El Gobierno de Chile ha presentado reformas significativas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), destinadas a brindar mayor certeza y agilidad a los inversionistas. Estas modificaciones buscan responder a las demandas del sector privado, que ha señalado la burocracia como un obstáculo para el avance de proyectos clave en el país.
Principales cambios propuestos
Una de las reformas más destacadas es la reposicón del Comité de Ministros para revisar las reclamaciones relacionadas con los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Este comité, compuesto por ministros de diversas carteras como Medio Ambiente, Economía y Energía, tiene la intención de resolver estas impugnaciones de manera más eficiente y menos arbitraria que en el pasado. Según el Ejecutivo, la anterior estructura, donde el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) tomaba esas decisiones, generaba inseguridades entre los inversionistas.
Otro cambio significativo es la creación de un recurso único de reclamación. Este procedimiento permitirá canalizar todas las impugnaciones a través de una sola vía, simplificando el proceso y reduciendo el tiempo de resolución, que se establecerá en 45 o 90 días, dependiendo del tipo de evaluación. Actualmente, es común que las reclamaciones se realicen dentro de un marco confuso y a menudo dilatorio, constituyendo un serio impedimento para la inversión.
Contexto y cronología del proyecto
La discusión sobre la reforma al SEIA no es nueva. Durante la administración del expresidente Gabriel Boric, el proyecto se introdujo en el Senado en 2024, pero su avance fue lento, llegando a la Cámara de Diputados solo en abril de 2026. Según las últimas indicaciones del actual gobierno encabezado por José Antonio Kast, estas reformas son urgentes para reactivar la inversión y crear un ambiente favorable para nuevos proyectos, en el que también se incluye un paquete de medidas en el ámbito de la reconstrucción.
Desde 2021, las dificultades para la aprobación de proyectos mineros y energéticos han sido patentes. En este contexto, el Gobierno espera que la restitución del Comité de Ministros contribuya a destrabar inversiones, como ha sucedido recientemente, cuando la instancia logró facilitar proyectos por un total de US$ 7.005 millones.
Implicaciones para el sector
Con estas reformas, el Gobierno apunta a reducir la incertidumbre y aumentar la previsibilidad en el ámbito de la evaluación ambiental. Por ejemplo, se detalla que las reclamaciones deberán basarse en hechos que no hayan sido parte de las discusiones iniciales durante la evaluación, lo que limitará acciones dilatorias. Además, modificaciones menores en proyectos aprobados ya no requerirán una nueva evaluación, dando más flexibilidad a los inversionistas para implementar mejoras tecnológicas sin la sobrecarga de trámites.
Otra modificación relevante se refiere a la definición de “impacto acumulativo”. El Ejecutivo ha propuesto que estos se evalúen solo en relación con proyectos que ya están en operación, excluyendo aquellos que aún están en planificación o construcción. Esta aclaración reduce las exigencias sobre los titulares de proyectos y busca hacer más predecible la evaluación ambiental.
Conclusión
La iniciativa presentada por el Gobierno representa un esfuerzo por agilizar la tramitación de proyectos de inversión y estimular el crecimiento económico del país. Con la intención de simplificar las reglas bajo las cuales operan proyectos clave, el Ejecutivo busca no solo atraer inversión, sino también crear un marco normativo que beneficie la sostenibilidad y el desarrollo de la actividad económica en Chile. Las reformas al SEIA están en discusión y se espera que sean debatidas en los próximos meses, con la mirada puesta en el impacto que tendrán en la economía y el medio ambiente.