La trama bielorrusa vuelve a tensionar a Codelco tras la ampliación de una querella criminal que apunta a exautoridades políticas y actores del ámbito jurídico por presuntos delitos de soborno y lavado de activos. La acción judicial, ingresada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, involucra a los exdiputados Gabriel Silber y Aldo Cornejo, además de la secretaria María Pía Peñaloza. Según la estatal, los hechos se vinculan con una causa judicial que derivó en el pago de más de $18 mil millones al consorcio Belaz Movitec, en un proceso que hoy está bajo la lupa del Ministerio Público. El caso se produce en medio de un complejo escenario institucional para la minera, marcado por cambios en su gobernanza y crecientes exigencias de transparencia.
Acusaciones de soborno y coordinación indebida
En la querella, Codelco acusa a Silber y Cornejo como coautores del delito consumado de soborno, mientras que a Peñaloza la sindica como cómplice y autora de lavado de activos en su modalidad de ocultamiento de fondos ilícitos.
De acuerdo con los antecedentes, los imputados habrían intervenido indebidamente en la tramitación judicial que enfrentó la estatal con el consorcio Belaz Movitec. La causa culminó con un fallo adverso para Codelco, obligando al pago millonario que hoy es objeto de investigación penal.
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El documento judicial sostiene que existió una coordinación para obtener beneficios económicos a partir del resultado del litigio, lo que habría implicado acciones fuera del marco legal en distintas etapas del proceso.
El rol de los exdiputados en la causa
En el caso de Gabriel Silber, la querella lo sitúa como participante activo en reuniones clave durante la tramitación del recurso judicial. Según su propia declaración ante Fiscalía, habría estado presente en una instancia donde se anticipó un fallo favorable al consorcio.
Además, se le atribuye haber recibido transferencias por más de $65 millones, provenientes de honorarios asociados al litigio financiado con los recursos que Codelco pagó tras el fallo.
Por su parte, Aldo Cornejo es acusado de actuar de facto como representante del consorcio bielorruso. Entre las pruebas mencionadas figuran mensajes enviados a Máximo Pacheco, en los que advertía sobre la inminencia de un fallo desfavorable para la estatal y sugería una salida negociada.
Cornejo habría recibido al menos $44 millones por su participación en las gestiones vinculadas al caso.
Operaciones financieras y lavado de activos
La querella también detalla el presunto rol de María Pía Peñaloza en la gestión de los fondos obtenidos. Según la acusación, habría coordinado operaciones para convertir los dineros en dólares y facilitar su entrega a terceros.
Estas acciones habrían involucrado a operadores externos, incluyendo casas de cambio, con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los recursos. Este elemento configura el delito de lavado de activos en su modalidad de ocultamiento, uno de los cargos más graves dentro de la investigación.
Impacto institucional y escenario para Codelco
El caso se suma a una serie de desafíos que enfrenta Codelco en materia de gobernanza y reputación. La investigación no solo podría derivar en sanciones penales para los involucrados, sino que también abre cuestionamientos sobre los mecanismos de control interno y la relación con asesores externos.
Este episodio ocurre en paralelo a los cambios en la conducción de la estatal, en un momento donde el Gobierno busca reforzar la gestión y recuperar la confianza en la principal empresa minera del país.
En un contexto donde Chile juega un rol clave en el suministro global de cobre, situaciones como esta ponen de relieve la importancia de fortalecer la institucionalidad y asegurar estándares de transparencia acordes a la relevancia estratégica del sector.
