El Gobierno de Chile analiza incorporarse a la investigación penal por las presuntas irregularidades en los registros de producción de Codelco correspondientes a 2024 y 2025. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, confirmó que durante esta semana se resolverá si el Ejecutivo se hace parte de la causa que investiga posibles duplicidades en las cifras informadas por las divisiones Salvador y Ministro Hales, una situación que podría haber provocado una sobreestimación de la producción de cobre de la principal empresa estatal del país.
La decisión fue anticipada por Mas durante una entrevista concedida el domingo 11 de octubre al programa Estado Nacional de TVN, donde abordó las nuevas inconsistencias detectadas por la cuprífera y las acciones que estudia el Ejecutivo para resguardar los recursos públicos.
"Vamos a tomar la decisión muy temprano la próxima semana", sostuvo el secretario de Estado al ser consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno participe directamente en el proceso penal.
La autoridad explicó que el Ejecutivo busca definir el mecanismo más adecuado para intervenir frente a los antecedentes conocidos, considerando la participación del Estado en la propiedad de Codelco y la necesidad de esclarecer el eventual perjuicio económico.
Gobierno advierte posibles pérdidas de decenas de millones de dólares
Uno de los aspectos que concentra la atención de las autoridades es el impacto financiero que podrían tener las irregularidades detectadas.
Durante la entrevista, Mas reconoció que las diferencias investigadas podrían representar un perjuicio económico considerable, aunque advirtió que todavía no existe una cuantificación definitiva.
"Depende de cómo termine la investigación. Hay investigaciones internas y una externa. Pero efectivamente son varias decenas de millones de dólares", afirmó.
Las estimaciones conocidas públicamente han situado el eventual impacto en torno a los US$100 millones. Sin embargo, esa cifra no constituye una pérdida acreditada ni ha sido establecida mediante una auditoría definitiva.
El alcance económico dependerá de los resultados de las investigaciones, especialmente de la cantidad de material eventualmente contabilizado de manera incorrecta, sus efectos sobre los inventarios y las posibles consecuencias en los sistemas de remuneraciones variables.
La investigación deberá distinguir entre diferencias de registro, ajustes de producción y eventuales perjuicios patrimoniales. Una sobreestimación de toneladas reportadas no equivale automáticamente a una pérdida económica por el valor comercial de ese cobre.
Nuevas inconsistencias afectan registros de 2024 y 2025
La investigación que ahora concentra la atención del Gobierno surgió tras nuevos antecedentes comunicados por Codelco el 6 de octubre.
Ese día, el directorio de la estatal confirmó que había sido informado de posibles duplicidades en la contabilización de producción entre las divisiones Ministro Hales y Salvador, correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025.
Los hallazgos preliminares apuntan a que un mismo material podría haber sido reconocido como producción por más de una división, generando un incremento artificial de las cantidades informadas.
La compañía todavía debe determinar cuánto material estaría involucrado, cómo se originaron las diferencias y si estas afectan los resultados consolidados de ambos ejercicios.
Ante los antecedentes, Codelco encargó a la firma EY una auditoría externa independiente para examinar específicamente las operaciones y los registros entre ambas divisiones.
En paralelo, KPMG continuará desarrollando una revisión más amplia de las cifras productivas de las divisiones de la corporación correspondientes al periodo 2024-2025.
El trabajo de EY también considera identificar posibles responsabilidades, revisar las debilidades de control y establecer si las inconsistencias tuvieron efectos sobre el cálculo y pago de incentivos asociados al desempeño operacional.
El antecedente de las 26.875 toneladas cuestionadas en 2025
Las nuevas investigaciones se suman a otro proceso que Codelco inició durante el primer semestre de 2026, después de detectar desviaciones en el reconocimiento de producción de cobre fino.
El 20 de mayo, la compañía informó los resultados de una auditoría interna que identificó incumplimientos de las normas utilizadas para reconocer determinadas cantidades de material como producción terminada.
La revisión cuestionó 20.000 toneladas métricas finas contenidas en óxidos de Chuquicamata y otras 6.875 toneladas contenidas en arsenito de calcio de Ministro Hales.
En conjunto, las 26.875 toneladas representaban aproximadamente el 2% de la producción propia de Codelco informada para 2025.
La investigación estableció que esos materiales todavía requerían procesamiento adicional y, por lo tanto, debían permanecer registrados como productos en proceso.
Como consecuencia, la estatal determinó responsabilidades individuales respecto de siete ejecutivos y un exejecutivo, resolvió la desvinculación de uno de los profesionales involucrados y aplicó amonestaciones a los demás.
También dispuso recalcular los incentivos variables relacionados con las cifras productivas y gestionar la recuperación de los montos que correspondieran.
En aquella oportunidad, Codelco precisó que no había identificado efectos negativos que obligaran a modificar sus estados financieros auditados de 2025, aunque sí correspondía aclarar las cifras de producción difundidas en sus documentos y comunicaciones oficiales.
La eventual duplicación detectada en octubre constituye una nueva línea de investigación, con un alcance temporal y operacional diferente.
Fiscalía mantiene investigación y Codelco busca determinar responsabilidades
La investigación penal por las inconsistencias de producción tiene antecedentes desde mayo.
El Ministerio Público designó el 26 de mayo al fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, para dirigir las diligencias relacionadas con la posible sobreestimación de las toneladas métricas de cobre fino informadas por Codelco durante 2025.
La designación consideró las denuncias presentadas por la propia corporación y por el diputado Jaime Mulet.
Los nuevos antecedentes conocidos en octubre también fueron entregados al Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones administrativas, las auditorías independientes y la fiscalización parlamentaria.
El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, abordó la situación el 7 de octubre ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Durante su intervención, aseguró que la administración buscará establecer las responsabilidades individuales y corregir las fallas de control que permitieron las inconsistencias.
Fontaine también afirmó que, en caso de acreditarse un perjuicio patrimonial, la compañía utilizará los mecanismos disponibles para recuperar los recursos correspondientes.
Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de evitar conclusiones anticipadas respecto de eventuales responsabilidades o daños económicos mientras las investigaciones continúan abiertas.
Comisión investigadora prepara informe para el 23 de octubre
En el Congreso, los nuevos antecedentes también mantienen abierta la discusión sobre los mecanismos de fiscalización de Codelco.
La comisión especial investigadora de la Cámara tiene previsto votar su informe el próximo 23 de octubre, instancia en la que deberán evaluarse los antecedentes recopilados sobre los registros productivos y las responsabilidades que eventualmente puedan establecerse.
Además, parlamentarios han planteado la posibilidad de continuar revisando las inconsistencias correspondientes a 2024 y 2025 en la Comisión de Minería y Energía, sin descartar una nueva instancia investigadora.
El proceso adquiere relevancia porque las cifras de producción de Codelco no solo permiten evaluar el desempeño de sus operaciones, sino que también forman parte de la información utilizada para medir metas corporativas, resultados de gestión y determinados incentivos económicos.
Por ahora, la decisión más inmediata corresponde al Gobierno, que deberá resolver si participa directamente en la causa penal. En paralelo, los resultados de las auditorías de EY y KPMG serán determinantes para establecer la magnitud de las diferencias, las eventuales consecuencias financieras y las responsabilidades que puedan derivarse de los hechos investigados.
REDIMIN Responde
¿Qué irregularidades está investigando el Gobierno de Chile en Codelco?
El Gobierno de Chile está investigando presuntas irregularidades en los registros de producción de Codelco correspondientes a 2024 y 2025, específicamente posibles duplicidades en las cifras informadas por las divisiones Salvador y Ministro Hales, lo que podría haber provocado una sobreestimación de la producción de cobre.
¿Qué impacto financiero podrían tener las irregularidades detectadas en Codelco?
Las irregularidades detectadas podrían representar un perjuicio económico considerable, con estimaciones públicas situando el eventual impacto en torno a los US$100 millones. Sin embargo, esta cifra no ha sido acreditada ni establecida mediante una auditoría definitiva.
¿Qué medidas ha tomado Codelco para investigar las inconsistencias en sus registros de producción?
Codelco ha encargado a la firma EY una auditoría externa independiente para examinar las operaciones y registros entre las divisiones Ministro Hales y Salvador. Además, KPMG continuará con una revisión más amplia de las cifras productivas de las divisiones correspondientes al periodo 2024-2025.
¿Qué antecedentes previos existen sobre las inconsistencias en la producción de Codelco?
En el primer semestre de 2026, Codelco detectó desviaciones en el reconocimiento de producción de cobre fino, cuestionando 26.875 toneladas métricas finas en 2025. Esto llevó a la desvinculación de un profesional y amonestaciones a otros, además de recalcular incentivos variables relacionados con las cifras productivas.
¿Qué acciones está tomando el Congreso respecto a las inconsistencias en Codelco?
El Congreso, a través de la comisión especial investigadora de la Cámara, tiene previsto votar un informe el 23 de octubre sobre los registros productivos y las responsabilidades que puedan establecerse. Además, se ha planteado la posibilidad de continuar revisando las inconsistencias en la Comisión de Minería y Energía.
