Propuesta estará conformada por Marubeni y Transelec, dejando a Techint en un rol de constructor y prestador de servicios, apartado de responsabilidad directa con la estatal.
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En diciembre se cumplirá un año desde que Codelco sorprendió a la industria al cancelar la adjudicación del proyecto para construir una planta desalinizadora para abastecer sus operaciones del norte, que implica inversiones por US$ 1.000 millones. Esto, a sólo un mes de haber elegido como ganador al consorcio MTT (Marubeni-Transelec-Techint) liderado por la japonesa.
Desde entonces, más dudas que respuestas han marcado el futuro de la iniciativa, que pese a los contratiempos estaría hoy ad portas de comenzar a materializarse.
En medio de las dudas que despertó la abrupta decisión de noviembre, mientras se hacía público que días después de que el consorcio resultara ganador, uno de sus integrantes, Techint, estaba mencionada en una querella criminal presentada por ENAP por supuestas irregularidades en un proyecto de exploración petrolera en Argentina, la estatal anunció una nueva licitación.
Esta vez, apelando a que era necesario introducir cambios menores en el diseño y nuevos requerimientos de probidad y transparencia. De hecho, fue el propio presidente de la minera, Octavio Araneda, quien anunció semanas después en el Congreso que en marzo se presentarían las bases de un nuevo proceso. Pero el plan no despegó.
En completo hermetismo, Codelco comenzó a analizar diversas opciones para darle vida al proyecto, desestimando la idea de un nuevo concurso que podría tomar del orden de dos años en un escenario en que cada día la escasez hídrica se agudiza. Por ello, una de las alternativas era reconsiderar la propuesta de noviembre bajo ciertas consideraciones. Esa discusión interna finalizó y, según trascendió, la cuprífera fue un paso más allá y definió reactivar la fallida licitación y reformular el consorcio ganador.
Fuentes comentan que desde mayo se comenzó a trabajar formalmente en la apuesta de la estatal que implica tanto cambios en el consorcio como en el proyecto.
En el primer caso, se decidió reformular el consorcio dejando sólo a dos de los tres actores originales: Marubeni y Transelec. Y aunque Techint perdió el sitial, seguirá encargado de la ingeniería y construcción del proyecto, ya que figurará como prestador de servicios al consorcio y no tendrá relación directa con Codelco.
Así, el nuevo rol de la firma no sólo desligaría a Codelco de eventuales problemas de probidad, que podrían detonar a futuro, sino que también obligará a distribuir de forma distinta el capital, ya que Techint aportaba el 20%. Actualmente, esa es la discusión, y el consorcio está conversando respecto del liderazgo y de los aportes de cada empresa.
Mientras, fuentes comentan que las modificaciones al proyecto apuntan a extender el abastecimiento a otras divisiones adicionales a las ya contempladas. Un conocedor de las negociaciones reconoce que, con el resultado de la licitación, la verificación de antecedentes y de corregir algunos elementos, se retomará el proceso, aunque formalmente aún no está todo firmado. Pese a que restarían algunos ajustes aún, se espera que en no más allá de tres meses se selle este hito que además dará empleo en la zona en el marco del cierre de carboneras y un complejo ambiente económico que instauró el Covid-19.
Consultada, Codelco declinó referirse al respecto.
No desahuciar el proyecto
Respecto a la evolución de esta iniciativa, el ministro de Minería, Baldo Prokurica, reconoció que “Codelco tomó la decisión de retomar y no desahuciar definitivamente el proyecto de desaladora”. Según explicó, entre algunas de las razones, porque a pesar que habían conversado con algunas empresas el arriendo de agua, la megasequía era un problema relevante que, además, no le permite soportar los poco más de dos años que demoraría una nueva licitación.
Consultado sobre las lecciones que deja el proceso en torno a la licitación de la megadesaladora, el secretario de Estado sostuvo que “no nos parece que proyectos de estas dimensiones, ya sea que participen en todo o en parte empresas del Estado, no tengan la fiscalización de mérito y las aprobaciones que sí tienen que tener los proyectos mineros”. Esto, porque no se trata directamente de una iniciativa minera, ya que no pasa por la luz verde de Cochilco. Esta situación, recalca, es abordada en el proyecto de reforma a Cochilco y -espera- pueda ser corregida.
En esa línea, para Prokurica, “al chileno en la calle, al chileno común y también a cualquiera, no le parece que este tipo de proyectos pasen por el lado y no tengan la información de mérito que hace Cochilco que es medirlo desde el punto de vista de la rentabilidad y después fiscalizar su ejecución y ver si se cumplieron los objetivos que tuvo el proyecto originalmente”.
