La causa por la muerte de seis trabajadores continúa abierta, con peritajes técnicos, incautaciones y revisión de antecedentes sísmicos y geomecánicos. El proceso también ha abierto interrogantes sobre la gestión de riesgos, la fiscalización y el intercambio de información crítica en la minería subterránea.
A un año del accidente ocurrido en la División El Teniente, la investigación penal todavía no establece públicamente las causas definitivas ni las eventuales responsabilidades por la tragedia que dejó seis trabajadores fallecidos. Mientras avanzan las diligencias encabezadas por la Fiscalía Regional de O’Higgins, los sectores Andesita y Recursos Norte permanecen paralizados, manteniendo restricciones operacionales en una de las faenas más relevantes para la producción de cobre de Codelco.
El hecho ocurrió cerca de las 17:30 horas del 31 de julio de 2025, cuando un evento sísmico de magnitud cercana a 4,2 desencadenó un estallido de roca y derrumbes en sectores interiores de la mina, ubicada en la comuna de Machalí, Región de O’Higgins.
Las víctimas fueron Paulo Marín Tapia, Gonzalo Núñez Caroca, Jean Miranda Ibaceta, Carlos Arancibia Valenzuela, Alex Araya Acevedo y Moisés Pávez Armijo. Todos se desempeñaban para empresas contratistas que prestaban servicios en la operación subterránea.
El accidente provocó la suspensión de las actividades bajo tierra, un amplio despliegue de rescate y el inicio de investigaciones penales, administrativas, laborales y técnicas. El proceso ha incluido inspecciones dentro de la mina, revisión de sistemas de monitoreo, interrogatorios, incautación de equipos electrónicos y análisis de documentación operacional.
Una causa todavía abierta
La Fiscalía Regional de O’Higgins mantiene abierta la investigación destinada a reconstruir las condiciones existentes antes del accidente y determinar si las decisiones operacionales, los protocolos de seguridad y la información geomecánica disponible fueron utilizados de manera adecuada.
Durante los últimos doce meses se han realizado diligencias en instalaciones de Codelco en Santiago y Rancagua, además de procedimientos relacionados con ejecutivos y exejecutivos vinculados a la administración de El Teniente.
El Ministerio Público también trabaja con peritajes especializados para analizar la secuencia sísmica, la respuesta de la roca, la planificación minera, las zonas de exclusión, los sistemas de alerta y la exposición de los trabajadores a sectores con riesgo de estallidos.
La compañía ha respondido durante casi once meses a 30 requerimientos de información y 27 oficios adicionales asociados a la causa. En paralelo, el Servicio Nacional de Geología y Minería ha desarrollado más de 60 inspecciones y fiscalizaciones en terreno desde el accidente.
La magnitud de los antecedentes solicitados refleja la complejidad de una investigación que no solo debe establecer qué ocurrió en el momento del derrumbe, sino también reconstruir los controles adoptados durante los días, meses e incluso años anteriores.
El antecedente del estallido de roca de 2023
Uno de los elementos incorporados a la investigación es un evento ocurrido el 24 de julio de 2023 en la misma división. Ese episodio dejó a un trabajador atrapado, quien posteriormente fue rescatado con vida, y activó revisiones internas sobre las condiciones geomecánicas y la información entregada a las autoridades.
Una auditoría desarrollada después de la tragedia de 2025 detectó inconsistencias y ocultamientos en la forma en que determinados antecedentes técnicos del incidente de 2023 fueron reportados. A partir de esos resultados, Codelco desvinculó a tres altos ejecutivos relacionados con las operaciones, proyectos y administración de El Teniente.
Las diligencias posteriores incluyeron incautaciones de dispositivos electrónicos y revisión de comunicaciones. Los exejecutivos investigados se mantienen en calidad de imputados, sin que hasta ahora se haya comunicado públicamente una formalización.
El vínculo entre ambos acontecimientos es uno de los aspectos sensibles de la causa. La investigación debe determinar si las conclusiones técnicas obtenidas después del episodio de 2023 fueron suficientemente consideradas en la planificación minera y en los sistemas de control utilizados antes del accidente fatal.
También deberá establecerse si existieron desviaciones entre la condición real de determinados sectores de la mina y la información técnica que recibió la autoridad fiscalizadora.
Andesita y Recursos Norte siguen paralizados
Aunque El Teniente recuperó progresivamente parte de sus operaciones después de la emergencia, los sectores Andesita y Recursos Norte continúan paralizados. Ambos estuvieron directamente relacionados con las zonas afectadas por el accidente y permanecen sujetos a restricciones mientras avanzan los peritajes y las evaluaciones de seguridad.
El retorno parcial ha requerido autorizaciones regulatorias, revisiones de riesgos, controles de acceso y medidas adicionales para la gestión de eventos sísmicos. Durante diciembre de 2025, la división logró superar nuevamente las 100 mil toneladas diarias de procesamiento, mientras que en enero de 2026 desarrolló trabajos de mantenimiento con tasas cercanas a 42.500 toneladas diarias.
La recuperación operacional, sin embargo, no equivale a una normalización completa. La imposibilidad de utilizar sectores relevantes obliga a ajustar la secuencia minera, redistribuir equipos, revisar planes de producción y operar con limitaciones en áreas que forman parte del desarrollo futuro de la división.
El accidente tuvo un efecto relevante sobre la producción de cobre de Codelco. La suspensión inicial de las operaciones subterráneas y el reinicio gradual redujeron la extracción en decenas de miles de toneladas, afectando despachos en un periodo marcado por una oferta mundial ajustada.
Sanciones y fallas detectadas
Las fiscalizaciones laborales derivaron en multas contra Codelco y tres empresas contratistas relacionadas con trabajadores fallecidos o lesionados.
Las sanciones aplicadas a las contratistas sumaron aproximadamente US$87.000, mientras que las correspondientes a Codelco alcanzaron cerca de US$20.000. La diferencia responde al sistema de responsabilidades laborales, donde las empresas contratistas mantienen obligaciones directas como empleadores, sin perjuicio de los deberes generales de seguridad que recaen sobre la empresa principal.
Entre las materias observadas aparecieron deficiencias en procedimientos escritos para utilizar las alertas sísmicas al decidir la detención o restricción de trabajos. También se registraron ingresos o preparativos de ingreso a zonas subterráneas mientras se encontraba vigente la suspensión general de actividades.
En el caso de las empresas colaboradoras, las inspecciones identificaron retrasos en la notificación de accidentes, debilidades en la planificación preventiva y asignación de trabajadores a funciones para las que no contaban con las autorizaciones correspondientes.
Las sanciones no determinan por sí solas las causas del derrumbe ni las responsabilidades penales. Sin embargo, incorporan antecedentes sobre la forma en que funcionaban los controles de seguridad, los mecanismos de reporte y la coordinación entre Codelco y sus contratistas.
Información estratégica y límites de la investigación
A comienzos de julio de 2026, el Juzgado de Garantía de Rancagua acogió parcialmente una cautela de garantías presentada por Codelco y limitó algunos requerimientos de información formulados por la Fiscalía.
La controversia se relaciona con antecedentes que la empresa considera estratégicos para su operación. El Ministerio Público ha sostenido que el material requerido se encuentra protegido por el secreto de la investigación y por cláusulas de confidencialidad asociadas a los especialistas técnicos que participan en los peritajes.
La discusión plantea un desafío que puede extenderse a otras investigaciones de alta complejidad industrial: cómo compatibilizar la protección de información sensible de una compañía minera con la obligación de entregar los datos necesarios para esclarecer un accidente fatal.
En una mina subterránea, los modelos geológicos, los registros sísmicos, la ubicación de infraestructura y los diseños de explotación tienen valor técnico y comercial. Al mismo tiempo, pueden resultar indispensables para evaluar si existieron señales previas, decisiones deficientes o controles insuficientes.
Seguridad, contratistas y minería profunda
El caso de El Teniente tendrá consecuencias más amplias que las eventuales responsabilidades individuales. La industria está profundizando sus explotaciones, desarrollando proyectos en roca sometida a mayores esfuerzos y aumentando la dependencia de sistemas de monitoreo geotécnico.
En ese escenario, la gestión de estallidos de roca deja de ser un asunto limitado a la ingeniería y pasa a involucrar comunicaciones, gobernanza, mantenimiento, capacitación y capacidad efectiva para detener una operación.
La tragedia también reabrió el debate sobre las responsabilidades compartidas entre mandantes y empresas contratistas. Los seis trabajadores fallecidos pertenecían a compañías colaboradoras, una condición que obliga a revisar si los estándares, la información crítica y las facultades para suspender tareas se aplican de manera uniforme a toda la dotación presente en la mina.
Codelco ha reforzado procedimientos de reinicio, controles de ubicación de personas, comunicaciones subterráneas, reuniones preventivas al inicio de los turnos y revisión de equipos de protección. La estatal también encargó una evaluación independiente a un grupo de expertos internacionales para estudiar factores técnicos, operacionales y culturales.
A doce meses del accidente, la principal definición sigue pendiente. La industria espera conocer si el derrumbe fue un evento imposible de anticipar con la información disponible o si existieron señales, omisiones o decisiones que pudieron modificar el resultado. Esa respuesta será determinante para El Teniente, pero también para la regulación y operación futura de las minas subterráneas en Chile.