El litio volvió al centro de la discusión fiscal tras la decisión de la Corfo de enajenar bonos por US$236 millones en 2025 para completar los recursos que debía transferir al Fisco. En total, la corporación tenía que entregar US$737 millones al erario público, pero los ingresos provenientes del litio fueron cerca de la mitad de lo proyectado. Para cubrir la diferencia, se optó por liquidar activos financieros y traspasar finalmente US$387 millones adicionales al Ministerio de Hacienda. La medida generó críticas desde el mundo académico y político, donde algunos hablaron derechamente de “maquillaje” presupuestario, mientras otros defendieron la legalidad del mecanismo y cuestionaron si corresponde que Corfo administre un patrimonio cercano a US$3.000 millones. El trasfondo del debate apunta tanto a la volatilidad del precio del litio como a la institucionalidad que respalda su proyección en el cálculo estructural de ingresos fiscales.
Críticas por “descapitalización” y transparencia fiscal
Desde la oposición, el exsubsecretario de Hacienda Alejandro Weber sostuvo que financiar menores ingresos descapitalizando a Corfo equivale a “maquillar o esconder las malas cifras del Gobierno Central”. En la misma línea, economistas han advertido que recurrir a activos financieros para cerrar brechas presupuestarias traslada costos al desarrollo productivo y puede debilitar el rol estratégico de la agencia en innovación.
El debate también alcanzó a la Universidad Autónoma de Chile y a centros de estudios, donde se planteó que la utilización de estos recursos revela una solución fiscal de corto plazo. Para algunos analistas, el punto de fondo no es solo la legalidad del traspaso, sino la señal institucional respecto del uso de activos vinculados históricamente a políticas de fomento productivo.
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Volatilidad del litio y propuesta de comité experto
El detonante del desfase fue la diferencia entre el precio proyectado del litio y su comportamiento efectivo en el mercado. El ministro de Economía y Energía —y presidente del Consejo de Corfo— planteó la conveniencia de crear una institucionalidad similar a la que existe para el cobre, con un comité independiente que proyecte el valor de largo plazo del mineral.
El presidente de Codelco, Máximo Pacheco, recordó que el litio presenta alta volatilidad: hace seis meses el precio rondaba los US$7.000 por tonelada y recientemente se ubicó cerca de US$19.000. Esa variabilidad complica la estimación estructural de ingresos y expone al presupuesto a desviaciones relevantes.
Entre las propuestas que surgieron destacan:
Crear un comité técnico independiente para estimar el precio de referencia del litio.
Incorporar bandas de ajuste frente a alta volatilidad.
Revisar el rol patrimonial de Corfo en la administración de activos financieros.
¿Repensar el rol patrimonial de Corfo?
El economista Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos, calificó la controversia como “polémica artificial”, señalando que los recursos administrados por Corfo pertenecen al Estado y pueden ser utilizados conforme a la ley de administración financiera. A su juicio, el debate relevante es si la corporación tiene las competencias para gestionar un patrimonio de esa magnitud.
La discusión trasciende el episodio puntual. En un contexto de transición energética y protagonismo creciente del litio en la matriz exportadora chilena, la institucionalidad para proyectar ingresos y administrar activos públicos se vuelve estratégica. La forma en que el país gestione la volatilidad del mineral y el equilibrio entre disciplina fiscal y desarrollo productivo marcará el tono del debate en los próximos años.
