Una amplia y diversa coalición de académicos, intelectuales, exautoridades públicas, dirigentes sociales, trabajadores, científicos y juristas hizo un llamado a la Contraloría General de la República para que se abstenga de tomar razón de la resolución que busca aprobar los contratos los contratos Tarar–SQM, destinados a viabilizar el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama, argumentando que «vulnera el interés nacional» y compromete el «patrimonio estratégico» de Chile.
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La solicitud, plasmada en una carta dirigida a la Contralora General, Dorothy Pérez, sostiene que la decisión en manos del organismo de control no es meramente administrativa, sino de carácter histórico y con consecuencias irreversibles para la soberanía económica del país.
«En sus manos, señora Contralora, está el destino del litio chileno y la posibilidad de que el próximo gobierno pueda definir un modelo de desarrollo verdaderamente nacional, con legitimidad social, transparencia y beneficio público» indicaron.
Cabe señalar que tras conseguir todas las aprobaciones necesarias a nivel internacional, a
nivel local, sólo resta la toma de razón de los os contratos firmados por Tarar —filial de Codelco— con la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), documentos que otorgan los derechos de explotación desde 2031. Este trámite fue iniciado a mediados de septiembre y debe concluir antes de la plena entrada en vigencia del acuerdo.
Un acuerdo ilegal que vulnera el interés nacional
En la misiva, los firmantes plantearon que consideran firmemente que «el acuerdo entre Codelco y SQM vulnera el interés nacional, compromete el patrimonio estratégico de Chile» por lo que insisten en que «debe ser anulado por la Contraloría de la República en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales».
El núcleo de este rechazo se centra en la ilegalidad del pacto, ya que «es contrario al ordenamiento constitucional y legal vigente, ya que entrega a un privado derechos de explotación sobre una sustancia expresamente reservada al Estado».
«El litio es un bien inalienable, imprescriptible, exclusivo y no concesible, conforme al Decreto Ley Nº 2.886 y al artículo 19 Nº 24 de la Constitución. Ni Codelco ni Corfo tienen atribuciones para otorgar concesiones, anticipar contratos o comprometer pertenencias mineras a favor de SQM hasta 2060. El acuerdo implica una cesión anticipada de bienes estratégicos sin ley habilitante, vulnerando el artículo 63 Nº 10 de la Constitución, que exige ley para la enajenación, arrendamiento o concesión de bienes del Estado y contraviniendo los artículos 6° y 7° que obligan a los órganos públicos a actuar dentro de su competencia, sancionando con nulidad de derecho público todo acto dictado al margen de ella. Este acuerdo carece de validez desde su origen, pues constituye una enajenación encubierta del litio y compromete la soberanía del Estado sobre un bien natural estratégico sin cumplir las exigencias constitucionales ni legales», argumentaron las voces académicas y sociales.
Indicaron que el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama. carece de validez desde su origen, «pues constituye una enajenación encubierta del litio y compromete la soberanía del Estado sobre un bien natural estratégico sin cumplir las exigencias constitucionales ni legales».
Dimensión estratégica y económica: Una pérdida multimillonaria
La misiva destaca que en la actualidad el litio es considerado el corazón de la transición energética mundial y es parte esencial para la fabricación de baterías, almacenamiento energético, inteligencia artificial, uso militar y sistemas satelitales.
Al respecto, enfatiza la posición única de Chile, que posee «más del 30% de las reservas mundiales» del mineral y alerta sobre lo que califica como un mal negocio para el país.
«El acuerdo entre Codelco y SQM mantiene hasta 2030 la operación en manos de esta última y extiende su control en conjunto con Codelco hasta el año 2060, configurando una privatización encubierta del litio», señala el texto.
«Se trata de un contrato que consolida la pérdida del 49,9% de las rentas que genera la explotación del Salar de Atacama, regalando casi la mitad de las reservas disponibles a una empresa privada que ha sido investigada por financiamiento ilegal de la política y delitos tributarios», plantea.
De acuerdo con la coalición de académicos, dirigentes sociales, científicos y juristas, mediante esta operación, el Estado de Chile «no solo renuncia a su rol rector sobre un recurso estratégico, sino que además hipoteca la posibilidad de industrialización nacional y desarrollo tecnológico propio».
Las cifras expuestas en la misiva son alarmantes y los firmantes contrastan el acuerdo con una operación en Argentina para la extracción del mineral.
«Según antecedentes públicos comparables, la minera Rio Tinto pagó 6.700 millones de dólares solo por acceder a la explotación de litio en Argentina, un proyecto de menor envergadura que el Salar de Atacama. Bajo condiciones de licitación transparente, Chile podría haber obtenido cifras similares o superiores como pago inicial, además de mantener la propiedad mayoritaria del recurso. En cambio, el acuerdo con SQM implica para el país una pérdida estimada superior a los 20.000 millones de dólares solo por la posibilidad de firmar el contrato», señalan.
Sin embargo, la proyección a largo plazo es aún más impactante. «A ello se le agregan recursos estimados entre 46.000 millones de dólares y 360.000 millones de dólares, dependiendo del precio internacional de la tonelada de litio», el cual figura en los 10.000 dólares por tonelada en el escenario más conservador y 80.000 dólares por tonelada en un escenario de alto valor.
El documento reflexiona sobre el uso que podría darle el Estado a de estos recursos en beneficio de los chilenos.
«Esas cifras podrían financiar hospitales, universidades públicas, la industrialización de todos los sectores productivos del país, un sistema nacional de cuidados, pensiones dignas, inversión en ciencia aplicada, entre otros aspectos», plantea, al tiempo que cuestiona que en lugar de ello, se consolidan rentas privadas millonarias que permiten perpetuar la histórica transferencia de riqueza desde el Estado hacia un grupo económico.
Además, critica la ausencia de una licitación pública, lo que habría impedido al Estado «seleccionar al mejor socio estratégico, con tecnología limpia, transferencia tecnológica obligatoria e industrialización en territorio nacional». En su lugar, afirman, «el acuerdo reproduce el viejo patrón extractivista: exportar materias primas baratas y comprar productos industrializados más caros, renunciando a construir una matriz productiva sofisticada y sustentable».
Falta de legitimidad democrática y patrón extractivista
La carta también aborda una dimensión política, destacando que la decisión que tiene que tomar Dorothy Pérez como máxima autoridad de control de la administración pública, coincide con las elecciones presidenciales, cuya segunda vuelta se realizará el próximo 14 de diciembre,.
«Todos los candidatos presidenciales, sin excepción, han declarado públicamente su rechazo a este acuerdo. A días de una elección presidencial decisiva, es evidente que el país no acepta este pacto extractivista heredado y carece de legitimidad republicana», se lee en el texto.
«A días de una elección presidencial decisiva, es evidente que el país no acepta este pacto extractivista heredado y carece de legitimidad republicana. No puede un gobierno saliente, con apoyo político minoritario y sin mandato soberano, comprometer a Chile durante 30 años en materia de recursos estratégicos y de patrimonio nacional. Solo la Contraloría puede corregir esta situación y permitir que la decisión sea tomada con legitimidad por el próximo gobierno y con participación de la ciudadanía «, argumentan los firmantes
«Contralora: usted tiene en sus manos una decisión de trascendencia histórica»
El documento concluye con un llamado urgente a la máxima autoridad de el entre contralor a no tomar razón del acuerdo Codelco–SQM, considerando que «Chile no resiste más decisiones que hipotequen su futuro».
«Con una deuda pública que alcanza el 42% del PIB, el país necesita fortalecer sus ingresos estructurales, no regalarlos. El litio puede ser la base de una recuperación económica robusta, capaz de financiar derechos sociales, infraestructura pública y desarrollo científico. Sin embargo, ello solo será posible si su explotación se realiza bajo control estatal, o con licitación pública para la participación minoritaria, con tecnología de extracción directa que reduzca el daño ambiental y con cláusulas obligatorias de encadenamiento productivo, creando industrias, empleo de calidad y agregando valor en Chile», expone la misiva.
«Señora Contralora: usted tiene en sus manos una decisión de trascendencia histórica. Puede impedir la captura privada de un recurso estratégico que pertenece al pueblo de Chile. Puede impedir que se repita con el litio lo que ya ocurrió con el salitre y el cobre durante décadas: riqueza para unos pocos, desigualdad para las mayorías», plantea.
Según los académicos y dirigentes sociales con su decisión, Pérez puede devolver a Chile la oportunidad de construir un modelo de desarrollo soberano, con justicia social y dignidad para sus trabajadores»
«Puede en definitiva impedir que el litio se convierta en el nuevo saqueo de nuestra historia» afirmaron.
En su solicitud indicaron que tomando en consideración los antecedentes expuestos, «resulta indispensable que la Contraloría General se abstenga de tomar razón de la resolución que pretende aprobar los Contratos TARAR- SQM, que permiten el acuerdo entre Codelco y SQM, toda vez que estos contratos adolecen de vicios esenciales que afectan su validez, la ausencia de un acto administrativo previo que fundamente el trato directo, la generación de un perjuicio fiscal cuantificado en más de 20.000 millones de dólares y la pérdida irreparable del 49% de las reservas de litio del Salar de Atacama»
Con este llamado, pelota queda ahora en la cancha de la Contraloría General, cuya decisión podría redefinir el futuro de la principal riqueza mineral del siglo XXI en Chile.
