El Sindicato de Trabajadores de Minera Spence, operación de cobre perteneciente a BHP y ubicada en la comuna de Sierra Gorda, Región de Antofagasta, presentó el viernes 30 de octubre de 2026 sus primeras defensas judiciales frente a la demanda de $8.450 millones interpuesta por la compañía. La organización cuestionó la competencia del tribunal civil que tramita el caso, abriendo una nueva controversia que deberá resolverse antes de avanzar hacia el fondo del conflicto.
La presentación se realizó ante el Primer Juzgado Civil de Antofagasta y constituye un nuevo capítulo de la disputa originada por dos paralizaciones de trabajadores ocurridas entre junio y julio de este año.
La Federación de Sindicatos BHP Chile (Fesin) acompañó la gestión, encabezada por el presidente del Sindicato de Spence, Ronald Salcedo, junto al vicepresidente de la federación, Sebastián Liberona, y el abogado asesor Marko Tapia.
Sindicato sostiene que la demanda debe tramitarse en un tribunal laboral
La principal defensa presentada por el sindicato consiste en una excepción de incompetencia, mediante la cual sostiene que el juzgado civil no debería conocer una controversia relacionada directamente con derechos laborales y sindicales.
El equipo jurídico argumenta que el origen del conflicto está vinculado al ejercicio de la libertad sindical y a movilizaciones desarrolladas por trabajadores organizados.
El abogado Marko Tapia sostuvo que el asunto debe ser conocido por un tribunal laboral, considerando que el conflicto involucra derechos fundamentales asociados a la organización colectiva.
El planteamiento adquiere relevancia porque la legislación chilena establece competencias diferenciadas para los tribunales civiles y laborales.
El artículo 420 del Código del Trabajo contempla, entre las materias sometidas a la justicia laboral, determinadas controversias relacionadas con la aplicación de normas sobre organización sindical y negociación colectiva.
Sin embargo, la competencia en este caso todavía debe ser determinada judicialmente, considerando que la empresa formuló una demanda indemnizatoria basada en responsabilidad civil.
La defensa también cuestionó las facultades de representación invocadas por los abogados de la compañía y distintos aspectos de la formulación y alcance de la acción judicial.
Estas excepciones buscan resolver objeciones procesales antes de que el tribunal examine si corresponde atribuir responsabilidad económica al sindicato.
BHP exige indemnización por paralizaciones de junio y julio
La controversia se originó después de que Minera Spence presentara, a mediados de octubre, una demanda de indemnización de perjuicios por $8.450.685.270 contra la organización sindical.
La compañía atribuye los daños a dos paralizaciones efectuadas el 30 de junio y 1 de julio, y posteriormente el 7 y 8 de julio de 2026.
En su presentación judicial, Spence sostiene que las movilizaciones fueron organizadas fuera de los mecanismos establecidos en el Código del Trabajo, debido a que no existía una negociación colectiva reglada en curso.
La minera también cuestiona la ausencia de una votación y de las comunicaciones que considera exigibles para una huelga legal.
Según la empresa, las interrupciones estuvieron relacionadas con la exigencia de un bono extraordinario de $5 millones por trabajador, beneficio que no formaba parte del contrato colectivo vigente.
El conflicto surgió en un período marcado por las diferencias respecto de las remuneraciones variables y los resultados de producción correspondientes al año fiscal 2026.
Las pérdidas que reclama la compañía
BHP calcula que las paralizaciones provocaron interrupciones de 23 horas en la producción de cátodos y de 26 horas en la elaboración de concentrados.
A partir de esos antecedentes, estima una producción no realizada de 567 toneladas de cobre fino y dos toneladas de molibdeno, con una valorización aproximada de US$8,58 millones.
La indemnización solicitada corresponde al lucro cesante que la compañía atribuye a las movilizaciones. El monto representa una reclamación económica que deberá acreditarse durante el juicio y no una pérdida judicialmente establecida.
Spence también informó que debió activar medidas de contingencia que involucraron gastos adicionales, aunque esos desembolsos no forman parte de la indemnización actualmente reclamada.
La acción judicial está dirigida contra el sindicato como organización y no contra cada uno de sus afiliados individualmente.
Federación sindical rechaza acusaciones de la minera
La Federación de Sindicatos BHP Chile cuestionó la decisión de la compañía de recurrir a la justicia civil y defendió las movilizaciones realizadas por los trabajadores.
La organización sostiene que las medidas estuvieron relacionadas con preocupaciones sobre seguridad y salud laboral, además de diferencias acumuladas durante las conversaciones con la administración.
Esta interpretación contrasta con la demanda de Spence, que atribuye las paralizaciones principalmente a exigencias económicas.
La federación también calificó la ofensiva judicial de BHP como una práctica de persecución sindical. Se trata de una acusación formulada por los representantes de los trabajadores, no de una conducta acreditada judicialmente.
Por su parte, la compañía ha defendido su decisión de acudir a tribunales y sostiene que las movilizaciones se realizaron fuera del marco legal aplicable.
El sindicato mantiene que las acciones colectivas respondieron a circunstancias que justificaban la movilización y que su legitimidad debe examinarse considerando los derechos de los trabajadores.
Qué ocurrirá ahora con la demanda de $8.450 millones
El próximo paso será el pronunciamiento del Primer Juzgado Civil de Antofagasta sobre las excepciones procesales planteadas por la defensa sindical.
Si el tribunal acoge la objeción de incompetencia, la controversia deberá continuar por la vía judicial que corresponda conforme a la resolución. Si la rechaza, quedará abierto el camino para que el procedimiento avance hacia otras etapas.
En cualquier escenario, la presentación del sindicato no significa que la demanda haya sido anulada ni que se haya descartado la indemnización solicitada.
La discusión sobre el fondo del caso exigirá determinar si las paralizaciones constituyeron conductas contrarias a derecho, si provocaron los perjuicios económicos alegados y si existe fundamento jurídico para atribuir responsabilidad patrimonial a la organización sindical.
El litigio también plantea una cuestión relevante para las relaciones laborales de la minería chilena: hasta dónde puede extenderse la responsabilidad económica de un sindicato por las consecuencias de una paralización y qué protección corresponde otorgar al ejercicio de derechos colectivos.
REDIMIN Responde
¿Qué demanda enfrenta el Sindicato de Trabajadores de Minera Spence?
El Sindicato de Trabajadores de Minera Spence enfrenta una demanda de $8.450 millones interpuesta por BHP, relacionada con dos paralizaciones de trabajadores ocurridas entre junio y julio de 2026.
¿Cuál es la principal defensa del sindicato en el caso judicial?
La principal defensa del sindicato es una excepción de incompetencia, argumentando que el conflicto debe ser conocido por un tribunal laboral, ya que involucra derechos laborales y sindicales, no por un tribunal civil.
¿Qué daños alega BHP que causaron las paralizaciones?
BHP alega que las paralizaciones causaron interrupciones de 23 horas en la producción de cátodos y de 26 horas en la elaboración de concentrados, resultando en una producción no realizada de 567 toneladas de cobre fino y dos toneladas de molibdeno, con una valorización aproximada de US$8,58 millones.
¿Qué argumenta la Federación de Sindicatos BHP Chile respecto a las movilizaciones?
La Federación de Sindicatos BHP Chile sostiene que las movilizaciones estuvieron relacionadas con preocupaciones sobre seguridad y salud laboral, además de diferencias acumuladas durante las conversaciones con la administración, y calificó la demanda de BHP como una práctica de persecución sindical.
¿Cuál será el próximo paso en el proceso judicial?
El próximo paso será el pronunciamiento del Primer Juzgado Civil de Antofagasta sobre las excepciones procesales planteadas por la defensa sindical. Dependiendo de la decisión, la controversia podría continuar en un tribunal laboral o avanzar en el tribunal civil.
