El Ministerio de Energía inició un proceso de trabajo técnico y territorial que se extenderá hasta diciembre. La futura iniciativa abordará inversiones, generación distribuida, participación de los usuarios, transmisión y nuevas tecnologías de monitoreo de las redes.
El Ministerio de Energía comenzó a definir los contenidos de una reforma a las redes eléctricas de Chile, con la meta de completar durante los próximos meses el trabajo prelegislativo e ingresar un proyecto de ley al Congreso durante el primer trimestre de 2027. La iniciativa busca actualizar la regulación de la distribución y transmisión ante los cambios tecnológicos y operacionales que ha experimentado el sistema eléctrico durante las últimas décadas.
El proceso es encabezado por la ministra de Energía, Ximena Rincón, y contempla mesas técnicas y regionales en las que participarán organismos públicos, empresas, asociaciones gremiales, académicos, municipios y especialistas del sector.
La cartera pretende utilizar los resultados de estas instancias para elaborar una propuesta conceptual hacia fines de 2026 y posteriormente transformarla en el proyecto que será sometido a discusión legislativa.
Cuatro ejes para modificar las redes eléctricas
Aunque el articulado todavía no está definido, el Ministerio estableció cuatro áreas principales de trabajo sobre las cuales se desarrollará la reforma.
La primera corresponde a la inversión eficiente y el desempeño de las redes de distribución, con énfasis en determinar qué infraestructura será necesaria para responder al crecimiento de la demanda, la incorporación de nuevas tecnologías y las exigencias de calidad y continuidad del suministro.
El segundo eje apunta a la gestión activa de las redes y los recursos energéticos distribuidos. Este ámbito cobra mayor relevancia ante la expansión de sistemas solares domiciliarios, baterías, electromovilidad y otros equipos capaces de consumir, almacenar o incluso inyectar electricidad al sistema.
El tercer componente considera las señales económicas y la participación de los usuarios, en un escenario donde los clientes eléctricos están dejando de ser únicamente consumidores para asumir un papel más activo dentro del sistema.
El cuarto eje aborda el uso eficiente y desarrollo de la transmisión, junto con el aprovechamiento de infraestructura existente, la incorporación de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de las capacidades de monitoreo.
Monitoreo en tiempo real entra al debate
Una de las materias que el Gobierno pretende incorporar a la discusión es el desarrollo de sistemas que permitan conocer con mayor precisión y rapidez qué ocurre en las redes eléctricas.
La idea apunta a que tanto usuarios como empresas puedan disponer de mayor información sobre consumo, interrupciones y funcionamiento de la infraestructura, permitiendo detectar fallas con mayor rapidez y mejorar los tiempos de respuesta.
Rincón ha evitado centrar esta discusión exclusivamente en el concepto de “medidores inteligentes”, que generó controversia en Chile durante debates anteriores. El planteamiento actual es más amplio y considera un sistema de monitoreo en línea asociado a redes digitalizadas y usuarios con una participación creciente en la generación y gestión de su propia energía.
La modernización tecnológica adquiere especial importancia debido al avance del Net Billing, la generación solar residencial, los sistemas de almacenamiento y otras soluciones que permiten que una vivienda o empresa pueda no solo consumir electricidad, sino también producirla e inyectarla a la red.
Ocho mesas técnicas y cuatro encuentros regionales
El cronograma contempla el inicio de la primera mesa técnica el 30 de septiembre, seguida por una primera instancia zonal el 1 de octubre.
En total se proyectan ocho mesas técnicas y cuatro regionales, estas últimas en las regiones de Los Lagos, La Araucanía, Metropolitana y Atacama. El objetivo será recoger propuestas y detectar problemas que presentan características diferentes dependiendo del territorio.
El trabajo participativo se prolongará hasta fines de año. La Comisión Nacional de Energía confirmó que el proceso considera desafíos relacionados con la integración de energías renovables, el almacenamiento energético, la electrificación de consumos y la necesidad de contar con infraestructura capaz de entregar un suministro seguro y de calidad.
El proceso tendrá además apoyo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) y asistencia técnica del Banco Mundial. Entre los especialistas vinculados al trabajo se encuentran académicos y profesionales con experiencia en regulación y planificación de sistemas eléctricos.
Municipios entran a la discusión
Otro de los temas que deberá abordar la reforma es la relación entre las empresas distribuidoras y los municipios frente a problemas que afectan la continuidad del servicio.
La caída de árboles y ramas sobre líneas eléctricas ha expuesto diferencias respecto de las responsabilidades de mantención del entorno de las redes, particularmente durante sistemas frontales y otros eventos meteorológicos que pueden provocar interrupciones prolongadas.
El Ministerio incorporó a los municipios al proceso para analizar cómo funcionan en la práctica las responsabilidades actualmente establecidas y determinar si se requieren modificaciones o mecanismos de coordinación adicionales.
El debate cobra relevancia después de episodios de cortes eléctricos que han puesto bajo presión tanto a las distribuidoras como a los organismos públicos encargados de fiscalizar y gestionar infraestructura urbana.
Una regulación frente a un sistema eléctrico distinto
El argumento utilizado por el Ejecutivo para impulsar la reforma es que buena parte de las bases del régimen eléctrico chileno fueron diseñadas hace más de cuatro décadas, cuando tecnologías actualmente presentes en el sistema prácticamente no existían.
La expansión de paneles solares, baterías, vehículos eléctricos, centros de datos y sistemas digitales está cambiando las exigencias que enfrentan las redes. Al mismo tiempo, el crecimiento de las energías renovables y del almacenamiento obliga a revisar cómo se planifica, opera y remunera la infraestructura necesaria para transportar y distribuir electricidad.
El proceso iniciado en septiembre todavía corresponde a una etapa de elaboración y discusión técnica, por lo que los contenidos definitivos dependerán de las propuestas recogidas durante los próximos meses.
El calendario oficial contempla completar esta fase hacia diciembre. A partir de ese trabajo, el Ministerio de Energía espera elaborar el texto legislativo y presentarlo al Congreso durante el primer trimestre de 2027, abriendo una nueva etapa para una reforma que podría modificar la forma en que se planifican, financian, operan y monitorean las redes eléctricas del país.
