribunales competentes o mediante mediación y arbitrajes independientes, lo que busca elevar previsibilidad para inversionistas.
Contratos de participación productiva: el debate legislativo apunta a consolidar este tipo de acuerdos, mencionados por autoridades parlamentarias como instrumento para elevar la participación privada y acelerar desarrollos.
Por qué la reforma remueve una ley que viene de 2001 y arrastra un giro de 2006
La Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente fue promulgada en 2001, sustituyendo el marco de 1943, recordado por el esquema “fifty-fifty” (reparto equitativo de ingresos entre Estado y compañías). En 2006, el texto fue reformado para aumentar la participación estatal y el control sobre la actividad petrolera.
El debate actual reabre esa discusión desde el ángulo inversor: se busca un marco que, sin renunciar al diseño estatal del negocio, facilite estructuras operativas capaces de incorporar capital y ejecución privada en un sector con infraestructura deteriorada y metas urgentes de producción.
El factor EE.UU.: inversiones por US$100.000 millones y “protección” para operar
La reforma se discute en un momento en que el Gobierno de Estados Unidos ha elevado su foco sobre Venezuela y su industria energética. En enero, el presidente Donald Trump se reunió en la Casa Blanca con ejecutivos petroleros y planteó incentivos para impulsar inversión privada en el país sudamericano, según reportó The Associated Press en su cobertura del encuentro.
En paralelo, el discurso político y empresarial se ha cruzado con cifras de gran escala. En el seguimiento regional del tema, se ha puesto sobre la mesa la magnitud de capital requerida para reactivar infraestructura y capacidad productiva, un debate que también ha sido abordado en el análisis sobre la apuesta de US$100.000 millones y su impacto potencial en el precio del crudo.
Delcy Rodríguez y el nuevo ciclo institucional 2026-2031
El proyecto fue presentado por el Ejecutivo encabezado por Delcy Rodríguez, en su condición de mandataria encargada, instalada en el centro del nuevo ciclo político tras los movimientos de poder de inicios de enero. El contexto institucional fue descrito por France 24 en su reporte sobre su juramentación como presidenta encargada.
La nueva Asamblea Nacional (período 2026-2031) tiene mayoría chavista y arrancó su agenda legislativa con este texto como primera discusión económica de alto impacto, lo que vuelve a colocar la estructura de negocios petroleros como eje de la relación externa y de la caja fiscal.
Qué puede cambiar en el negocio petrolero: velocidad, garantías y participación privada
En la práctica, el texto apunta a tres objetivos operativos que el oficialismo ha explicitado en su discusión pública:
Acelerar desarrollos en campos no explotados o subdesarrollados, incorporando ejecución privada bajo contratos con vehículos estatales.
Aumentar seguridad jurídica para inversión extranjera y nacional mediante reglas más claras para controversias.
Expandir formatos contractuales para permitir mayor participación privada en la producción sin perder la figura contractual estatal.
El telón de fondo es un mercado donde Venezuela intenta traducir decisiones políticas en flujos reales de inversión y producción. En esa línea, la discusión legislativa se cruza con el tablero comercial que ya viene moviéndose, como se observa en el seguimiento a ventas recientes y reordenamiento del negocio tras el giro político y en el análisis sobre volúmenes y límites del incentivo para petroleras de EE.UU..
