El Senado argentino analizará el 21 de octubre tres proyectos destinados a regular el cierre y postcierre de explotaciones mineras. Las propuestas contemplan planes obligatorios, respaldo económico para la rehabilitación ambiental y nuevas responsabilidades para las empresas.
El Senado de Argentina iniciará este miércoles 21 de octubre de 2026 el debate de tres proyectos de ley sobre cierre de minas, con el objetivo de establecer reglas nacionales para la recuperación ambiental de los yacimientos una vez finalizada su vida productiva. La discusión incorporará obligaciones de planificación, garantías financieras y mecanismos de fiscalización que podrían modificar los costos y responsabilidades de las compañías que desarrollan proyectos mineros en el país.
La revisión legislativa estará a cargo de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, reunidas en un plenario previsto para las 15:00 horas en el Palacio Legislativo argentino.
La iniciativa adquiere relevancia en un escenario de expansión de la cartera minera del país, especialmente en proyectos de cobre, oro y litio, donde los compromisos ambientales de largo plazo representan una variable relevante para la evaluación económica de nuevas inversiones.
Actualmente, Argentina contempla obligaciones relacionadas con el cierre de operaciones mediante su legislación ambiental minera y las exigencias establecidas por las provincias. Sin embargo, no dispone de un régimen nacional integral y uniforme que determine procedimientos, garantías financieras y responsabilidades específicas para todas las etapas del cierre y postcierre.
La discusión apunta precisamente a definir esas condiciones, sin eliminar las competencias provinciales sobre la gestión de los recursos minerales y las autorizaciones ambientales.
Tres proyectos buscan establecer nuevas obligaciones para las mineras
El debate legislativo contempla iniciativas impulsadas por representantes de distintas provincias argentinas, con enfoques que coinciden en la necesidad de fortalecer la planificación del cierre de las operaciones extractivas.
Las propuestas corresponden a los siguientes expedientes:
- S-285/25: presentado por Antonio Rodas, establece presupuestos mínimos de protección ambiental para el cierre de minas.
- S-257/26: impulsado por Flavio Fama y Edith Terenzi, plantea incorporar un régimen específico de cierre de minas al Código de Minería.
- S-525/26: promovido por Lucía Corpacci, desarrolla obligaciones y procedimientos relacionados con los planes de cierre de las explotaciones mineras.
Aunque presentan diferencias en sus mecanismos de aplicación, las tres propuestas buscan incorporar mayor precisión respecto de las responsabilidades que deben asumir los titulares mineros cuando una operación termina sus actividades.
Uno de los elementos centrales es que las empresas deberán contemplar las actividades de cierre desde las primeras etapas de planificación, en lugar de definirlas únicamente cuando el yacimiento se aproxime al agotamiento de sus reservas económicamente explotables.
Esto implica identificar anticipadamente los trabajos necesarios para asegurar instalaciones, estabilizar estructuras, rehabilitar áreas intervenidas y establecer procedimientos de seguimiento ambiental.
Los textos también abren la discusión sobre la actualización periódica de los planes, considerando que las condiciones operacionales de una mina pueden cambiar durante su vida útil.
Las exigencias definitivas dependerán del contenido que avance en las comisiones legislativas y de su posterior aprobación parlamentaria.
Garantías financieras podrían modificar los costos de inversión minera
Uno de los aspectos económicos más relevantes del debate corresponde a la constitución de garantías destinadas a financiar las actividades de cierre.
El objetivo es asegurar que los recursos necesarios para ejecutar las medidas ambientales estén disponibles incluso si una compañía enfrenta dificultades financieras, incumple sus obligaciones o deja de operar.
Para las empresas mineras, este mecanismo supone incorporar compromisos financieros vinculados con la rehabilitación ambiental dentro de la planificación económica de sus proyectos.
El impacto dependerá de cómo se determine el valor de las garantías, qué instrumentos financieros sean aceptados y con qué frecuencia deban actualizarse los montos comprometidos.
Las alternativas pueden incluir instrumentos de respaldo financiero y mecanismos de administración de recursos, cuya utilización específica deberá quedar establecida en la legislación que eventualmente se apruebe.
Desde el punto de vista de la inversión, estas condiciones son relevantes porque pueden influir en las necesidades de financiamiento y en la disponibilidad de capital durante el desarrollo de una explotación.
También tienen implicancias para la evaluación de riesgos ambientales y financieros, particularmente en proyectos de gran escala cuya operación puede extenderse durante varias décadas.
Una cuestión pendiente será determinar el tratamiento de las minas que ya se encuentran operando y las condiciones aplicables a proyectos que ingresen al sistema después de la entrada en vigencia de una eventual ley.
Chile y Perú ofrecen experiencias para el cierre de faenas
La discusión argentina tiene como referencia los sistemas regulatorios aplicados en otros países productores de minerales, especialmente Chile y Perú.
En Chile, la Ley N.º 20.551 sobre Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras, vigente desde 2012, estableció un marco específico para planificar y ejecutar las medidas necesarias al finalizar las operaciones.
La legislación exige que las compañías cuenten con planes aprobados por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), considerando procedimientos diferenciados en función de las características y escala de cada operación.
En el procedimiento general, las empresas deben constituir garantías financieras destinadas a respaldar el cumplimiento de las obligaciones comprometidas.
El sistema chileno también considera un fondo de postcierre para financiar actividades de seguimiento y control posteriores al término de la operación, cuando corresponda.
En Perú, la Ley N.º 28.090 regula los planes de cierre de minas y establece obligaciones de rehabilitación, garantías financieras y seguimiento ambiental.
Ambos países han incorporado el cierre minero como una responsabilidad que debe planificarse durante la vida del proyecto, y no exclusivamente en su etapa final.
Para Argentina, estas experiencias representan antecedentes técnicos relevantes, aunque la adaptación de sus mecanismos deberá considerar las particularidades de su organización federal y las facultades de las provincias.
Las provincias mineras enfrentan nuevas definiciones regulatorias
El eventual establecimiento de una legislación nacional tendrá implicancias para provincias con actividad minera relevante, como San Juan, Santa Cruz, Catamarca, Jujuy y Salta.
En estos territorios se concentran operaciones y proyectos vinculados con la producción de oro, plata y litio, además de iniciativas de cobre en distintas etapas de evaluación y desarrollo.
Una regulación sobre cierre de minas podría introducir mayores exigencias para los titulares de proyectos, especialmente respecto de los costos de rehabilitación, la constitución de garantías y el seguimiento posterior al término de las operaciones.
Sin embargo, las provincias argentinas mantienen competencias fundamentales sobre sus recursos naturales y la administración de las autorizaciones mineras.
Esta distribución de responsabilidades será uno de los elementos que deberá resolver el Congreso para evitar superposiciones entre la legislación nacional y las disposiciones provinciales.
Santa Cruz, por ejemplo, cuenta con la Ley N.º 3.751, que establece un marco provincial específico para el cierre de minas.
En otras jurisdicciones existen regulaciones ambientales y obligaciones relacionadas con las distintas etapas de la actividad extractiva, aunque no necesariamente bajo procedimientos equivalentes.
La eventual legislación nacional deberá determinar los estándares mínimos aplicables y la forma en que las autoridades provinciales fiscalizarán su cumplimiento.
Participación ciudadana y seguimiento posterior al cierre
Además de las garantías económicas, los proyectos legislativos incorporan elementos vinculados con la gestión ambiental de largo plazo.
Entre ellos figura la posibilidad de establecer mecanismos de participación ciudadana que permitan a las comunidades conocer los planes de cierre y presentar observaciones durante determinadas etapas del procedimiento.
La discusión también contempla la necesidad de mantener controles sobre instalaciones y áreas rehabilitadas después del término de las actividades productivas.
El postcierre puede incluir seguimiento de la estabilidad física de estructuras mineras, condiciones ambientales y medidas destinadas a prevenir riesgos asociados con instalaciones que permanecen en el territorio.
Estas obligaciones adquieren especial relevancia cuando una faena cuenta con depósitos de relaves, botaderos de estériles, excavaciones u otras instalaciones que requieren medidas de estabilidad y control.
La duración de las actividades de seguimiento dependerá de las características del proyecto, los riesgos identificados y las exigencias que establezcan las autoridades competentes.
Una regulación específica también permitiría precisar las condiciones bajo las cuales una empresa puede acreditar el cumplimiento de sus obligaciones y solicitar el término de determinadas responsabilidades.
El debate legislativo será relevante para futuras inversiones mineras
La discusión prevista para el 21 de octubre constituye una etapa inicial del proceso legislativo y no implica que las nuevas exigencias estén aprobadas.
Los proyectos deberán avanzar mediante el análisis técnico y político de las comisiones, la elaboración de eventuales modificaciones y las votaciones parlamentarias correspondientes.
Para las compañías que evalúan inversiones mineras en Argentina, el resultado tendrá implicancias sobre la planificación financiera, la evaluación ambiental y la estimación de los costos totales de sus operaciones.
El cierre de una mina representa una obligación económica que puede extenderse más allá de la etapa de generación de ingresos. Por ello, su consideración temprana influye en los modelos de inversión y en las decisiones sobre diseño, infraestructura y desarrollo de los yacimientos.
Al mismo tiempo, establecer garantías y procedimientos verificables puede reducir la incertidumbre sobre la ejecución de las obras comprometidas y las responsabilidades frente a eventuales incumplimientos.
El tratamiento legislativo deberá resolver aspectos fundamentales, entre ellos el alcance de las obligaciones para operaciones existentes, los criterios para calcular garantías y la coordinación entre las autoridades nacionales y provinciales.
El principal desafío será transformar las exigencias ambientales de cierre en reglas técnicamente aplicables, financieramente respaldadas y compatibles con el desarrollo de nuevos proyectos mineros.
El avance de estas iniciativas será seguido por operadores, inversionistas y autoridades provinciales, en un momento en que Argentina busca ampliar su participación en los mercados internacionales de cobre, litio y metales preciosos.
REDIMIN Responde
¿Cuándo analizará el Senado argentino los proyectos sobre cierre de minas?
El Senado argentino analizará los proyectos sobre cierre de minas el 21 de octubre de 2026.
¿Qué aspectos contemplan los proyectos de ley sobre cierre de minas en Argentina?
Los proyectos de ley contemplan planes obligatorios, respaldo económico para la rehabilitación ambiental y nuevas responsabilidades para las empresas mineras.
¿Qué comisiones del Senado argentino estarán a cargo de la revisión legislativa sobre cierre de minas?
Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable estarán a cargo de la revisión legislativa.
¿Qué impacto económico podrían tener las garantías financieras para el cierre de minas en Argentina?
Las garantías financieras podrían modificar los costos de inversión minera al asegurar que los recursos para medidas ambientales estén disponibles, lo que implica compromisos financieros dentro de la planificación económica de los proyectos.
¿Qué experiencias internacionales se consideran en la discusión sobre cierre de minas en Argentina?
Se consideran las experiencias de Chile y Perú, donde existen leyes específicas que regulan el cierre de minas, estableciendo planes de cierre, garantías financieras y seguimiento ambiental.
