El órgano ambiental revisó cuatro iniciativas por US$735,5 millones y mantuvo la aprobación de proyectos portuarios, solares y sanitarios. La señal apunta a reducir pendientes en una cartera clave para inversión, energía e infraestructura.
El Comité de Ministros volvió a mover una cartera relevante de inversión en Chile. En su sexta sesión bajo la actual administración, la instancia revisó cuatro proyectos con recursos de reclamación pendientes, por una inversión estimada de US$735,5 millones, y elevó a más de US$6.941,2 millones el monto asociado a iniciativas revisadas en menos de tres meses.
Según informó el Servicio de Evaluación Ambiental, el comité mantuvo la calificación ambiental favorable de tres proyectos: Copiaport-E, Parque Solar Fotovoltaico Tamarico Fase II y la continuidad operacional del Relleno Sanitario Los Ángeles. En paralelo, confirmó la calificación desfavorable del proyecto Punta Puertecillo, en la Región de O’Higgins.
Qué resolvió el Comité de Ministros
La decisión implica que tres iniciativas conservaron su Resolución de Calificación Ambiental favorable, luego de la revisión de reclamaciones pendientes. En términos prácticos, esto permite despejar una etapa administrativa relevante para proyectos que combinan infraestructura portuaria, energía renovable y gestión sanitaria.
El proyecto de mayor monto revisado fue Copiaport-E, iniciativa ubicada en la Región de Atacama, con una inversión estimada de US$450 millones. La obra considera infraestructura portuaria en las comunas de Caldera y Copiapó, una zona estratégica para la actividad minera y logística del norte del país.
También se mantuvo la aprobación del Parque Solar Fotovoltaico Tamarico Fase II, en la comuna de Vallenar, Región de Atacama. La iniciativa contempla una inversión de US$250 millones y una potencia nominal de 159,6 MWac, con energía destinada al Sistema Eléctrico Nacional.
El tercer proyecto con calificación favorable ratificada fue la continuidad operacional del Relleno Sanitario Los Ángeles, en la Región del Biobío, con una inversión de US$15,5 millones. La iniciativa busca extender la vida útil del centro integral de tratamiento de residuos.
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El proyecto que mantuvo rechazo ambiental
El Comité de Ministros también revisó la reclamación del titular del proyecto Punta Puertecillo, una iniciativa inmobiliaria de US$20 millones ubicada en la comuna de Litueche, Región de O’Higgins.
En este caso, la instancia decidió mantener la calificación ambiental desfavorable. El proyecto buscaba regularizar obras de habilitación, construcción de equipamientos y operación de una parcelación rural.
La resolución marca un punto relevante: el avance de la cartera no implica aprobación automática de todos los proyectos, sino revisión caso a caso de los recursos pendientes dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Por qué importa para la inversión en Chile
El dato más relevante está en la velocidad de revisión. De acuerdo con el SEA, en menos de tres meses el Comité de Ministros ha revisado 16 proyectos que mantenían reclamaciones pendientes, asociados a una inversión superior a US$6.941,2 millones.
Para empresas, regiones y sectores productivos, estas definiciones son clave porque reducen incertidumbre regulatoria y permiten conocer si una iniciativa puede seguir avanzando, debe ajustar su desarrollo o queda definitivamente fuera por razones ambientales.
En el actual escenario económico, el destrabe de proyectos tiene impacto directo en inversión privada, empleo, demanda de servicios, obras de infraestructura y generación de actividad en regiones. En Atacama, por ejemplo, las decisiones sobre Copiaport-E y Tamarico Fase II apuntan a sectores sensibles para la zona: logística, minería, energía y encadenamientos productivos.
El punto clave para empresas y comunidades
Aunque las resoluciones agilizan una parte de la cartera, las empresas titulares todavía deben cumplir las exigencias ambientales, sectoriales y administrativas que correspondan antes de ejecutar obras o ampliar operaciones.
Para las comunidades, el seguimiento también es importante. Las reclamaciones revisadas por el Comité de Ministros forman parte del sistema institucional que permite cuestionar, complementar o pedir revisión de decisiones ambientales, especialmente cuando existen observaciones de participación ciudadana o controversias territoriales.
La señal para el mercado es clara: el Gobierno busca acelerar la revisión de proyectos pendientes, pero las decisiones seguirán dependiendo del mérito ambiental de cada caso. Para hogares, trabajadores y empresas, el efecto práctico estará en si estas inversiones logran transformarse en obras, empleo y actividad económica regional durante los próximos meses.
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