El Tribunal Administrativo de Ibagué, la capital del departamento colombiano de Tolima, ratificó la prohibición de la minería en el municipio de Cajamarca, respaldando así el resultado del referéndum de 2017 sobre el tema.
Un golpe para AngloGold Ashanti
La decisión del tribunal afecta directamente al proyecto de oro La Colosa de AngloGold Ashanti, el cual fue rechazado por la población en la consulta popular. Descubierto en 2006, La Colosa tiene una estimación de 12 millones de onzas de recursos. Sin embargo, estudios han demostrado que su desarrollo representaría graves amenazas para el medio ambiente y los habitantes locales, poniendo en riesgo una cuenca fluvial y reduciendo el suministro de agua para la agricultura y el consumo.
Respuesta ciudadana y validez legal
En respuesta a estas alertas, el Comité de Cajamarca Promotor de la Consulta Popular organizó el referéndum minero en 2017, en el que 6.165 votos de un total de 9.296 rechazaron la minería en la zona, especialmente La Colosa. Desde entonces, el proyecto se encuentra en situación de fuerza mayor.
El Consejo Municipal de Cajamarca validó los resultados del referéndum y emitió el Acuerdo No. 003 de 2017, que prohíbe las actividades de exploración y explotación minera en el municipio. La reciente decisión del tribunal ratifica así la validez de dicho acuerdo.
Fallo judicial y llamado a la acción
Según el juez, la demanda presentada por Vallejo no logró demostrar motivación falsa ni violación de las normas. El demandante argumentó que fallos posteriores de la Corte Constitucional de Colombia invalidaron el Acuerdo No. 003 de 2017 al limitar el alcance de los referéndums populares.
Sin embargo, la Coalición Judicial para la Defensa de Cajamarca declaró en un comunicado de prensa que, aunque los fallos de la Corte Constitucional no son retroactivos, es imposible ignorar un mecanismo de participación ciudadana adoptado bajo regulaciones anteriores. En su opinión, este fallo protege el mandato ciudadano y exige a las autoridades nacionales implementar efectivamente los resultados de la consulta, actualizando así las políticas públicas relacionadas con las evaluaciones ambientales y las concesiones mineras.