
Las cooperativas eléctricas chilenas plantearon la necesidad de modernizar la regulación de distribución y actualizar los mecanismos tarifarios para garantizar la sostenibilidad del suministro en sectores rurales. La solicitud fue abordada durante el VIII Seminario del Sector Cooperativo Eléctrico, realizado el 13 de noviembre en la Reserva Biológica Huilo Huilo, Región de Los Ríos. El encuentro, organizado por la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas (Fenacopel) y la Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán (Copelec), reunió a representantes del sector y autoridades del Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
Las organizaciones participantes representan una parte importante del abastecimiento eléctrico rural, con una cobertura cercana a los 236.000 clientes y redes que se extienden por aproximadamente 25.000 kilómetros. Según los antecedentes del encuentro, sus operaciones abarcan 55 comunas, donde la dispersión geográfica, las dificultades de acceso y la exposición a condiciones climáticas adversas representan desafíos para mantener la continuidad del servicio. Estas características también obligan a destinar recursos a inspección, mantenimiento preventivo y recuperación de infraestructura después de interrupciones.
Cooperativas piden reconocer los costos de mantener redes rurales
Uno de los principales planteamientos estuvo relacionado con la necesidad de que las tarifas eléctricas reconozcan las condiciones en que operan las distribuidoras rurales. A diferencia de las zonas urbanas, donde una menor extensión de tendido puede abastecer a numerosos consumidores, las cooperativas deben mantener largos tramos de infraestructura para atender localidades con menor densidad poblacional. Esta situación plantea mayores exigencias de mantenimiento por cliente y dificulta la reposición del suministro cuando se producen daños asociados a temporales, caída de árboles u otros eventos extremos.
El presidente de Fenacopel, Jaime Ugarte, solicitó avanzar en la implementación de las reliquidaciones tarifarias correspondientes al período 2020-2024, contempladas en la Ley N.º 21.833 de Protección Tarifaria Eléctrica. También planteó que el proceso tarifario 2024-2030 debe reconocer adecuadamente los costos asociados a las obligaciones de calidad, seguridad y continuidad del servicio. La preocupación del gremio apunta a que las exigencias regulatorias estén acompañadas de mecanismos de remuneración compatibles con las inversiones y los gastos necesarios para cumplirlas.
La discusión adquiere relevancia en el contexto de la reforma de redes eléctricas impulsada por el Ministerio de Energía. La iniciativa busca actualizar las condiciones regulatorias aplicables a la distribución y transmisión, incorporando criterios relacionados con la calidad del suministro, la modernización tecnológica y la seguridad de la infraestructura. El proceso participativo comenzó en septiembre de 2026 y considera la elaboración de una propuesta legislativa durante el primer trimestre de 2027. Por ahora, se trata de una discusión regulatoria y no de una modificación tarifaria ya aprobada como resultado del seminario.
SEC presenta fiscalización con inteligencia artificial
Otro de los temas centrales fue la modernización de los procedimientos de supervisión que deben cumplir las cooperativas. La superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, presentó un modelo de fiscalización que incorpora inteligencia artificial y aprendizaje automático para mejorar el procesamiento de información y facilitar el control regulatorio. La propuesta apunta a reducir cargas administrativas sin disminuir las exigencias de seguridad y calidad del servicio. Durante la discusión, el gerente general de Cooprel, Christian Egli, planteó la conveniencia de avanzar hacia mecanismos que permitan entregar información una sola vez y evitar reportes duplicados.
Esta orientación forma parte de una transformación tecnológica más amplia de la SEC, que durante 2026 informó avances en el uso de inteligencia artificial para analizar reclamos, revisar documentos de facturación y procesar antecedentes relacionados con interrupciones del suministro. El organismo también ha incorporado sistemas automatizados para identificar riesgos y priorizar determinadas actividades de fiscalización. Sin embargo, la presentación del modelo en Huilo Huilo no equivale por sí sola a su implementación completa en todas las cooperativas eléctricas.
Reforma deberá considerar las particularidades de cada territorio
El secretario ejecutivo de la CNE, Carlos Barría, participó en el encuentro y abordó la necesidad de considerar las diferencias territoriales en el desarrollo de infraestructura eléctrica. La autoridad destacó la importancia de contar con instalaciones adecuadas para entregar un suministro eficiente y de calidad en sectores rurales. Esta perspectiva adquiere especial relevancia para las cooperativas que atienden localidades aisladas, donde las distancias y las características geográficas condicionan las operaciones de distribución.
El debate dejó planteados desafíos relacionados con el financiamiento de la infraestructura, la actualización de las tarifas y la simplificación de los procesos de fiscalización. Para las cooperativas, el objetivo es que la futura regulación contemple las particularidades de las redes rurales y permita sostener las inversiones necesarias para mejorar la continuidad del suministro. Los próximos avances dependerán de las definiciones que adopte el Ministerio de Energía en la reforma de redes y de la aplicación de los mecanismos tarifarios establecidos en la legislación vigente.
REDIMIN Responde
¿Qué necesidad plantearon las cooperativas eléctricas chilenas en el VIII Seminario del Sector Cooperativo Eléctrico?
Plantearon la necesidad de modernizar la regulación de distribución y actualizar los mecanismos tarifarios para garantizar la sostenibilidad del suministro en sectores rurales.
¿Cuántos clientes y kilómetros de redes abarcan las cooperativas eléctricas rurales en Chile?
Las cooperativas eléctricas rurales en Chile abarcan una cobertura cercana a los 236.000 clientes y redes que se extienden por aproximadamente 25.000 kilómetros.
¿Qué solicitó el presidente de Fenacopel, Jaime Ugarte, respecto a las tarifas eléctricas?
Solicitó avanzar en la implementación de las reliquidaciones tarifarias correspondientes al período 2020-2024 y que el proceso tarifario 2024-2030 reconozca adecuadamente los costos asociados a las obligaciones de calidad, seguridad y continuidad del servicio.
¿Qué modelo de fiscalización presentó la superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza?
Presentó un modelo de fiscalización que incorpora inteligencia artificial y aprendizaje automático para mejorar el procesamiento de información y facilitar el control regulatorio, con el objetivo de reducir cargas administrativas sin disminuir las exigencias de seguridad y calidad del servicio.
¿Qué destacó el secretario ejecutivo de la CNE, Carlos Barría, sobre el desarrollo de infraestructura eléctrica?
Destacó la necesidad de considerar las diferencias territoriales en el desarrollo de infraestructura eléctrica para entregar un suministro eficiente y de calidad en sectores rurales, especialmente en localidades aisladas donde las distancias y características geográficas condicionan las operaciones de distribución.














