La actividad clandestina en torno al yacimiento Flor de los Andes combina robos, uso de explosivos y una cadena informal que presiona a artesanos, comercio local y fiscalización minera.
La extracción ilegal de lapislázuli volvió a instalarse como un problema crítico para la minería no metálica y ornamental en Chile, luego de nuevos antecedentes sobre el complejo escenario que enfrenta esta piedra semipreciosa, declarada oficialmente como piedra nacional en 1984 por el Ministerio de Minería.
El caso fue abordado por La Tercera, que detalló episodios asociados a robos, faenas clandestinas y riesgos operacionales en la cordillera de Monte Patria, Región de Coquimbo, donde se ubica el yacimiento Flor de los Andes, reconocido como la principal fuente chilena de este mineral ornamental.
Un mineral escaso con alto valor patrimonial
El lapislázuli chileno no es un commodity masivo como el cobre, el litio o el hierro, pero sí forma parte de un circuito económico de nicho vinculado a la artesanía, joyería, turismo, exportación de piezas ornamentales y patrimonio geológico.
De acuerdo con antecedentes publicados por la Universidad de Chile en el libro La riqueza mineral de Chile, el país cuenta con el yacimiento Flor de los Andes, ubicado en la cordillera de Ovalle, Región de Coquimbo. La misma publicación destaca que Chile y Afganistán figuran entre los países con explotación conocida de lapislázuli, lo que refuerza el carácter limitado y estratégico de esta piedra en el mercado internacional.
El problema es que esa condición de escasez también eleva el atractivo económico de la extracción ilegal, especialmente en zonas de difícil acceso, donde el control territorial, la fiscalización y la trazabilidad del mineral se vuelven más complejos.
Robos, explosivos y faenas clandestinas
Uno de los antecedentes más relevantes reportados por La Tercera corresponde a un procedimiento ocurrido en enero de 2018, cuando personal del Retén de Carabineros de Tulahuén detuvo a dos personas que descendían desde el sector cordillerano con un cargamento de lapislázuli avaluado en cerca de $2 millones, además de explosivos y herramientas.
El operativo también fue informado en su momento por Carabineros de Chile, que señaló la detención de dos sujetos por robo de piedra lapislázuli en Monte Patria. El uso de explosivos es uno de los elementos más sensibles del caso, porque transforma un ilícito patrimonial en un riesgo directo para la seguridad minera, las comunidades rurales y el entorno cordillerano.
La situación no es aislada. En 2014, según el mismo reporte periodístico, dos pastores fueron encontrados muertos en la cordillera de Monte Patria con señales compatibles con una explosión. Un peritaje posterior de la PDI habría determinado la presencia de esquirlas de lapislázuli incrustadas en sus cuerpos.
Ese antecedente muestra que la extracción clandestina no solo afecta la propiedad minera o la cadena comercial: también puede derivar en accidentes fatales en zonas sin control técnico ni condiciones mínimas de seguridad.
La zona crítica: Monte Patria y la cordillera del Limarí
El foco territorial está en Monte Patria, comuna de la Provincia del Limarí, una zona cordillerana donde la geografía opera como una barrera natural para la fiscalización. La altura, los caminos de difícil acceso y la dispersión territorial facilitan incursiones clandestinas, especialmente cuando existen compradores informales dispuestos a absorber material sin origen acreditado.
A diferencia de la gran minería, donde los controles productivos, ambientales y de seguridad están altamente normados, la minería ornamental enfrenta una tensión distinta: bajo volumen, alto valor unitario y mayor exposición a circuitos informales.
En este tipo de actividad, la trazabilidad es clave. Si el mineral extraído ilegalmente logra entrar a talleres, ferias, tiendas turísticas o canales de exportación sin certificación de origen, se genera una competencia desleal contra productores formales y artesanos que operan con materia prima regular.
Qué exige la minería formal
La explotación legal de recursos minerales en Chile requiere cumplir condiciones de propiedad minera, permisos y estándares de seguridad. El Servicio Nacional de Geología y Minería mantiene trámites asociados a propiedad minera, seguridad minera y operación de faenas, elementos que buscan reducir riesgos técnicos y ordenar la actividad extractiva.
En el caso del lapislázuli, el desafío no está solo en la titularidad del yacimiento, sino en impedir que material extraído irregularmente sea comercializado como si proviniera de una cadena formal.
Sin trazabilidad, el mercado pierde capacidad de distinguir entre lapislázuli legal, material robado y piezas importadas o mezcladas con piedras de otro origen.
Esa falta de claridad golpea especialmente a los artesanos de la Región de Coquimbo y de otros centros turísticos del país, que dependen de una oferta estable y confiable para fabricar joyas, esculturas, objetos decorativos y piezas de mayor valor agregado.
Datos clave
Mineral: lapislázuli.
Categoría: piedra semipreciosa y ornamental.
Reconocimiento oficial: piedra nacional de Chile desde 1984, según el Decreto 62 del Ministerio de Minería.
Zona asociada: cordillera de Ovalle y Monte Patria, Región de Coquimbo.
Yacimiento relevante: Flor de los Andes.
Problema principal: extracción ilegal, robo de mineral, uso de explosivos y baja trazabilidad comercial.
Antecedente policial: detención de dos personas en 2018 con lapislázuli avaluado en cerca de $2 millones, explosivos y herramientas, según reportes de prensa y Carabineros.
Impacto para la industria y el comercio local
Aunque el lapislázuli no mueve las cifras de exportación de la minería metálica, su deterioro como cadena formal tiene un impacto económico y reputacional. Para la Región de Coquimbo, esta piedra forma parte de una identidad productiva vinculada al turismo, la artesanía y la minería de pequeña escala.
La extracción ilegal afecta ese ecosistema en tres frentes. Primero, reduce el incentivo a operar formalmente, porque el material clandestino puede competir con menores costos. Segundo, aumenta los riesgos de accidentes por uso no autorizado de explosivos o intervención de zonas sin planificación minera. Tercero, debilita el valor patrimonial de una piedra que Chile declaró nacional precisamente para elevar su prestigio y reconocimiento.
La discusión también se cruza con un tema más amplio de la minería chilena: la necesidad de fortalecer la trazabilidad de minerales de bajo volumen, pero alto valor simbólico o comercial. En cobre, litio u oro, los controles se apoyan en producción industrial, aduanas, contratos y reportabilidad. En piedras ornamentales, la cadena puede fragmentarse rápidamente entre extracción, transporte, intermediarios, talleres y venta minorista.
El desafío que queda para la trazabilidad
El caso del lapislázuli muestra una zona gris que la industria no puede mirar como un problema menor. Cuando una piedra nacional se extrae fuera del marco legal, el daño no se limita al dueño de una concesión: compromete seguridad, patrimonio geológico, comercio local y confianza del comprador final.
Lo que viene será observar si las autoridades mineras, policiales y regionales avanzan hacia controles más efectivos sobre origen, transporte y comercialización del mineral. Para la minería chilena, el caso deja una señal clara: incluso en segmentos pequeños, la formalización y la trazabilidad son condiciones básicas para sostener valor económico, legitimidad territorial y seguridad operacional.
