El Gobierno de Chile está desarrollando un paquete de incentivos tributarios y financieros destinado a reactivar la exploración minera greenfield, en respuesta al estancamiento de la producción de cobre y la insuficiente búsqueda de nuevos yacimientos. Esta propuesta, que se presentará en las próximas semanas, se enmarca en un esfuerzo conjunto entre los ministerios de Economía, Minería y Hacienda.
Incentivos fiscales y recuperación anticipada del IVA
Entre las medidas que se están considerando se encuentran créditos fiscales, la recuperación anticipada del IVA y mecanismos de depreciación instantánea. Estos incentivos están diseñados para atraer tanto a compañías júnior como a grandes operadoras que estén dispuestas a invertir en territorios sin desarrollo minero previo. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, ha enfatizado que el objetivo es aumentar el número de empresas dedicadas a la exploración y elevar los montos invertidos en esta actividad.
Actualmente, Chile destina entre US$850 millones y US$900 millones anuales a la exploración minera. Sin embargo, gran parte de esta inversión se concentra en trabajos realizados en yacimientos existentes, lo que limita la búsqueda de nuevos recursos. Mas advirtió que si no se implementan cambios significativos, en dos décadas la minería chilena podría enfrentar un declive en lugar de un crecimiento.
Modelos internacionales y beneficios para minerales críticos
El Gobierno está considerando adoptar modelos internacionales como las flow-through shares de Canadá y el Junior Minerals Exploration Incentive de Australia. Estos instrumentos permiten transferir beneficios tributarios a los inversionistas que financian empresas mineras, especialmente aquellas que son júnior. Además, se prevé que los proyectos de cobre, litio y otros minerales críticos reciban beneficios reforzados, alineándose con la creciente demanda global de materias primas para la electrificación y energías renovables.
La propuesta también busca ampliar la actividad exploratoria hacia regiones que históricamente han tenido menos participación minera, como Maule, Biobío y La Araucanía, especialmente en la búsqueda de tierras raras.
Financiamiento público-privado y barreras de acceso
Uno de los principales obstáculos que enfrentan las empresas exploradoras es el acceso al financiamiento. Para abordar este desafío, el plan incluirá nuevas líneas de crédito de BancoEstado, garantías de Corfo y facilidades dirigidas a proveedores de tecnologías y servicios de sondaje. Estos instrumentos están diseñados para movilizar capital privado y fortalecer la cadena de empresas involucradas en la exploración.
El diseño final del plan deberá definir cómo se distribuirán los riesgos entre el Estado, las entidades financieras y las empresas beneficiarias. Esto es crucial para asegurar que los incentivos sean efectivamente utilizados para la exploración greenfield.
Meta de producción y desafíos a largo plazo
El anuncio de estos incentivos se produce en un contexto de estancamiento de la producción chilena de cobre, que actualmente se sitúa alrededor de 5,4 millones de toneladas anuales. El Gobierno ha establecido como meta superar los 6 millones de toneladas anuales, una cifra que se había proyectado alcanzar hace años, pero que no se ha materializado debido a la insuficiente inversión en exploración en la última década.
Mas comparó la situación de Chile con la de países como Australia y Canadá, donde la inversión en exploración supera los US$4.000 millones y US$3.000 millones anuales, respectivamente. Sin embargo, alcanzar cifras similares en Chile es una aspiración a largo plazo, ya que el proceso de descubrimiento, evaluación y construcción de nuevas minas puede extenderse por más de una década.
Pasos a seguir y aprobación legislativa
La implementación de este plan no dependerá únicamente del Ministerio de Minería, ya que las disposiciones tributarias deberán ser acordadas con el Ministerio de Hacienda y algunas requerirán modificaciones legales y aprobación del Congreso. Mas ha indicado que espera que las medidas puedan ser aprobadas durante 2026, aunque aún no se ha presentado un proyecto de ley ni se ha informado sobre el costo fiscal estimado de los beneficios.
La presentación formal del plan será crucial para determinar si se logra concentrar los recursos en exploración auténticamente greenfield y si se ofrecen condiciones competitivas para atraer a compañías e inversionistas especializados. El impacto productivo de estas medidas, en cualquier caso, será de mediano y largo plazo, y el desafío inmediato será convertir el anuncio en instrumentos tributarios y financieros concretos que amplíen la base exploratoria de Chile.
