Fuerza Especial Conjunta (FEC) se consolida como uno de los principales instrumentos del Estado peruano para enfrentar la minería ilegal, el narcotráfico y otras amenazas complejas en zonas críticas del país. Así lo reafirmó el ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, durante una reciente supervisión de capacidades operativas, donde destacó el rol estratégico de esta unidad en el control territorial y la seguridad nacional. La iniciativa se enmarca en una estrategia sostenida para combatir economías ilícitas que impactan directamente en la estabilidad de regiones con alta actividad extractiva, un fenómeno que también ha generado preocupación en otros países de la región, como se analiza en el caso del robo de cobre en Chile.
Unidad integrada para enfrentar amenazas complejas
La FEC opera bajo el alero del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y está compuesta por efectivos del Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Su carácter multidisciplinario le permite desplegar operaciones coordinadas en escenarios de alta complejidad, donde convergen distintos tipos de delitos.
Entre sus principales capacidades destacan:
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Integración de inteligencia militar y policial.
Movilidad aérea para despliegues rápidos.
Intervenciones en zonas de difícil acceso.
Coordinación interinstitucional en tiempo real.
Este modelo operativo busca responder de manera eficiente a dinámicas delictivas cada vez más sofisticadas, especialmente en territorios donde la minería ilegal se ha consolidado como una actividad de alto impacto ambiental, social y económico.
Minería ilegal como amenaza estratégica
El Gobierno peruano ha identificado la minería ilegal como una de las principales amenazas a la seguridad nacional, no solo por su impacto ambiental, sino también por su vínculo con otras economías ilícitas. En este contexto, la FEC cumple un rol clave en la intervención de zonas donde estas actividades operan con altos niveles de organización.
El fortalecimiento de esta unidad responde a la necesidad de recuperar control territorial y proteger a las comunidades afectadas, en línea con políticas más amplias orientadas a ordenar la actividad minera y reducir brechas de fiscalización. Este desafío también se vincula con la importancia de fortalecer ecosistemas formales y sostenibles, como los impulsados por programas de desarrollo productivo y emprendimiento en regiones mineras, entre ellos AntofaEmprende 2026.
Supervisión y reconocimiento a capacidades operativas
Durante la jornada de supervisión, el ministro de Defensa destacó el nivel de preparación de los equipos operativos, subrayando su capacidad para actuar con rapidez y precisión frente a escenarios complejos. Asimismo, reconoció los resultados obtenidos en operaciones especiales, valorando el trabajo coordinado entre las distintas instituciones que integran la FEC.
En la actividad también participaron autoridades del sistema de defensa y del aparato de inteligencia militar, reforzando el carácter estratégico de esta unidad dentro de la arquitectura de seguridad del Estado.
Control territorial y proyección de la estrategia
El fortalecimiento de la FEC forma parte de una política de largo plazo orientada a consolidar la presencia del Estado en zonas de alta sensibilidad. La combinación de capacidades militares, policiales y de inteligencia busca generar condiciones más seguras para el desarrollo de actividades económicas formales, incluyendo la minería regulada.
En un contexto regional donde la presión por recursos naturales convive con riesgos asociados a economías ilícitas, iniciativas como esta reflejan la necesidad de abordar la seguridad como un componente integral del desarrollo productivo.
