El Senado se prepara para debatir un nuevo segundo informe sobre el proyecto de ley que establece normas para la transferencia de tecnología y conocimiento. Esta iniciativa busca regular aspectos claves como la transparencia en universidades privadas y el rol del Estado en el patentamiento de invenciones financiadas con recursos públicos.
Proyecto de ley en revisión
La Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación aprobó unánimemente sancionar como infracción gravísima cualquier incumplimiento en transparencia activa por parte de universidades privadas. Esta medida está directamente relacionada con la participación de funcionarios de instituciones educativas en empresas de base científico-tecnológica. Así lo definió la instancia legislativa tras reunirse con el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aldo Valle, y los senadores Juan Antonio Coloma y Francisco Chahuán.
Previamente, la Sala del Senado había solicitado una votación separada para definir las sanciones aplicables en casos de faltas de transparencia en instituciones privadas. Además, se abordó una indicación inadmisible que proponía otorgar al Estado un rol en el patentamiento de tecnologías financiadas total o parcialmente con fondos públicos. Este debate motivó que el proyecto fuera derivado nuevamente a la Comisión para la elaboración de un nuevo segundo informe.
Diferencias normativas y sanciones propuestas
Uno de los puntos destacados del debate fue la aprobación unánime de endurecer las sanciones a universidades privadas que incumplan las normativas de transparencia. Según la senadora Ximena Órdenes, presidenta de la comisión, cualquier incumplimiento injustificado o derivado de conductas deliberadas será considerado una infracción gravísima. Esta medida busca equiparar los estándares de transparencia entre universidades públicas y privadas, sobre los cuales existen hasta ahora diferencias normativas significativas.
Además, se discutió la importancia de garantizar el acceso a la información y el rol de las universidades en la transferencia de conocimientos hacia iniciativas comerciales o industriales. Según los legisladores, este aspecto es clave para fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico en el país, asegurando también un uso adecuado de los recursos públicos invertidos en investigación.
