La reforma al sistema de patentes mineras impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast avanzó a su tercer trámite constitucional, luego de que el Senado aprobara la iniciativa el 7 de octubre de 2026, con 37 votos a favor y uno en contra. El proyecto propone simplificar el régimen de amparo minero, reducir exigencias administrativas y eliminar el aumento progresivo que afecta a las concesiones de explotación sin actividad acreditada.
La propuesta ha generado posiciones contrapuestas. Mientras el Ejecutivo sostiene que el esquema vigente perjudica a pequeños y medianos productores y dificulta la continuidad de sus proyectos, sectores críticos advierten que establecer un cobro fijo podría reducir los incentivos para desarrollar, transferir o liberar concesiones mineras que permanecen inactivas.
Tarifa fija reemplazaría el cobro progresivo
Uno de los principales cambios establece una patente general de 0,4 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por hectárea, eliminando la escala de incrementos asociada a los años de permanencia de las concesiones sin actividad acreditada.
Paralelamente, la iniciativa mantiene una patente rebajada de 0,1 UTM por hectárea para quienes cumplan las condiciones establecidas, ampliando las posibilidades de acceder a este beneficio mediante la acreditación de distintas etapas de desarrollo de proyectos mineros.
El sistema progresivo vigente contempla aumentos que comienzan en 0,4 UTM por hectárea y pueden llegar a 12 UTM después de 30 años, dependiendo del tiempo transcurrido sin acreditar las actividades exigidas.
Este mecanismo fue diseñado para desincentivar la retención prolongada de concesiones improductivas. Su eliminación constituye uno de los aspectos más discutidos de la reforma, debido a sus posibles efectos sobre la disponibilidad de terrenos para nuevos proyectos de exploración y explotación.
Pequeña minería y concentración de concesiones
El Gobierno argumenta que el aumento de costos y las dificultades para cumplir los requisitos administrativos afectan especialmente a productores con menor capacidad financiera.
En este contexto, el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, ha defendido la necesidad de establecer reglas más simples y otorgar mayor certeza jurídica a los titulares de concesiones.
La reforma también amplía la superficie cubierta por el régimen especial de patentes para pequeños mineros, de 100 a 150 hectáreas, mientras que para la minería artesanal el límite aumenta de 50 a 100 hectáreas. Asimismo, elimina la obligación de acreditar servidumbres para acceder a ese régimen.
El texto aprobado por el Senado conserva además un mecanismo para concesionarios que posean hasta 500 hectáreas, permitiéndoles mantener la patente de 0,1 UTM por hectárea bajo determinadas condiciones. La acreditación de los requisitos podrá generar una presunción de cumplimiento por cinco años.
Sin embargo, el debate sobre las concesiones sin actividad continúa. El exministro de Hacienda Ignacio Briones ha cuestionado la eliminación de la progresividad, al considerar que debilita los incentivos para poner en producción propiedades mineras o facilitar su transferencia a otros interesados.
En una línea similar, el exministro Álvaro García ha expresado preocupación por los efectos que una tarifa fija podría tener sobre la disponibilidad de concesiones para nuevos proyectos.
Proyecto regresa a la Cámara de Diputados
Durante la discusión legislativa, el senador Luciano Cruz-Coke fundamentó su voto en contra al considerar que la reforma debilita la progresividad del sistema. En contraste, la mayoría de los parlamentarios respaldó las modificaciones orientadas a simplificar los procedimientos y apoyar a la minería de menor escala.
La iniciativa incorpora también ajustes al procedimiento de remate de concesiones por patentes impagas y contempla postergar hasta el 28 de febrero de 2027 el pago correspondiente al año 2026, junto con aplazar los remates asociados.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto debe regresar a la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se revisarán las modificaciones incorporadas durante el segundo trámite constitucional.
La discusión pendiente definirá el alcance final de una reforma que busca aliviar las cargas sobre los productores mineros, pero que también plantea una cuestión central para el sector: cómo compatibilizar la protección de la pequeña minería con los incentivos para que las concesiones se desarrollen efectivamente.
REDIMIN Responde
¿Qué avance legislativo ha tenido la reforma al sistema de patentes mineras impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast?
La reforma al sistema de patentes mineras avanzó a su tercer trámite constitucional después de que el Senado aprobara la iniciativa el 7 de octubre de 2026, con 37 votos a favor y uno en contra.
¿Qué cambios propone la reforma en el régimen de patentes mineras?
La reforma propone simplificar el régimen de amparo minero, reducir exigencias administrativas y eliminar el aumento progresivo que afecta a las concesiones de explotación sin actividad acreditada. Establece una patente general de 0,4 UTM por hectárea y mantiene una patente rebajada de 0,1 UTM por hectárea bajo ciertas condiciones.
¿Cómo afecta la reforma a la pequeña minería y la minería artesanal en términos de superficie cubierta?
La reforma amplía la superficie cubierta por el régimen especial de patentes para pequeños mineros de 100 a 150 hectáreas, y para la minería artesanal el límite aumenta de 50 a 100 hectáreas. También elimina la obligación de acreditar servidumbres para acceder a ese régimen.
¿Qué críticas se han planteado respecto a la eliminación de la progresividad en las patentes mineras?
Críticos como el exministro de Hacienda Ignacio Briones y el exministro Álvaro García han cuestionado la eliminación de la progresividad, argumentando que debilita los incentivos para poner en producción propiedades mineras o facilitar su transferencia a otros interesados.
¿Qué ajustes adicionales incluye la reforma respecto al procedimiento de remate de concesiones?
La reforma incorpora ajustes al procedimiento de remate de concesiones por patentes impagas y contempla postergar hasta el 28 de febrero de 2027 el pago correspondiente al año 2026, junto con aplazar los remates asociados.
