La iniciativa contempla desplazar un tramo de la línea Cardones–Diego de Almagro, construir 10,95 kilómetros de nuevo trazado y mantener la continuidad del suministro eléctrico durante las obras.
El desarrollo del proyecto minero Santo Domingo comienza a generar ajustes concretos sobre la infraestructura energética existente en la Región de Atacama. El Servicio de Evaluación Ambiental admitió a tramitación la modificación de la línea de transmisión 2x220 kV Cardones–Diego de Almagro, iniciativa de Eletrans S.A. que considera una inversión estimada de US$70 millones y cuyo objetivo central es despejar el área destinada al futuro depósito de relaves de la operación minera.
La modificación supone reemplazar un tramo actualmente operativo de 8,7 kilómetros por una nueva variante de 10,95 kilómetros, localizada íntegramente en la comuna de Diego de Almagro, provincia de Chañaral. El nuevo trazado se desplazará hasta 2,8 kilómetros hacia el este y considera la instalación de 33 estructuras de alta tensión.
Más allá del monto involucrado, el proyecto refleja uno de los desafíos que acompaña a las grandes iniciativas mineras en Atacama: compatibilizar faenas, depósitos de relaves, líneas eléctricas y otras infraestructuras críticas dentro de territorios donde convergen proyectos de larga vida útil y elevados requerimientos energéticos.
La infraestructura eléctrica deberá abrir espacio a Santo Domingo
La línea Cardones–Diego de Almagro actualmente conecta ambas subestaciones mediante una infraestructura de doble circuito en 220 kV y aproximadamente 156 kilómetros de extensión, aprobada ambientalmente en 2014 y posteriormente incorporada a la operación comercial del Sistema Eléctrico Nacional.
El problema surge entre las estructuras N°382 y N°403. Ese segmento se superpone territorialmente con el área aprobada para el depósito de relaves espesados del proyecto Santo Domingo, instalación que forma parte de la configuración ambiental autorizada para el desarrollo minero.
Eletrans propone mantener intactas las características eléctricas fundamentales de la línea, pero modificar físicamente su trazado.
En términos prácticos, la intervención considera:
- US$70 millones de inversión estimada.
- 10,95 kilómetros de nueva línea.
- Retiro posterior de 8,7 kilómetros de infraestructura existente.
- Construcción de 33 nuevas estructuras de alta tensión.
- Desplazamiento del corredor eléctrico hasta 2,8 kilómetros hacia el este.
- Una superficie total de intervención de aproximadamente 43,92 hectáreas.
El proyecto no contempla modificar las conexiones existentes en las subestaciones Cardones y Diego de Almagro ni cambiar la configuración eléctrica general del enlace.
Construcción busca evitar interrupciones del suministro
Uno de los aspectos centrales del diseño será mantener operativa la infraestructura actual mientras se construye la nueva variante.
Eletrans plantea ejecutar primero la totalidad del nuevo trazado, completar sus conexiones y energizarlo antes de desmontar el segmento que actualmente ocupa el área requerida por Santo Domingo.
La secuencia es particularmente relevante en una región intensiva en consumo eléctrico minero, donde una intervención sobre líneas de transmisión debe compatibilizar las obras con la seguridad y continuidad del suministro.
Solo una vez que el nuevo tramo esté integrado al Sistema Eléctrico Nacional podrá retirarse la infraestructura sustituida.
Desde una perspectiva minera, este tipo de coordinación resulta crítica. El desarrollo de nuevos yacimientos no depende únicamente de plantas concentradoras, rajos, depósitos de relaves o sistemas de transporte de mineral. También exige resolver previamente interferencias con infraestructura eléctrica, vial, hídrica y de telecomunicaciones existente.
En el caso de Santo Domingo, la variante eléctrica busca eliminar precisamente una de esas superposiciones territoriales.
Obras podrían comenzar en diciembre de 2026
La programación presentada para evaluación ambiental contempla iniciar la construcción en diciembre de 2026, siempre que el proyecto obtenga previamente una Resolución de Calificación Ambiental favorable y cuente con las autorizaciones necesarias.
La fase constructiva tendría una duración estimada de 16 meses, extendiéndose hasta abril de 2028. Durante ese periodo se considera una dotación promedio cercana a 80 trabajadores, con un máximo previsto de 125 personas.
Una vez terminada la intervención, la infraestructura continuará formando parte del sistema de transmisión y mantendrá la vida útil previamente considerada para la instalación, proyectada hasta 2056. Para actividades de mantenimiento durante la operación se contempla una dotación acotada de personal subcontratado.
El expediente también considera una etapa eventual de cierre, aunque el objetivo inmediato de la inversión es garantizar la convivencia territorial entre la infraestructura eléctrica y el futuro desarrollo minero.
Permisos ambientales y obras asociadas
La Declaración de Impacto Ambiental deberá abordar distintos componentes asociados a las faenas constructivas y a la intervención del terreno.
Entre ellos aparecen instalaciones sanitarias, manejo de residuos no peligrosos y peligrosos, intervenciones vinculadas a cauces y construcciones sobre suelo rural. Una de las estructuras consideradas —la torre N°399— se emplaza en un sector asociado a zonas de crecidas, lo que incorpora exigencias específicas de evaluación y autorización sectorial.
La iniciativa también incorpora medidas voluntarias relacionadas con monitoreo arqueológico durante movimientos de tierra, control de material particulado, participación comunitaria y contratación local.
La contratación de trabajadores de Diego de Almagro y Chañaral aparece como una de las medidas contempladas para la etapa de construcción, particularmente relevante considerando que el impacto laboral directo de este tipo de obras se concentra fundamentalmente mientras se levanta la nueva infraestructura.
Una modificación eléctrica vinculada al avance minero de Atacama
La tramitación adquiere relevancia porque no corresponde simplemente a una renovación de infraestructura eléctrica. La necesidad de desplazar la línea nace de su interacción física con un proyecto minero de mayor escala.
Esto convierte a la inversión de Eletrans en una obra habilitante para ordenar el territorio antes de que las instalaciones previstas para Santo Domingo ocupen definitivamente el área.
Para Atacama, donde las nuevas inversiones mineras deben coexistir con redes de transmisión, plantas solares, carreteras, sistemas de agua y otras operaciones extractivas, estas interferencias pueden transformarse en factores relevantes para los cronogramas de construcción.
El ingreso a evaluación ambiental no equivale todavía a una autorización para iniciar las obras. La DIA deberá superar la revisión técnica de los organismos competentes y obtener una RCA favorable antes de avanzar hacia su ejecución.
El calendario planteado por Eletrans deja, sin embargo, una referencia concreta: si la evaluación y los permisos avanzan dentro de los plazos previstos, las obras comenzarían a fines de 2026 y el nuevo tramo podría quedar terminado durante el primer semestre de 2028.
La variante Cardones–Diego de Almagro muestra así una dimensión menos visible del desarrollo de nuevos distritos mineros. Antes de aumentar producción o procesar mineral, los proyectos deben asegurar espacio, energía, agua, accesos y compatibilidad con instalaciones existentes. En este caso, resolver una interferencia de menos de nueve kilómetros de línea requerirá una inversión estimada de US$70 millones y más de un año de construcción, ilustrando la escala de infraestructura necesaria para preparar el territorio ante nuevas inversiones mineras en Atacama.
