Un debate global marcado por la incertidumbre jurídica
La posibilidad de iniciar la minería en el lecho marino profundo vuelve a quedar en suspenso. Expertos en derecho internacional advierten que la Autoridad Internacional de los Fondos Oceánicos (International Seabed Authority, ISA), organismo creado bajo el alero de las Naciones Unidas, no puede autorizar legalmente la explotación minera sin antes aprobar normas claras de reparto de beneficios. Se trata de una exigencia central de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), aún no resuelta pese a la presión creciente por acceder a minerales críticos.
El principio del “patrimonio común de la humanidad”
La UNCLOS define el lecho marino fuera de las jurisdicciones nacionales como patrimonio común de la humanidad, lo que obliga a que cualquier beneficio económico derivado de su explotación sea compartido de forma equitativa. Sin embargo, mientras las regulaciones técnicas para la explotación avanzan lentamente, las reglas de distribución de beneficios permanecen en una etapa embrionaria, generando un bloqueo legal que impide dar luz verde a proyectos comerciales.
Juristas especializados sostienen que aprobar normas de explotación sin un marco previo de reparto contravendría el tratado internacional, ya que los Estados no podrían evaluar si la minería submarina efectivamente sirve al interés de la humanidad en su conjunto.
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Presión geopolítica y resistencias ambientales
El debate se intensificó desde que el Estado insular de Nauru activó en 2021 la llamada “regla de los dos años”, buscando acelerar la adopción de normas. A ello se suma el interés de potencias industriales por asegurar el suministro de cobre, níquel, manganeso y otros metales clave para la transición energética.
No obstante, alrededor de 40 países respaldan hoy una moratoria sobre la minería en aguas profundas, citando incertidumbre ambiental y déficits de gobernanza. Estudios científicos recientes muestran descensos significativos en la biodiversidad del fondo marino tras perturbaciones experimentales, reforzando los llamados a la cautela. Incluso países que habían impulsado esta actividad, como Noruega, han optado por frenar sus planes.
El escollo del reparto de beneficios
Un elemento crítico es que la potestad para definir el reparto de beneficios recae en la Asamblea de la ISA, no en su Consejo. Además, estas reglas no pueden aplicarse de manera provisional, a diferencia de otros reglamentos. Las discusiones actuales apuntan a la creación de un “Fondo de Patrimonio Común”, destinado a investigación y fortalecimiento de capacidades, propuesta que enfrenta resistencia de países africanos, que exigen beneficios tangibles y directos.
Sin reglas de reparto de beneficios, la minería del lecho marino carece de mandato legal. Mientras ese vacío persista, la explotación comercial seguirá estancada, por más avanzadas que estén las tecnologías y las regulaciones técnicas.
