El Ministerio del Medio Ambiente activó a mediados de diciembre una consulta pública para ampliar las áreas protegidas en el borde este del Salar de Atacama, una de las zonas de mayor valor ecológico y económico del país. La iniciativa, enmarcada en la Red de Salares Protegidos de la Región de Antofagasta, considera una superficie superior a las 76 mil hectáreas y busca reforzar la conservación de ecosistemas salinos y la red hídrica del sistema Soncor, sin interferir —según el Ejecutivo— con las actuales operaciones de litio.
De acuerdo con los antecedentes del proceso, cerca de 34 mil hectáreas del área en consulta se encuentran dentro del sitio Ramsar Sistema Hidrológico Soncor, reconocido internacionalmente por su biodiversidad. La propuesta se sustenta en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y en la Ley 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Sbap), y apunta a establecer un Área de Conservación de Múltiples Usos (ACMU).
Desde el Gobierno se ha insistido en que la ampliación no afecta la actividad productiva vigente. En esa línea, Corfo, propietaria de las pertenencias mineras en el salar, fue categórica al señalar que el polígono sometido a consulta “no interfiere con las áreas de operaciones de Albemarle, ni con las de SQM y Codelco, hoy articuladas a través de NovaAndino Litio”. Fuentes oficiales agregan que los proyectos extractivos se ubican fuera del área propuesta para conservación.
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El Salar de Atacama concentra el mayor potencial de litio del país y ha sido explotado por décadas bajo contratos con el Estado. SQM mantiene derechos sobre cerca de 81 mil hectáreas, mientras Albemarle opera en otras 16 mil hectáreas. En este contexto, la autoridad busca compatibilizar la protección ambiental con la continuidad de un negocio estratégico para Chile y clave en la transición energética global.
No obstante, la iniciativa ha generado críticas desde el sector minero. El presidente de Sonami, Jorge Riesco, advirtió que la consulta presenta “falencias importantes desde el punto de vista jurídico y técnico”, y cuestionó la oportunidad del proceso. A su juicio, existe un “apresuramiento” en la tramitación, impulsado en la etapa final del actual gobierno, sin contar aún con toda la información necesaria para una decisión de esta magnitud.
Riesco también alertó sobre el precedente que podría sentarse al proteger microorganismos que, según indicó, no serían exclusivos de los salares, sino que estarían presentes en otras formaciones geológicas. “Esto es complejo y peligroso si no se aborda con una discusión seria, transparente y con sustento técnico real”, afirmó.
La consulta pública estará abierta hasta el 21 de enero. Su resultado será clave para definir el equilibrio entre conservación y desarrollo productivo en el Salar de Atacama, un territorio donde convergen biodiversidad única, comunidades locales y uno de los ejes económicos más relevantes del país.
