El Ejecutivo busca prolongar los apoyos creados por el alza de los combustibles y facilitar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas. La iniciativa deberá ser tramitada por el Congreso antes de que las extensiones puedan entrar en vigencia.
El Gobierno del Presidente José Antonio Kast firmó este martes 29 de septiembre un proyecto de ley que busca extender los beneficios destinados a transportistas y pescadores artesanales creados durante la emergencia por el aumento de los combustibles, además de fortalecer las herramientas de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas mediante el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE). La propuesta llega precisamente cuando el actual bono para transportistas completa su período de seis meses y el programa para la pesca artesanal se acerca a su última entrega.
La iniciativa mantiene como eje los apoyos que el Ejecutivo puso en marcha durante el primer semestre dentro del plan Chile Sale Adelante: un aporte mensual de $100.000 para transportistas y un cupón del mismo monto para armadores de la pesca artesanal que cumplen los requisitos establecidos. Ambos mecanismos fueron diseñados para compensar parte del incremento en los costos de operación provocado por el encarecimiento de los combustibles.
A diferencia de una extensión administrativa, el cambio requiere una modificación legal. Por esa razón, la firma del proyecto no implica que los nuevos pagos estén automáticamente disponibles: la iniciativa deberá superar su tramitación en el Congreso y posteriormente ser promulgada y publicada para que sus disposiciones tengan efecto.
El bono para transportistas llega al final de su esquema vigente
El beneficio actualmente establecido para el transporte menor consiste en $100.000 mensuales destinados exclusivamente a la compra de combustible. Está dirigido, entre otros, a propietarios, meros tenedores y conductores habilitados de taxis, taxis colectivos y vehículos de transporte escolar, además del servicio de pasajeros Arica-Tacna contemplado en la regulación.
La legislación vigente fijó su entrega desde abril hasta septiembre de 2026. Los recursos se cargan mediante el Bolsillo Electrónico de Combustibles asociado a la CuentaRUT de BancoEstado y no pueden destinarse a otros gastos. El programa también establece que los fondos concedidos pueden utilizarse para combustible hasta el 31 de diciembre de este año.
La cobertura aumentó progresivamente durante su implementación. En agosto, el Ministerio de Transportes informó que 94.937 personas recibieron el quinto pago, la cifra mensual más alta desde el comienzo del programa. Hasta ese momento se habían contabilizado 454.878 entregas acumuladas: 80.697 en abril, 90.387 en mayo, 94.139 en junio, 94.718 en julio y 94.937 en agosto.
El diseño vigente contiene además una condición relacionada con el mercado petrolero: el pago debe suspenderse desde el mes siguiente a aquel en que el precio promedio mensual del petróleo Brent sea inferior a US$80 por barril, de acuerdo con la información reportada por la Comisión Nacional de Energía a solicitud de Hacienda.
Pesca artesanal también se acerca a su última cuota
Para la pesca artesanal se creó un mecanismo similar de $100.000 mensuales, dirigido a armadores con embarcaciones de hasta 12 metros de eslora inscritas en el Registro Pesquero Artesanal y que acrediten actividad efectiva bajo las condiciones definidas para el programa.
El beneficio fue diseñado inicialmente por un máximo de seis meses y el Gobierno estimó al momento de anunciarlo un universo potencial cercano a 9.000 embarcaciones. A diferencia del bono para transportistas, la entrega se realiza directamente a quienes cumplen los requisitos operacionales y está vinculada a la actividad pesquera registrada.
Las cifras efectivas varían mes a mes debido a esa exigencia. Para el quinto cupón, correspondiente a septiembre sobre la base de operaciones registradas durante agosto, 4.901 embarcaciones quedaron habilitadas a nivel nacional. El esquema original contemplaba todavía una sexta entrega durante octubre, que hasta antes del nuevo proyecto estaba prevista como la última del programa.
El combustible representa uno de los principales componentes del costo de operación de la pesca artesanal, por lo que el aporte fue creado específicamente para reducir ese gasto y no como una transferencia de libre disposición.
FOGAPE entra en la agenda de apoyo a las pymes
El tercer componente del proyecto apunta al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas mediante el FOGAPE, fondo estatal administrado por BancoEstado que respalda parte de los créditos, operaciones de leasing y otros mecanismos de financiamiento concedidos por instituciones financieras a empresas que no cuentan con garantías suficientes.
La medida se relaciona directamente con el Plan Chile Despega, presentado por el Ejecutivo el 28 de septiembre para enfrentar el deterioro del mercado laboral y acelerar la actividad económica. Dentro de ese programa, el Gobierno anunció la posibilidad de capitalizar el FOGAPE por hasta $300 mil millones.
La estimación oficial es que esos recursos, utilizando un apalancamiento de hasta 13,5 veces, podrían respaldar garantías crediticias por un máximo de $4,05 billones. El objetivo es aumentar la capacidad de las empresas para conseguir financiamiento y capital de trabajo, especialmente en un escenario en que el Ejecutivo busca elevar la inversión y la contratación.
El Plan Chile Despega considera en total medidas por alrededor de $1,3 billones y apunta a generar más de 100.000 puestos de trabajo mediante inversión pública, subsidios a la contratación, pagos a proveedores del Estado y mayores garantías para el financiamiento empresarial.
La extensión depende ahora del Congreso
El nuevo proyecto llega en un momento en que los dos apoyos sectoriales están alcanzando el límite definido en sus esquemas originales. En el caso de los transportistas, septiembre corresponde al último período contemplado por la normativa vigente; para los pescadores artesanales, el sexto cupón estaba programado para octubre.
La presentación de la iniciativa abre ahora una etapa legislativa. Mientras el Congreso no apruebe el proyecto y la norma sea promulgada, siguen rigiendo los plazos y condiciones actuales.
Por lo tanto, el anuncio del Ejecutivo debe entenderse como una propuesta para dar continuidad a beneficios existentes y fortalecer el acceso de las pymes al financiamiento, y no como la activación inmediata de nuevas cuotas. Los detalles definitivos —incluidos los períodos adicionales y las condiciones que finalmente regirán— quedarán sujetos al texto que sea aprobado durante la tramitación legislativa.
