El alza de los precios de la energía abrió una presión sobre el programa brasileño Gás do Povo, que entrega gas de cocina gratuito a cerca de 50 millones de personas. Distribuidores, revendedores y analistas advirtieron que el esquema enfrenta costos que hoy no logra absorber.
Presión sobre revendedores y costo del programa
El programa, presentado por Lula como su principal iniciativa energética y que comenzó a implementarse gradualmente en noviembre de 2025, garantiza recargas gratuitas de gas licuado de petróleo para más de 15 millones de familias, con un alcance cercano a 50 millones de personas, de acuerdo con la información publicada por el Gobierno de Brasil sobre Gás do Povo. Para 2026, la proyección oficial de costo del plan es de 5,1 mil millones de reales.
La presión aumentó después de que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán impulsara con fuerza los precios del GLP en Brasil. En ese contexto, una subasta de Petrobras registró primas de hasta el doble de sus precios de referencia, un episodio que el propio Lula dijo que buscaría anular, según informó Reuters.
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Reglas sin ajuste y riesgo de salida del programa
José Luiz Rocha, presidente de la asociación de revendedores Abragas, señaló que los revendedores ya están recibiendo el traspaso del mayor costo, pero las reglas del programa no les permiten cobrar más por ese aumento. “Debido a que el margen de ganancia es pequeño, el revendedor termina perdiendo dinero”, afirmó.
Rocha agregó que varios operadores amenazan con dejar el programa y que el gremio mantiene conversaciones con el gobierno para discutir ajustes de precio. También indicó que quien se incorpora al esquema debe permanecer en él al menos tres meses y que, durante el período contratado, no puede rechazar los vales del beneficio.
A esa presión se suma el alza en los costos logísticos. Una fuente cercana a las distribuidoras indicó que el transporte de cilindros de GLP también se ha encarecido por el aumento del diésel. Un pequeño revendedor del estado de Paraná dijo que ya no logra cubrir sus costos y que planea dejar de aceptar vales, mientras que un operador de gran escala en Brasilia señaló que cerca del 10% de su volumen corresponde al programa y que, sin un reajuste, evalúa boicotearlo.
El experto en energía de la UFRJ, Marcelo Colomer, afirmó que un retraso en los ajustes de precios puede ser normal, pero sostuvo que la volatilidad extrema desde el inicio de la guerra llevó al sector a pedir una revisión de la metodología. “Lo que debe considerarse es un mecanismo extraordinario, quizá asociado al programa, para mitigar este tipo de situaciones”, señaló.
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