Quebrada Blanca vuelve al centro del debate minero tras el pronunciamiento de la Contraloría General de la República, que validó la compra del 10% de la propiedad del yacimiento por parte de Codelco a ENAMI, descartando irregularidades y eventuales daños patrimoniales. El dictamen pone fin a una controversia que se extendía desde 2024 y que involucró cuestionamientos desde el ámbito gremial y político. En un contexto donde las operaciones entre empresas estatales son observadas bajo altos estándares de probidad y transparencia, la resolución del organismo contralor reafirma la legalidad de una transacción clave para la configuración de activos estratégicos en la minería del cobre. La revisión abordó aspectos jurídicos, financieros y administrativos, concluyendo que la operación se ajustó plenamente a derecho y se realizó bajo condiciones de mercado, sin afectar el patrimonio público.
Operación entre estatales se ajustó a derecho
El análisis de Contraloría determinó que la compraventa se realizó conforme al marco legal vigente, validando el mecanismo de trato directo utilizado en la transacción. Este punto fue clave, ya que el pacto de accionistas de la propiedad habilitaba a ENAMI a vender su participación directamente a otra empresa estatal, condición que cumplía Codelco como única entidad con esa facultad.
Este tipo de operaciones, donde participan empresas públicas, suele estar sujeto a un alto escrutinio, especialmente en un escenario donde la industria enfrenta desafíos regulatorios crecientes, similares a los abordados en el debate sobre permisos críticos en minería, donde la certeza jurídica es un factor determinante para la inversión.
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Sin perjuicio patrimonial para ENAMI
Uno de los cuestionamientos centrales apuntaba a un eventual daño económico para ENAMI. Sin embargo, el organismo concluyó que la operación se realizó a valor de mercado y que no generó perjuicio patrimonial, manteniéndose los activos dentro del ámbito estatal.
Este análisis se ve respaldado por los resultados financieros reportados por la empresa, donde se indicó que la venta del 10% de Quebrada Blanca generó una ganancia de US$181 millones. Este resultado no solo descarta un impacto negativo, sino que refuerza la posición financiera de la estatal en el corto plazo.
La relevancia de este tipo de decisiones también se observa en procesos de ajuste estratégico dentro de la industria, como en la modernización de la fundición Paipote, donde el uso eficiente de recursos es clave para la sostenibilidad.
Probidad administrativa y ausencia de conflictos de interés
En materia de probidad, la Contraloría descartó la existencia de conflictos de interés en la toma de decisión. El informe destacó que se aplicaron medidas de resguardo, incluyendo la inhabilitación voluntaria de una directora de ENAMI antes de la votación, lo que refuerza el cumplimiento de estándares éticos en el proceso.
Asimismo, el organismo aclaró que no existía obligación de realizar publicaciones previas del proceso de adquisición, dado el régimen especial que rige a ambas empresas. Tampoco se requerían evaluaciones de entidades como Cochilco o el Ministerio de Desarrollo Social, al tratarse de una operación financiera y no de un proyecto de inversión.
Cierre de una controversia iniciada en 2024
El dictamen pone fin a una disputa iniciada en septiembre de 2024, cuando la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) solicitó revisar la legalidad de la operación. En ese momento, el gremio expresó preocupación por la eventual enajenación de activos estratégicos de ENAMI y sus efectos en el largo plazo.
Con la resolución, el debate jurídico queda zanjado, aunque persisten discusiones sobre el rol de las empresas estatales en la industria, un tema que también ha estado presente en casos complejos como la gestión de faenas en el Salar de Surire, donde confluyen factores regulatorios, ambientales y productivos.
Codelco fortalece su presencia en activo estratégico
Desde una perspectiva estratégica, la validación de la compra consolida la posición de Codelco en Quebrada Blanca, uno de los proyectos cupríferos de mayor proyección en el norte de Chile. La operación le permite reforzar su presencia en un activo relevante dentro del mapa productivo nacional, en un contexto donde la competencia por recursos y eficiencia operativa es cada vez más intensa.
Este movimiento se enmarca en una estrategia más amplia de fortalecimiento de activos, donde la gestión eficiente y la toma de decisiones informadas son claves para enfrentar los desafíos de la industria, incluyendo variables como el consumo energético en la minería y la necesidad de avanzar hacia operaciones más sostenibles.
