
La Contraloría General de la República no dio curso al Decreto con Fuerza de Ley (DFL) N.º 2 de 2026, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que buscaba adecuar los procedimientos administrativos de distintos sectores a la Ley N.º 21.770, conocida como Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. La decisión consta en el oficio N.º OF216544/2026, fechado el 12 de noviembre, cuya representación quedó registrada el 13 de noviembre. El organismo identificó nueve grupos de reparos jurídicos que impiden dar curso al instrumento en los términos presentados.
El decreto había ingresado a revisión el 30 de septiembre y contemplaba modificaciones a diversas normas relacionadas con la tramitación de permisos para proyectos de inversión. Entre sus objetivos figuraban establecer plazos máximos de resolución, regular las causales de suspensión de procedimientos y adecuar disposiciones sobre silencio administrativo. Sin embargo, Contraloría concluyó que varias de las modificaciones propuestas excedían o contravenían la habilitación legal otorgada al Ejecutivo.
Contraloría cuestiona informes eléctricos y plazos de concesiones geotérmicas
Uno de los reparos más relevantes para el sector energético corresponde a la modificación del artículo 47 de la Ley General de Servicios Eléctricos, vinculada con la autorización para transferir concesiones de servicio público de distribución. El decreto proponía otorgar carácter esencial al informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE) dentro de ese procedimiento. No obstante, Contraloría advirtió que no existía una justificación suficiente para reconocer esa condición únicamente al pronunciamiento de la CNE y excluir al de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), considerando que ambas instituciones intervienen legalmente en la tramitación.
En materia geotérmica, el organismo observó una modificación al artículo 19 de la Ley N.º 19.657, que regula las concesiones de energía geotérmica. La propuesta incorporaba una nueva causal de suspensión del plazo máximo para resolver solicitudes, pero no precisaba adecuadamente cómo debía operar. Tampoco establecía con claridad si el cómputo del plazo se reanudaría automáticamente una vez vencido el período correspondiente. Para Contraloría, estas indefiniciones debían corregirse a fin de asegurar una regulación clara y aplicable.
Reparos también alcanzan a aguas, telecomunicaciones y otros permisos
Las observaciones se extienden a otras materias relevantes para el desarrollo de inversiones, particularmente aquellas relacionadas con el Código de Aguas. Contraloría cuestionó la falta de precisión sobre determinadas causales de suspensión de plazos y su relación con los tiempos máximos establecidos para resolver procedimientos. También solicitó revisar la concordancia entre distintas disposiciones sobre solicitudes ante la Dirección General de Aguas (DGA), incluyendo los momentos en que los interesados pueden hacer valer el silencio administrativo.
En telecomunicaciones, el organismo objetó una modificación que atribuía a la Subsecretaría de Telecomunicaciones la facultad de dar traslado a las oposiciones de terceros en solicitudes de concesión. Según el oficio, esa competencia corresponde al ministro de Transportes y Telecomunicaciones y no puede modificarse mediante la delegación legislativa utilizada. Asimismo, se formularon reparos a disposiciones sobre servicios sanitarios, urbanismo y construcción, especialmente respecto de la vigencia de determinadas normas, garantías exigidas a los solicitantes y procedimientos administrativos.
El pronunciamiento también incluye observaciones relativas a la Ley Indígena y a las normas sobre administración y disposición de bienes fiscales. En ambos casos, Contraloría identificó problemas de precisión jurídica en las disposiciones propuestas, particularmente sobre suspensiones y reanudaciones de plazos. Estas objeciones se suman a las formuladas en electricidad y geotermia, impidiendo que el DFL produzca los efectos legales previstos.
¿Qué ocurre ahora con la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales?
La representación de Contraloría afecta específicamente al DFL N.º 2 de 2026, por lo que no supone la derogación ni la suspensión general de la Ley N.º 21.770. Esta última fue publicada en el Diario Oficial el 29 de septiembre de 2025 y contempla una implementación gradual de sus disposiciones. Su objetivo es modernizar la tramitación de permisos sectoriales mediante reglas comunes, coordinación institucional y herramientas de digitalización.
De hecho, otros instrumentos de implementación de la ley ya superaron el control de legalidad. Entre ellos figura el DFL N.º 1 de 2026, publicado el 30 de octubre, que modificó el calendario de incorporación de procedimientos al Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales (SUPER). Ese decreto es distinto del instrumento que ahora fue objetado y mantiene su propio régimen de aplicación.
En consecuencia, el Ejecutivo deberá subsanar los reparos formulados si busca continuar con las adecuaciones legales contenidas en el DFL rechazado. Para los sectores minero y energético, la decisión deja pendientes los ajustes procedimentales incluidos en ese instrumento, sin significar una paralización automática de los proyectos ni de los permisos que se tramitan conforme a las normas vigentes. El siguiente paso dependerá de la reformulación del texto y de su correspondiente revisión de legalidad.
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¿Por qué la Contraloría General de la República no dio curso al DFL N.º 2 de 2026?
La Contraloría General de la República no dio curso al DFL N.º 2 de 2026 debido a nueve grupos de reparos jurídicos que impiden su aprobación en los términos presentados. Estos reparos incluyen modificaciones que exceden o contravienen la habilitación legal otorgada al Ejecutivo.
¿Qué modificaciones al sector energético fueron cuestionadas por la Contraloría?
La Contraloría cuestionó la modificación del artículo 47 de la Ley General de Servicios Eléctricos, que proponía otorgar carácter esencial al informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE) en la autorización para transferir concesiones de servicio público de distribución. También observó una modificación al artículo 19 de la Ley N.º 19.657 sobre concesiones de energía geotérmica, debido a indefiniciones en la suspensión y reanudación de plazos.
¿Qué observaciones hizo la Contraloría respecto al Código de Aguas?
La Contraloría cuestionó la falta de precisión sobre las causales de suspensión de plazos y su relación con los tiempos máximos para resolver procedimientos en el Código de Aguas. También solicitó revisar la concordancia entre disposiciones sobre solicitudes ante la Dirección General de Aguas (DGA) y el uso del silencio administrativo.
¿Qué ocurre con la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales tras la decisión de la Contraloría?
La representación de Contraloría afecta específicamente al DFL N.º 2 de 2026, pero no supone la derogación ni la suspensión general de la Ley N.º 21.770. La ley sigue vigente y contempla una implementación gradual de sus disposiciones, con otros instrumentos ya superando el control de legalidad.
¿Qué debe hacer el Ejecutivo tras los reparos de la Contraloría al DFL N.º 2 de 2026?
El Ejecutivo deberá subsanar los reparos formulados por la Contraloría si busca continuar con las adecuaciones legales contenidas en el DFL rechazado. Esto implica reformular el texto y someterlo a una nueva revisión de legalidad.














