Llurimagua es un proyecto minero de cobre operado de forma conjunta, a través de una alianza estratégica, entre las empresas estatales de Ecuador y Chile: la Empresa Nacional de Minería (Enami) y la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), respectivamente.
Está ubicado en la provincia de Imbabura, unos 80 kilómetros al noroeste de Quito y cuenta con alrededor de 4.800 hectáreas de superficie, de las cuales se proyecta una producción de 210.000 toneladas anuales del metal rojo durante 27 años.
Es un territorio rico en biodiversidad, cuenta con al menos 58 especies endémicas de animales en peligro de extinción y, desde la década de los ‘90, los habitantes locales y comunidades indígenas han defendido la zona ante la intervención de multinacionales mineras.
Acuerdos no cumplidos
El primer acuerdo entre ambos países sobre el yacimiento se remonta a 2008, cuando a través de Codelco y Enami pactaron un convenio marco para la extracción mineral en varias áreas del país al norte de Sudamérica.
Luego de varios años, recién en 2014 se aprobaron los permisos para empezar las labores de exploraciones en el territorio. Esto supuso la realización de un estudio de impacto ambiental que fue aceptado por el Ministerio de Ambiente de Ecuador. Una vez finalizado este periodo de búsqueda, ambas empresas generarían una sociedad donde el 51% de la participación fuera para el país local y el 49% restante para la chilena.
La exploración culminó en 2018 y, al año siguiente, las partes pactaron los términos para la creación de esta sociedad Enami-Codelco. Sin embargo, meses después la firma ecuatoriana aún no había firmado el acuerdo.
Un giro en la historia ocurrió cuando en agosto de 2020 Enami anunció la venta del 51% que le correspondía (transacción que nunca sucedió). Codelco, por su parte, respondió enviando una carta a la Procuraduría General del Estado de Ecuador para iniciar conversaciones amistosas, debido a que Enami no estaba cumpliendo con su parte para formar la sociedad.
La empresa chilena de minería decide en diciembre de 2021 recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) tras un año de conversaciones amistosas y confidenciales que no resolvieron las diferencias.
En enero de 2022 inicia el arbitraje y en junio -tras prorrogar esta mediación dos veces- ambas partes retomaron el diálogo.
En total, en cuatro oportunidades se suspendió el arbitraje del Ciadi, siendo la última en enero de este año.
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Fallo retroactivo
Ahora, en el impasse más reciente, la Corte de Imbabura ordenó la suspensión de las actividades mineras, alegando que la licencia ambiental otorgada en 2014 no cumple con los estándares definidos por la Corte Constitucional.
Codelco, por su parte, rechazó el dictamen y señaló en un comunicado que “considera preocupante que la sentencia determine, expresamente, la aplicación de una norma de manera retroactiva».
También señaló que los parámetros de una consulta ambiental fueron exigidos en Ecuador a partir de un fallo de la Corte Constitucional del país en el año 2021 y que la decisión contraviene el concepto de seguridad jurídica indispensable para la ejecución de proyectos.
En el caso de Llurimagua representan importantes capitales para su desarrollo técnico y social. A su vez, requieren de un largo lapso para registrar el retorno de la inversión.
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Fuente: Diario Financiero
Foto: Referencial/Diario Financiero
