Antonio Saavedra, asesor jurídico de la firma Belaz -parte del consorcio CBM junto con la chilena Movitec- explicó que con esto se busca insistir en una respuesta a la solicitud de intervención firmada por Bielorrusia.
Hace unas semanas el Gobierno de Bielorrusia decidió enviar una carta a la Cancillería chilena para solicitar su apoyo en la resolución de diferencias entre el consorcio CBM -conformado por la chilena Movitec y la estatal bielorrusa Belaz- y la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), luego de que la minera diera por terminado de manera anticipada el contrato de movimiento de tierras asociado al proyecto Rajo Inca.
El consorcio se adjudicó la licitación en marzo de 2021, y al poco andar, evidenció brechas asociadas a las metas de gestión establecidas, produciendo -según acusan desde la cuprífera- un retraso de doce meses en la materialización de las obras, y un deterioro en la producción que se calcula podría llegar a un rango de 90 mil a 100 mil toneladas entre 2023 y 2025.
La estatal además apuntó a incumplimientos legales en materia de seguridad «cuyo punto de quiebre fue el accidente fatal en julio de 2022 que costó la vida del trabajador Rubén Trigo».
Producto del origen estatal de la empresa Belaz, propietaria de camiones de alto tonelaje, se dio a conocer una carta firmada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Bielorrusia en la que solicita la intervención de parte de la Cancillería chilena en el conflicto.
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«Considerando que la continuación y el desarrollo de la cooperación en el suministro de maquinaria de minería es de interés nacional tanto para Bielorrusa como para Chile, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Bielorrusia agradecería al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile su asistencia en la creación de las condiciones necesarias para resolver las diferencias que han surgido entre los socios de Bielorrusia y Chile», señala el escrito de dos carillas emanado desde Minsk.
Sin embargo, según pudo constatar Emol, dicha petición aún no recibe réplica.
Es por ello que, a modo de insistencia, Antonio Saavedra, abogado y asesor jurídico de Belaz, ingresó una solicitud a través de la Ley de Lobby para sostener una audiencia con el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, a propósito de la diligencia Gobierno bielorruso.
«La Cancillería bielorrusa entiende que una nota diplomática sobre un tema en particular al menos debiera ser contestada, tomada razón de la misma, y dar siquiera alguna derivación o recepción para recabar antecedentes, cosa que al día de hoy no ha existido. Más aún cuando los ejecutivos de Bielorrusa vinieron a Chile» Antonio Saavedra, abogado y asesor jurídico de Belaz
En conversación con este medio, Saavedra explicó que la intención es reclamar por no recibir respuesta a la primera petición firmada por Bielorrusia. «La Cancillería bielorrusa entiende que una nota diplomática sobre un tema en particular al menos debiera ser contestada, tomada razón de la misma, y dar siquiera alguna derivación o recepción para recabar antecedentes, cosa que al día de hoy no ha existido. Más aún cuando los ejecutivos de Bielorrusa vinieron a Chile», sostuvo el abogado.
«Al día de hoy no hemos tenido respuesta sobre el particular. No ha habido ninguna reacción», acotó.
La Ley de Lobby establece que la autoridad deberá pronunciarse dentro de tres días hábiles sobre la solicitud de audiencia.
Fuente: Emol.com
