El derrumbe en El Teniente volvió a instalarse en el centro del debate minero tras la salida “inédita” de tres altos ejecutivos de Codelco por “falta grave”, luego de una auditoría interna que detectó inconsistencias y ocultamientos en el reporte técnico de un estallido de roca ocurrido en julio de 2023. La medida —anunciada el viernes 13— incluyó a Mauricio Barraza (vicepresidente de Operaciones), Claudio Sougarret (gerente general de la división) y Rodrigo Andrades (gerente de Proyectos y exgerente de Minas), y se produjo en medio de la investigación penal por el accidente del 31 de julio de 2025 que dejó seis trabajadores fallecidos en Recursos Norte, Andesita, Andes Norte y Diamante.
El informe “recortado” y el rol de la autoridad
El ambiente en la corporación se tensó aún más tras diligencias policiales en oficinas corporativas y domicilios particulares. En la estatal insisten en que las conclusiones administrativas por 2023 “no guardan relación” con el análisis del accidente fatal de 2025; sin embargo, fuentes técnicas reconocen que la revisión de estallidos previos fue clave para detectar brechas en la información entregada a la autoridad.
La auditoría —solicitada por el directorio en enero— identificó discrepancias entre el reporte original elaborado por la división y el documento finalmente remitido al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) tras el evento del 24 de julio de 2023. De acuerdo con fuentes conocedoras del proceso, el informe enviado habría omitido antecedentes relevantes sobre zonas operativas al momento del estallido y daños en sectores específicos, lo que impidió una fiscalización integral.
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En el entorno de la compañía sostienen que no se puede “recortar” un informe técnico cuando se trata de un evento de alto potencial de riesgo. La hipótesis que se investiga es doble: autorización de labores sin permisos vigentes y ocultamiento posterior a la autoridad sectorial. Sernageomin confirmó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público para indagar eventuales delitos y mantiene equipos fiscalizando en la división.
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¿Conexión entre 2023 y 2025?
La posible relación geomecánica entre ambos estallidos es materia de análisis científico y judicial. Especialistas consultados señalan que no es posible afirmar causalidad automática; no obstante, reconocen que la caracterización de fallas y daños previos resulta determinante para modelar el riesgo sísmico y definir fortificaciones o suspensiones oportunas. La Fiscalía Regional de O’Higgins mantiene abiertas líneas investigativas, mientras la estatal informó que entregó la auditoría tanto a Sernageomin como al Ministerio Público.
Consecuencias administrativas y reputacionales
Los tres ejecutivos fueron desvinculados sin indemnización, con pago de vacaciones adeudadas, al configurarse “falta grave”. El impacto es reputacional y económico. Según datos de Transparencia de la empresa, el entonces vicepresidente de Operaciones registró remuneraciones brutas por $741 millones entre febrero de 2025 y enero de 2026. En la interna, existe inquietud por eventuales nuevas salidas “aguas abajo”, dado que el comité ejecutivo de la división —que incluye a otros gerentes— participó en la cadena de revisión del informe.
En paralelo, surgen interrogantes “aguas arriba” sobre eventuales citaciones a declarar de miembros del directorio que preside Máximo Pacheco y del ex presidente ejecutivo André Sougarret, en el marco de la investigación penal. En Codelco reiteran que colaborarán con las autoridades y que el objetivo es fortalecer los estándares de reporte y control.
El estándar de información plena ante la autoridad. En una industria donde la continuidad operacional convive con riesgos geotécnicos complejos, el caso abre un precedente sobre responsabilidad ejecutiva y gobernanza en la mayor productora de cobre del país.
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