La investigación por el derrumbe ocurrido en julio de 2025 en la mina El Teniente —que dejó seis trabajadores fallecidos— sumó un nuevo hito judicial. La fiscalía regional de O’Higgins ordenó el allanamiento de oficinas de Codelco y de los domicilios particulares de dos exejecutivos de la estatal, en el marco de la indagatoria penal que busca determinar eventuales responsabilidades por los hechos. La diligencia fue autorizada por el Juzgado de Garantía de Rancagua y se concretó pocos días después de que ambos exdirectivos fueran desvinculados de la compañía. El Ministerio Público confirmó la incautación de equipos electrónicos y otras especies consideradas relevantes para esclarecer la trazabilidad de decisiones operativas, reportes técnicos y comunicaciones internas vinculadas al accidente. La causa, que ha sido calificada como prioritaria por la Fiscalía, se concentra en eventuales omisiones en la entrega de antecedentes a la autoridad sectorial y en la gestión de riesgos al interior de la división.
Incautación de equipos y evidencia digital
Según detalló el Ministerio Público, la orden incluyó la incautación de dispositivos electrónicos pertenecientes al ex vicepresidente de Operaciones, Mauricio Barraza Gallardo, y de quien fuera gerente de Operaciones y ex gerente general de la División El Teniente, Claudio Sougarret Larroquete. Las diligencias fueron ejecutadas por la Policía de Investigaciones de Chile, que trabaja de forma preferente en la causa, tanto en los domicilios particulares de los imputados como en dependencias corporativas.
De acuerdo con la información oficial, el procedimiento consideró:
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Recolección de computadores, teléfonos móviles y dispositivos de almacenamiento.
Resguardo de correos electrónicos y respaldos digitales.
Levantamiento de documentación interna vinculada a reportes técnicos.
Recuperación de equipos institucionales entregados voluntariamente por la empresa.
La evidencia será sometida a peritajes informáticos para reconstruir eventuales cadenas de decisión y comunicaciones previas y posteriores al estallido de roca que originó el siniestro. La Fiscalía ha señalado que el análisis digital es clave para establecer si existieron inconsistencias en la información reportada a la autoridad sectorial.
Contexto del caso y derivadas administrativas
El accidente, ocurrido en julio de 2025 en la división ubicada en la Región de O’Higgins, reabrió el debate sobre los protocolos de seguridad y la gestión geomecánica en minería subterránea de gran escala. En paralelo a la arista penal, la empresa estatal informó la realización de una auditoría interna que derivó en la salida de ejecutivos y en la revisión de procedimientos críticos.
La causa permanece en etapa investigativa y bajo reserva parcial. Desde Codelco han indicado que la compañía está colaborando con las diligencias y facilitando antecedentes requeridos por la Fiscalía. El avance de los peritajes y eventuales formalizaciones marcarán los próximos hitos de un proceso que mantiene bajo escrutinio a la mayor productora de cobre del país, en un caso que combina responsabilidades técnicas, administrativas y penales en uno de los yacimientos subterráneos más relevantes del mundo.
