
Minería chilena entra a 2026 con una agenda clara: destrabar inversión, asegurar agua y energía, elevar productividad y cumplir estándares ambientales y de seguridad cada vez más exigentes. El punto de fondo es simple: Chile tiene proyectos y demanda global, pero la ejecución depende de permisos, infraestructura y capacidad operacional.
1) Destrabar inversión con una hoja de ruta ejecutable
El país tiene una cartera relevante de proyectos, pero convertirla en producción requiere secuencias realistas: ingeniería, permisos, construcción, energía, agua, logística y capital humano. Como referencia de magnitud, la cartera 2024-2033 considera 51 proyectos por US$ 83.181 millones según la cartera de proyectos de inversión minera 2024-2033 de Cochilco.
En la práctica, priorizar no es “hacer más”, sino definir qué destraba:
Te puede interesar
ENAMI ajusta su estructura: salida de 2 altos ejecutivos abre nueva etapa en la estatal minera
Dólar en Chile cae $5 y cierra en $900: el nivel que mirará el mercado tras el feriado
Infraestructura crítica (líneas, subestaciones, impulsiones, puertos).
Capacidad de contratistas y equipos (ciclos de entrega y repuestos).
Permisos con ruta y responsables (internos y externos).
Plan de productividad (toneladas, recuperación, disponibilidad, costos).
2) Permisos y certeza regulatoria como condición de competitividad
La llamada “permisología” dejó de ser una consigna y pasó a ser variable operacional. El foco no es bajar estándares, sino reducir incertidumbre y reprocesos. En ese marco, conviene monitorear iniciativas y ajustes que reordenan tipologías y umbrales de ingreso ambiental, además de sus impactos en cronogramas. En Chile ya se discuten cambios amplios para agilizar y ordenar la tramitación, como el proyecto que busca simplificar 380 permisos sectoriales.
A nivel ambiental, también importan las modificaciones que ajustan criterios y umbrales. Para el sector minero, la lectura fina está en excepciones, definiciones y exigencias que pueden cambiar el diseño de proyectos desde su etapa temprana. Una referencia directa es la publicación del SEA sobre los cambios al reglamento del SEIA incorporados por el DS 17/2025.
3) Agua: continuidad operacional y licencia social
El estrés hídrico en el norte obliga a asegurar suministro sin competir con agua continental. La desalinización dejó de ser “alternativa” y pasó a ser estándar en nuevos desarrollos. Chile ya contabiliza 24 plantas desaladoras a gran escala, con la minería como principal usuario y proyecciones de expansión, de acuerdo con el reporte sobre uso de desalinización con 24 plantas y duplicación de capacidad.
Prioridades operativas inmediatas:
Contratos de suministro y respaldo (energía, químicos, mantención).
Gestión de salmueras y monitoreo ambiental desde diseño.
Trazabilidad del agua por faena y por proceso (con metas auditables).
4) Energía y descarbonización con impacto en costos
El desafío ya no es solo “comprar renovables”, sino electrificar procesos intensivos en diésel y estabilizar costos energéticos. Los pilotos y despliegues de electrificación en camiones apuntan a recortes relevantes de emisiones y consumo. Un caso concreto es el piloto informado en electrificación de camiones para reducir hasta 70% las emisiones.
Líneas de trabajo que hoy pesan en el CAPEX/OPEX:
Trolley assist y carga en ruta (diseño de rampas, potencia instalada, seguridad).
Ventilación y electrificación en subterránea (consumo y confiabilidad).
Gestión de demanda y contratos (PPAs, flexibilidad, almacenamiento).
5) Relaves: seguridad, monitoreo y reutilización con estándar alto
Relaves y depósitos son un asunto técnico y reputacional. La prioridad es doble: gestión segura y transparencia, más la apertura a usos secundarios cuando exista base técnica y regulatoria. Para seguimiento y visibilidad sectorial, se actualizó la Plataforma de Relaves a 2025, que ayuda a ordenar información y comparabilidad.
Puntos que deberían estar en el “mínimo” de cualquier operación:
Instrumentación y monitoreo continuo (con umbrales de acción y respuesta).
Gobernanza de riesgo (roles, auditorías, simulacros y capacitación).
Planes de cierre y estabilidad de largo plazo integrados al diseño.
6) Productividad: más metal con la misma infraestructura
Con leyes más bajas y mayores exigencias, la competitividad se juega en productividad real: disponibilidad de equipos, recuperación metalúrgica, control de variabilidad y confiabilidad de plantas. La prioridad es estandarizar decisiones con datos y disciplina operacional, no con medidas aisladas.
Acciones típicas que mueven la aguja:
Mantenimiento basado en condición (priorizando equipos críticos).
Control avanzado de procesos (con metas por turno y por área).
Optimización mina-planta (mezclas, granulometría, estabilidad).
7) Capital humano y proveedores: ejecución, seguridad y especialización
La inversión no se materializa sin personas y proveedores con capacidades específicas: automatización, alta tensión, agua de mar, ciberseguridad industrial, geotecnia, mantenimiento predictivo. La prioridad es asegurar dotaciones y competencias antes de la construcción y puesta en marcha, especialmente en distritos con múltiples proyectos simultáneos.
Ejes de implementación recomendables:
Programas de formación por brechas operacionales (no genéricos).
Contratos de largo plazo para servicios críticos (repuestos y soporte).
Estandarización de prácticas de seguridad y control de fatalidades.
Indicadores mínimos para medir avance (sin interpretaciones)
Días efectivos de tramitación y tasa de reingresos por permiso.
% de agua no continental en el total consumido por faena.
Intensidad energética (kWh/ton) e intensidad de emisiones (tCO₂e/ton).
Disponibilidad de equipos críticos y cumplimiento de plan de mantención.
Cumplimiento de monitoreo de relaves y tiempos de respuesta ante alertas.
Recuperación metalúrgica y variabilidad por mineral y por campaña.
Rotación, ausentismo y avance de certificaciones críticas de seguridad.






