El Gobierno del Presidente José Antonio Kast expuso este martes 20 de octubre, durante la inauguración de Expo FOREDE 2026 en Copiapó, una agenda de modernización regulatoria que busca reducir de 55 a aproximadamente 30 los procedimientos asociados a seguridad minera. La iniciativa forma parte de una estrategia para disminuir cargas administrativas, acelerar la tramitación de proyectos y facilitar inversiones en una industria que mantiene una cartera proyectada superior a US$104.000 millones hacia 2034.
La propuesta fue abordada por el subsecretario y ministro subrogante de Minería, Álvaro González, ante representantes empresariales, autoridades regionales y ejecutivos del sector reunidos en el Parque El Pretil, donde se desarrolla la décima edición del encuentro organizado por la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (CORPROA).
Durante su exposición, González presentó los principales componentes del plan minero 2026-2030, estructurado en tres prioridades: mejorar las condiciones regulatorias para invertir, modernizar los procedimientos administrativos y fortalecer las capacidades de las instituciones responsables de supervisar la actividad.
La modificación que busca reducir las autorizaciones de seguridad minera
Uno de los puntos centrales de la presentación fue la reorganización de los permisos contemplados en el Reglamento de Seguridad Minera, normativa que establece obligaciones técnicas para el desarrollo y funcionamiento de las faenas.
El Ejecutivo plantea eliminar duplicidades, integrar autorizaciones y reemplazar determinados procedimientos por mecanismos administrativos alternativos. El objetivo es reducir las exigencias de tramitación sin modificar las obligaciones fundamentales de seguridad que deben cumplir los operadores.
Aunque durante Expo FOREDE se presentó la reducción de 55 a 30 permisos, el Ministerio de Minería había detallado en agosto una estructura más específica: 13 permisos sectoriales y 18 técnicas habilitantes alternativas, estas últimas basadas en declaraciones juradas.
La diferencia es relevante porque no todas las autorizaciones desaparecen. Parte de ellas se sustituye por instrumentos que permiten acreditar el cumplimiento de requisitos mediante declaraciones del titular, sujetas a las condiciones legales correspondientes y a las facultades de fiscalización del Estado.
La modificación reglamentaria fue ingresada a la Contraloría General de la República en agosto de 2026. Su sola presentación ante ese organismo no supone que todas las disposiciones propuestas se encuentren vigentes.
Por esta razón, el alcance efectivo de la simplificación dependerá del texto definitivo, su entrada en vigor y los procedimientos que establezca el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) para aplicarla.
El Gobierno también busca modificar las reglas de evaluación ambiental
La agenda presentada en Copiapó contempla otras medidas destinadas a modificar el funcionamiento del sistema regulatorio minero.
Entre ellas figura la revisión de los criterios de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), particularmente los umbrales utilizados para determinar cuándo determinadas actividades productivas y de exploración deben someterse a evaluación.
El Gobierno ha planteado aumentar algunos límites aplicables a proyectos de extracción y campañas de exploración, con el argumento de adecuar las exigencias administrativas a la escala de las iniciativas.
Estos cambios corresponden a una línea de trabajo distinta de la modificación del Reglamento de Seguridad Minera. Su aplicación dependerá de los procedimientos regulatorios correspondientes y no supone una eliminación general de las obligaciones ambientales.
A ello se agrega el proyecto de ley que modifica el régimen de patentes mineras, presentado anteriormente por el Ejecutivo para simplificar el acceso a beneficios y revisar el esquema de cobros progresivos.
La iniciativa busca facilitar la actividad de pequeños y medianos productores, además de incentivar el desarrollo de concesiones y nuevos programas de exploración.
En conjunto, estas medidas apuntan a intervenir distintas etapas del ciclo minero, desde la exploración hasta la construcción y continuidad operacional de los yacimientos.
La inversión minera proyectada supera los US$104.000 millones
Durante la inauguración, Álvaro González también destacó las cifras de inversión que sustentan las expectativas de crecimiento del sector.
La autoridad sostuvo que, desde el 11 de marzo de 2026, han ingresado al sistema de evaluación ambiental proyectos mineros por más de US$24.500 millones.
El monto corresponde a iniciativas presentadas para su evaluación y no debe interpretarse como inversión ya ejecutada, autorizada o comprometida definitivamente por las compañías.
La cifra nacional de más de US$104.000 millones hacia 2034 tiene como referencia la cartera de inversiones mineras 2025-2034 de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), publicada en diciembre de 2025.
Ese catastro identificó proyectos por US$104.549 millones, frente a los US$83.180 millones registrados en la cartera del período anterior. La variación representó un incremento de 25,7% en los montos proyectados.
Sin embargo, el informe distingue diferentes niveles de certeza sobre la materialización de las inversiones.
Aproximadamente el 41% del monto corresponde a proyectos clasificados como base, mientras que cerca del 40% pertenece a iniciativas potenciales, que presentan mayores incertidumbres técnicas, ambientales o financieras.
Esto significa que la cartera constituye una proyección de oportunidades de inversión y no una garantía de desembolsos durante los próximos años.
La capacidad para transformar esos proyectos en nuevas operaciones dependerá de autorizaciones, infraestructura, condiciones económicas, financiamiento y decisiones corporativas.
Atacama exige infraestructura para concretar sus proyectos
La discusión sobre permisos adquirió especial relevancia en Copiapó por las perspectivas de inversión de la Región de Atacama y las limitaciones que enfrenta para sostener una expansión productiva.
El presidente de CORPROA, Juan José Ronsecco, planteó durante la inauguración que el desarrollo regional requiere superar tanto las dificultades regulatorias como las brechas de infraestructura.
El dirigente gremial situó las perspectivas regionales de inversión minera en torno a US$30.000 millones hacia 2030, con un potencial estimado de aproximadamente 26.000 empleos directos adicionales.
Estas cifras corresponden a proyecciones de CORPROA, sujetas a la ejecución de los proyectos y a la disponibilidad de condiciones que permitan desarrollar nuevas operaciones.
Entre las necesidades identificadas figuran la disponibilidad energética, la vivienda para trabajadores, la formación técnico-profesional y el mejoramiento de la conectividad vial, aérea y portuaria.
En ese contexto, el Presidente Kast abordó las gestiones para avanzar en la licitación de tramos pendientes de la Ruta 5 Norte hacia Antofagasta, uno de los asuntos prioritarios para el transporte y la actividad productiva regional.
La discusión expuso que reducir procedimientos administrativos no resolverá por sí solo las limitaciones de infraestructura que enfrentan los proyectos mineros.
La seguridad minera permanece como una exigencia central
La presentación gubernamental también incorporó la situación de seguridad laboral en las faenas, en un contexto marcado por accidentes fatales registrados recientemente en la industria.
Álvaro González reafirmó el objetivo de avanzar hacia cero fatalidades y destacó la activación de una Mesa Transversal por la Seguridad Minera, instancia que busca coordinar acciones entre autoridades, trabajadores, compañías y organismos especializados.
La agenda incluye fortalecer la fiscalización, incorporar herramientas tecnológicas de monitoreo, mejorar la preparación de equipos de emergencia y ampliar la coordinación preventiva.
El Ministerio de Minería anunció además, el 16 de octubre, un aumento de recursos contemplados para Sernageomin en el presupuesto 2027, destinado a fortalecer sus capacidades de supervisión. La materialización de ese incremento dependerá de la aprobación presupuestaria correspondiente.
De esta manera, el Ejecutivo busca compatibilizar dos objetivos que requieren una implementación coordinada: simplificar procedimientos administrativos y mantener una supervisión efectiva de los riesgos operacionales.
Los próximos pasos de la agenda minera
La inauguración de Expo FOREDE 2026 permitió reunir en una misma discusión las propuestas regulatorias del Gobierno, las expectativas de inversión de las compañías y las necesidades de infraestructura planteadas desde Atacama.
La feria se desarrolla entre el 20 y el 22 de octubre, con más de 400 expositores y una agenda que contempla alrededor de 2.500 encuentros de negocios.
No obstante, los anuncios gubernamentales mantienen distintas etapas de desarrollo. Mientras algunas iniciativas se encuentran en tramitación legislativa o reglamentaria, otras corresponden a modificaciones todavía propuestas.
Para las empresas mineras y sus proveedores, los resultados dependerán de cuándo comiencen a operar los nuevos procedimientos, cuánto disminuyan efectivamente los plazos administrativos y qué capacidad tendrán las instituciones para mantener la fiscalización.
El desafío inmediato será convertir la simplificación planteada en Copiapó en reglas vigentes y resultados verificables, sin confundir la magnitud de la cartera proyectada con inversiones que ya cuentan con las condiciones necesarias para ejecutarse.
REDIMIN Responde
¿Qué cambios regulatorios propone el Gobierno en materia de seguridad minera?
El Gobierno propone reducir de 55 a aproximadamente 30 los procedimientos asociados a seguridad minera. Esto incluye eliminar duplicidades, integrar autorizaciones y reemplazar ciertos procedimientos por mecanismos administrativos alternativos, sin modificar las obligaciones fundamentales de seguridad.
¿Cuáles son las proyecciones de inversión minera en Chile hacia 2034?
La cartera de inversiones mineras proyectada hacia 2034 supera los US$104.000 millones, según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Esta cifra representa un incremento del 25,7% respecto al período anterior, aunque no todas las inversiones están garantizadas debido a incertidumbres técnicas, ambientales o financieras.
¿Qué desafíos enfrenta la Región de Atacama para concretar sus proyectos mineros?
La Región de Atacama enfrenta desafíos en infraestructura, como la disponibilidad energética, vivienda para trabajadores, formación técnico-profesional y mejoramiento de la conectividad vial, aérea y portuaria. Las perspectivas de inversión minera regional se estiman en US$30.000 millones hacia 2030, con un potencial de 26.000 empleos directos adicionales.
¿Qué medidas se están tomando para mejorar la seguridad laboral en la minería?
El Gobierno ha activado una Mesa Transversal por la Seguridad Minera para coordinar acciones entre autoridades, trabajadores, compañías y organismos especializados. La agenda incluye fortalecer la fiscalización, incorporar herramientas tecnológicas de monitoreo, mejorar la preparación de equipos de emergencia y ampliar la coordinación preventiva.
¿Qué cambios se proponen en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)?
El Gobierno propone revisar los criterios de ingreso al SEIA, aumentando algunos umbrales para determinar cuándo actividades productivas y de exploración deben someterse a evaluación. Estos cambios buscan adecuar las exigencias administrativas a la escala de las iniciativas, sin eliminar las obligaciones ambientales.
