El Decreto 748/2026 extendió el alcance del régimen a obras sobre infraestructura ferroviaria existente, incluyendo renovación y duplicación de vías, rehabilitación de ramales, electrificación, señalamiento y nodos logísticos. La medida puede tener impacto directo sobre los costos y capacidad de transporte de los grandes proyectos mineros argentinos.
El Gobierno argentino amplió este martes 18 de agosto el alcance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para incorporar con mayor precisión proyectos destinados a renovar, transformar y ampliar infraestructura ferroviaria existente. La modificación quedó establecida mediante el Decreto 748/2026, que introduce cambios a la reglamentación aprobada originalmente a través del Decreto 749/2024.
El cambio tiene especial relevancia para sectores intensivos en transporte, entre ellos la minería, debido a que permite encuadrar dentro del régimen inversiones que no necesariamente implican construir una línea ferroviaria completamente nueva. A partir de esta modificación, también podrán considerarse intervenciones destinadas a recuperar, sustituir o aumentar la capacidad de infraestructura ya instalada.
La nueva definición contempla, entre otras alternativas, nuevas trazas, duplicación y renovación de vías, rehabilitación de ramales actualmente fuera de operación, electrificación, sistemas de señalamiento y desarrollo de nodos logísticos ferroviarios.
Un cambio relevante para la logística minera
Para la industria minera argentina, uno de los principales efectos potenciales está en la logística de proyectos ubicados a grandes distancias de puertos, centros industriales y mercados de consumo.
El crecimiento de la cartera de cobre, litio y otros minerales en provincias cordilleranas está incrementando la discusión sobre la infraestructura necesaria para acompañar una eventual expansión de la producción. En proyectos de gran escala, el transporte de insumos durante la construcción y posteriormente de concentrados, minerales o productos procesados puede convertirse en una variable determinante para la competitividad.
La ampliación del RIGI abre la posibilidad de estructurar inversiones privadas sobre infraestructura ferroviaria preexistente utilizando el mismo marco diseñado para grandes proyectos industriales, energéticos y mineros.
El régimen fue creado mediante la Ley 27.742 y establece un marco específico para vehículos titulares de proyectos únicos que cumplan sus requisitos, incorporando incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios, además de condiciones de estabilidad para inversiones de largo plazo.
La modificación adquiere además relevancia porque el sistema ferroviario argentino arrastra necesidades de renovación y modernización, mientras el Estado avanza en una mayor participación de capital privado en la infraestructura y operación del transporte de cargas.
Renovar una vía también podrá considerarse inversión nueva
Uno de los aspectos centrales del Decreto 748/2026 es el cambio de criterio respecto de qué debe entenderse por construcción de infraestructura ferroviaria.
La reglamentación amplía ese concepto y deja de limitarlo exclusivamente al desarrollo de infraestructura desde cero. También comprende obras de renovación, sustitución, transformación y desarrollo sobre activos existentes, siempre que produzcan los efectos requeridos por el régimen.
El objetivo regulatorio es distinguir las tareas ordinarias de mantenimiento de aquellas intervenciones capaces de generar un aumento efectivo y comprobable de la capacidad de transporte.
Esto puede resultar decisivo en corredores donde existe una traza ferroviaria, pero su estándar técnico, velocidad, capacidad de carga o estado de conservación no resulta suficiente para atender mayores volúmenes industriales.
En términos mineros, recuperar un ramal inactivo o renovar una vía para soportar mayores cargas puede tener un efecto económico similar al desarrollo de infraestructura nueva: reducir dependencia del transporte carretero, aumentar volúmenes movilizados y mejorar la conexión entre zonas productivas, plantas industriales y puertos.
Capacidad ferroviaria y competitividad
El impacto del cambio no se limita al sector ferroviario.
Los grandes proyectos mineros requieren infraestructura complementaria que puede representar una proporción significativa de su inversión total: líneas eléctricas, caminos, puertos, sistemas de agua, gasoductos y soluciones logísticas forman parte de la ecuación necesaria para transformar un recurso geológico en producción comercial.
En ese contexto, el ferrocarril tiene una ventaja particularmente relevante para operaciones capaces de generar grandes flujos de carga durante varias décadas.
La incorporación de infraestructura ferroviaria existente al RIGI puede facilitar modelos en los que una inversión minera o logística participe en la recuperación de corredores que también sean utilizados por otros sectores productivos.
El efecto potencial es doble. Por una parte, permite reducir costos logísticos para proyectos exportadores. Por otra, aumenta las posibilidades de que una inversión asociada inicialmente a minería termine creando capacidad de transporte disponible para otras actividades económicas.
La normativa ferroviaria argentina ya considera de interés público nacional la renovación y mejoramiento de la infraestructura y reconoce su rol en el transporte de pasajeros y cargas, la conectividad territorial y el desarrollo de las economías regionales.
El RIGI gana peso en la expansión minera argentina
La modificación ocurre mientras el RIGI se consolida como uno de los principales instrumentos utilizados por Argentina para canalizar inversiones de gran escala.
Minería y energía figuran entre los sectores que han concentrado proyectos bajo este régimen. Durante 2026 continuaron aprobándose inversiones vinculadas, entre otros segmentos, a litio, petróleo, gas e infraestructura energética. Un ejemplo es la expansión Fase 1B del proyecto Fénix, encuadrada en el subsector potasio y litio, con US$251,3 millones en activos computables, además de compromisos de contratación de proveedores locales.
El esquema también exige planes de desarrollo de proveedores locales en los proyectos acogidos, con un piso regulatorio equivalente al 20% del monto destinado a proveedores, bienes y obras, bajo las condiciones establecidas por la reglamentación.
La extensión hacia infraestructura ferroviaria permite que el instrumento comience a abarcar no solo las inversiones productivas, sino también parte de la infraestructura habilitante necesaria para llevarlas a escala.
Una señal para los futuros distritos de cobre
El punto será observado especialmente por la minería del cobre.
Argentina mantiene una cartera de proyectos de gran escala cuya eventual entrada en producción elevaría considerablemente las necesidades de transporte en provincias como San Juan, Catamarca y Salta. En varios casos se trata de iniciativas con horizontes operacionales extensos y volúmenes que justifican analizar soluciones logísticas distintas al transporte exclusivamente carretero.
El Decreto 748/2026 no implica que esos proyectos ferroviarios vayan a ejecutarse automáticamente ni determina qué corredores recibirán inversiones. Cada iniciativa deberá estructurarse, acreditar el cumplimiento de las condiciones exigidas y superar el proceso correspondiente para ingresar al régimen.
Sin embargo, elimina una restricción relevante: la existencia previa de una vía ferroviaria ya no impide que una intervención profunda sobre esa infraestructura pueda ser considerada dentro del RIGI.
Para una minería argentina que busca pasar desde una cartera intensiva en proyectos hacia una etapa de mayor producción y exportaciones, la discusión comienza así a desplazarse desde el desarrollo de las minas hacia la infraestructura necesaria para sostenerlas.
La competitividad de los futuros distritos mineros dependerá no solo de leyes minerales, inversiones y permisos. También estará determinada por la capacidad de mover grandes volúmenes de carga de manera eficiente. Con la ampliación del RIGI, el ferrocarril pasa a ocupar un espacio más claro dentro de esa ecuación.
