La agenda minera proinversión se instaló como uno de los ejes prioritarios del Gobierno para reactivar el crecimiento del sector, en un escenario donde más de US$17.000 millones en iniciativas ya se encuentran en tramitación ambiental. El biministro de Energía y Minería, Daniel Mas, presentó ante la Cámara de Diputados una hoja de ruta que apunta a reducir la incertidumbre regulatoria, acelerar permisos y fortalecer las etapas tempranas de desarrollo. El diagnóstico oficial advierte que la combinación de burocracia, baja exploración y señales regulatorias poco claras ha limitado la competitividad del país frente a otras jurisdicciones mineras. En este contexto, el Ejecutivo busca reposicionar a Chile no solo como líder en cobre, sino también como un polo relevante en minerales críticos, en línea con la transición energética global. La estrategia, además, incorpora ajustes institucionales y fiscales para incentivar la inversión, con énfasis en destrabar proyectos paralizados o en evaluación.
Exploración minera entra al centro de la política pública
Uno de los cambios estructurales más relevantes es el giro hacia la exploración minera, un segmento históricamente rezagado en Chile. El Gobierno evalúa un paquete de incentivos tributarios y regulatorios orientados a reducir riesgos en las etapas iniciales, donde se concentra la mayor incertidumbre para inversionistas. La propuesta incluye el diseño de instrumentos diferenciados según el tipo de mineral, con especial atención en recursos estratégicos como tierras raras y otros insumos clave para la electromovilidad y energías limpias.
En esta línea, el Ejecutivo analiza la creación de un estatuto especial para proyectos considerados críticos, lo que permitiría simplificar su tramitación y otorgar mayor certeza jurídica. Esta medida se alinea con tendencias internacionales observadas en economías desarrolladas que han priorizado cadenas de suministro seguras para minerales esenciales. La intención es ampliar la matriz minera nacional y reducir la dependencia del cobre, abriendo espacio a nuevas oportunidades de inversión en un contexto global altamente competitivo.
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Reforma a patentes mineras apunta a frenar especulación
Otro eje central de la agenda minera proinversión es la modificación del régimen de patentes mineras. El objetivo es corregir distorsiones que han incentivado la retención de concesiones sin desarrollo efectivo, una práctica que, según el Ejecutivo, afecta la productividad del sector. La reforma busca establecer mecanismos que promuevan la explotación activa de los yacimientos, especialmente en el segmento de pequeña minería.
Entre las medidas en análisis se considera ajustar los costos asociados a mantener pertenencias mineras inactivas, desincentivando la especulación y favoreciendo la rotación de activos hacia proyectos con mayor viabilidad. Esto permitiría dinamizar la cartera de iniciativas y facilitar el ingreso de nuevos actores, contribuyendo a una mayor eficiencia en el uso de recursos geológicos.
Ajustes en ENAMI y Codelco marcan foco institucional
La agenda también contempla cambios en la institucionalidad minera, con énfasis en empresas estatales. En el caso de ENAMI, el Gobierno propone una modernización orientada a mejorar su eficiencia operativa y fortalecer su rol de apoyo a la pequeña y mediana minería. Esto incluye revisar su modelo de negocios, estructura de financiamiento y capacidades de fomento productivo.
En paralelo, se anticipa una evaluación integral de Codelco, considerando su situación financiera y desafíos operacionales. El Ejecutivo no descarta implementar medidas de ajuste que permitan asegurar la sostenibilidad de la estatal en el largo plazo, especialmente en un contexto de altos requerimientos de inversión para mantener niveles de producción.
Transparencia del royalty y vínculo con desarrollo territorial
Finalmente, el uso de los recursos provenientes del royalty minero también será objeto de revisión. La propuesta apunta a fortalecer la transparencia en la asignación de estos fondos, incorporando mecanismos que permitan visibilizar su impacto en infraestructura, servicios públicos y programas sociales en las regiones.
El Gobierno busca así reforzar el vínculo entre minería y desarrollo territorial, respondiendo a una demanda creciente por mayor trazabilidad del aporte económico del sector. Esta línea de acción se complementa con iniciativas previas como la discusión sobre el impacto del royalty en la competitividad, abordada en análisis como el de royalty minero en Chile y su impacto en la inversión, así como el seguimiento a la cartera de proyectos mineros en Chile que continúan en evaluación.
En conjunto, la agenda minera proinversión representa un intento por reactivar el dinamismo del sector mediante ajustes estructurales que combinen incentivos, eficiencia regulatoria y fortalecimiento institucional, en un momento clave para la industria a nivel global.
