La crisis interna por la corrección de cifras de producción en Codelco escaló desde el ámbito administrativo hacia el político y sindical. La estatal confirmó que más de 6 mil trabajadores y ejecutivos deberán devolver cerca de US$14,3 millones asociados a bonos pagados por cumplimiento de metas de producción durante 2025, luego de que una auditoría interna detectara una sobreestimación cercana a 27 mil toneladas de cobre fino. El episodio abrió cuestionamientos sobre los mecanismos de control interno de la cuprífera y elevó la presión sobre el directorio encabezado por Máximo Pacheco.
La controversia ocurre en momentos en que la minera intenta recuperar sus niveles productivos tras varios años de retrocesos operacionales y altos compromisos financieros. De acuerdo con antecedentes revelados por La Tercera, parte del material contabilizado como producción final no cumplía con los protocolos técnicos y comerciales internos exigidos para ser considerado producto terminado. Tras la corrección, la producción de Codelco correspondiente a 2025 bajó desde 1,33 millones de toneladas a poco más de 1,30 millones, equivalente a un ajuste cercano al 2%.
El episodio también volvió a poner bajo escrutinio la gobernanza de la minera estatal, en medio de un escenario donde la industria sigue observando el desempeño financiero y operacional de la compañía, especialmente tras iniciativas recientes relacionadas con la renovación del directorio de Codelco.
Diputados endurecen críticas y delinean investigación parlamentaria
La posibilidad de conformar una comisión investigadora en la Cámara de Diputados comenzó a tomar fuerza luego de las primeras reacciones de parlamentarios integrantes de la Comisión de Minería. El presidente de la instancia, Cristian Tapia (PPD), apuntó directamente a responsabilidades ejecutivas por la sobreestimación de producción y descartó atribuir culpa a los trabajadores.
La diputada Valentina Cáceres (IND-FA) sostuvo que una eventual investigación deberá enfocarse en determinar posibles fallas graves de control interno, responsabilidades del directorio y los mecanismos mediante los cuales se validaron las cifras corregidas posteriormente. En la misma línea, Paula Olmos (PDG) enfatizó que el Congreso debe esclarecer si existieron omisiones deliberadas en los sistemas de control de la compañía.
Desde la oposición, el diputado Erich Grohs (PNL) pidió revisar la trazabilidad financiera de los bonos pagados y establecer qué ejecutivos autorizaron desembolsos asociados a metas que finalmente no se habrían cumplido. A ello se sumó Daniel Valenzuela (RN), quien confirmó la solicitud de una sesión especial para abordar el caso y revisar además los gastos corporativos y la situación financiera de la minera.
Las críticas surgen en un momento especialmente delicado para la estatal, que continúa enfrentando desafíos estructurales relacionados con productividad, deuda y ejecución de proyectos. En paralelo, Codelco mantiene procesos estratégicos ligados a sus nuevas vacantes y reorganización interna en distintas divisiones, elementos que ahora podrían verse afectados por el deterioro del clima interno.
Sindicatos advierten movilizaciones por devolución de bonos
El anuncio de devolución de recursos también tensionó la relación entre la administración y los sindicatos de la estatal. El dirigente del sindicato N°1 de Chuquicamata y representante de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Alberto Muñoz, advirtió públicamente que los trabajadores no fueron responsables de los errores detectados y cuestionó la falta de diálogo previo con la administración.
“Estamos en alerta y si tenemos que llegar a la movilización, la vamos a hacer”, afirmó el dirigente en declaraciones a Radio ADN, reflejando el creciente malestar en algunas divisiones operativas.
Las diputadas Cáceres y Olmos coincidieron en que la devolución no puede transformarse en una carga automática para los trabajadores sin considerar responsabilidades jerárquicas y mecanismos de negociación. Ambas plantearon la necesidad de establecer mesas de diálogo que permitan evitar un conflicto sindical de mayor escala.
La postura más crítica frente a posibles paralizaciones provino desde el diputado Grohs, quien calificó como ilegítima cualquier presión gremial orientada a evitar la restitución de fondos. Daniel Valenzuela, en tanto, intentó equilibrar ambas posiciones señalando que los trabajadores no son responsables del desorden administrativo, aunque insistió en que los recursos deben regresar a las arcas fiscales.
El episodio amenaza con transformarse en uno de los conflictos corporativos más complejos que ha enfrentado la estatal en los últimos años, justo cuando la industria chilena intenta fortalecer la confianza inversionista y acelerar proyectos estratégicos vinculados a producción de cobre y minerales críticos. En ese contexto, el mercado sigue atento a la evolución financiera y operacional de Codelco y a las señales que pueda entregar el Congreso respecto a eventuales responsabilidades políticas y administrativas.